Los escándalos de corrupción bajan a Lula da Silva del pedestal en Brasil
SÃO PAULO—Los brasileños están viendo a Luiz Inácio Lula da Silva hacer hoy algo que rara vez hizo como presidente entre 2003 y comienzos de 2011: reconocer errores.
El ex dirigente sindical, de 70 años, que sigue siendo la figura política más conocida y carismática de Brasil, lucha para preservar su legado, frustrar un proceso de impugnación contra la presidenta Dilma Rousseff —la heredera que eligió a dedo—, infundir nuevos bríos al Partido de los Trabajadores (PT) y no ir a la cárcel.
Lula da Silva es investigado por supuestamente abusar de su influencia para ayudar a la constructora brasileña Odebrecht SA a obtener contratos en el extranjero, una acusación que tanto él como la compañía niegan.
Su mayor preocupación, sin embargo, puede ser otro escándalo de corrupción, el que afecta a la empresa de control estatal Petróleo Brasileiro SA, o Petrobras. La extensa pesquisa ha enredado a varios de los amigos cercanos de Lula y aliados del PT, lo que ha llevado la investigación penal cada vez más cerca del ex mandatario y también ha manchado el gobierno de Rousseff.
Ni la presidenta, ni Lula da Silva han sido implicados en la investigación llamada Operación Lava Autos, y ambos niegan haber cometido irregularidad alguna. Pero la investigación ha perjudicado la credibilidad del ex presidente y socavado la imagen del PT como la autoridad moral de la política brasileña.
"Ha quedado envuelto en toda esta corrupción y simplemente se ha convertido en parte del sistema que solía criticar", dijo Anthony Pereira, profesor y director del Instituto Brasil del King’s College de Londres.
Lula da Silva, quien declinó hacer comentarios para este artículo, parece reconocer que la opinión pública se ha vuelto en contra suya y del PT. A pesar de que sus problemas personales se han acumulado y sus índices de popularidad han caído, ha intensificado sus apariciones públicas con el fin de reconectarse con los votantes y tratar de atenuar el impacto sobre Rousseff.
"La presidenta Dilma es una gerente y no una política, por lo que su sostén político depende mucho de Lula", dijo Paulo Pimenta, un influyente congresista del PT.
Lula está lejos de haber quedado en la irrelevancia, e incluso considera la posibilidad de volver a postularse a la presidencia en 2018. En estos días, no obstante, su actitud es más contrita que presuntuosa. Muchos brasileños culpan al PT por el mal manejo de la buena fortuna de Brasil y por llevar al país a su recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años 30. Más de la mitad de los brasileños encuestados en octubre dijo que nunca votaría por Lula da Silva, un marcado revés para un presidente que finalizó su mandato con un índice de aprobación récord de 83%.
"Cometimos errores", dijo Lula recientemente en una entrevista en el canal de televisión Globo News, en referencia a algunas de las estrategias económicas del PT.
Los dirigentes del partido de gobierno también han sido señalados en el esquema de sobornos en Petrobras, que floreció durante los mandatos del PT. Los fiscales dicen que por lo menos durante una década, ejecutivos y proveedores de la petrolera conspiraron con políticos para quedarse con dinero de contratos inflados y desviar parte de esos fondos hacia el PT y sus aliados.
La empañada reputación de Lula da Silva ha causado un bochorno público que habría sido impensable en el pasado. Un globo gigante que lo representa vestido con el uniforme a rayas de los presos ha hecho frecuentes apariciones en protestas callejeras. Los manifestantes llevan carteles pidiendo su encarcelamiento. "Sé que hay gente a la que no le caemos bien. Sé que hay desacuerdo", dijo hace unas semanas a una multitud en la empobrecida ciudad costera de Salvador, donde fue abucheado por algunos de los asistentes.
Desde entonces, los problemas que enfrenta Lula da Silva y su partido se han multiplicado.
A finales de noviembre, Delcídio do Amaral, congresista aliado del ex presidente y Rousseff, fue arrestado bajo sospecha de obstrucción a la justicia. Do Amaral y el banquero de inversión André Esteves, de BTG Pactual, son sospechosos de intentar sobornar a un ex ejecutivo de Petrobras para evitar que diera un testimonio políticamente perjudicial. Do Amaral y Esteves han negado haber cometido algún delito.
En noviembre también quedó detenido el ganadero José Carlos Bumlai, un amigo cercano de Lula, acusado de corrupción y lavado de dinero en relación con el escándalo de Petrobras. Bumlai negó haber actuado ilegalmente.
Lula da Silva ha sido golpeado adicionalmente por acusaciones de las autoridades de que uno de sus hijos, Luis Cláudio Lula da Silva, recibió pagos ilegales de una empresa de consultoría en cuyo nombre trató de influir para la obtención de rebajas tributarias para las automotrices brasileñas, tanto durante el gobierno de su padre como en el de Rousseff. Lula da Silva hijo ha negado las acusaciones a través de su abogado.
Muchos brasileños, incluidos los electores que alguna vez apoyaron al PT, expresan una creciente desilusión con el partido y su político más emblemático.
"Deberían mandarlo a la cárcel tan pronto como puedan", dijo Osvaldo de Barros, de 51 años, un taxista de São Pablo, que dijo haber votado dos veces por Lula da Silva.
El ex mandatario aún conserva un sólido apoyo entre los pobres y la clase trabajadora, los principales beneficiarios de su presidencia. Sus programas sociales han recibido amplio crédito por sacar de la pobreza a decenas de millones de brasileños.
Algunos creen que cualquier intento de arrestar a Lula o acusar a Rousseff podría acentuar el creciente malestar social en un país arruinado por la recesión. "Brasil es un barril de pólvora, una olla a presión, y cualquier chispa podría hacerlo explotar", advirtió Guilherme Boulos, líder de MOST, un grupo activista de trabajadores sin techo.
Pereira, del King’s College, tiene una visión menos drástica.
"No creo que el partido esté tan personalizado como para quedar descabezado en el caso de que Lula sea acusado o vaya a la cárcel", observó. "Creo que la estructura de la maquinaria seguirá en marcha".
Por Rogerio Jelmayer y Reed Johnson
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