Los empresarios rechazan la reforma del Ministerio Público
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LA NACION
La decisión del oficialismo de avanzar con una reforma del Ministerio Público Fiscal cosecha el rechazo del sector privado a la iniciativa. El Foro de Convergencia Empresarial, la AmCham, AEA y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) arremetieron contra el Gobierno por la medida que podría desplazar al procurador interino Eduardo Casal.
“El acuciante desafío de disminuir la pobreza requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo”, expresó el comunicado del Foro de Convergencia Empresarial y agregó: “Las modificaciones propuestas en el proyecto de ley debilitan la independencia del Ministerio Público y, por ende, su aprobación tendría un impacto muy desfavorable en cualquier plan que se proponga impulsar para reducir los niveles de pobreza.
Los empresarios que representa el foro consideraron que el proyecto debe rechazarse en su totalidad por las “tantas y severas deficiencias” que tiene, entre las que señaló la modificación de las mayorías para la designación del procurador, las modificaciones en la composición del jurado de enjuiciamiento y las facultades otorgadas a la Comisión Bicameral.
“Consideramos inoportuno, además, promover una reforma que genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad para superar el flagelo de la pandemia”, sostuvo el comunicado.
La ACDE expresó su preocupación en igual sentido y calificó al proyecto de un “grave retroceso institucional” que deja a los ciudadanos a la merced de las mayorías circunstanciales del poder político.
“Vemos con asombro cómo negociaciones entre bloques parlamentarios a espaldas de la sociedad parecen determinar la suerte de un proyecto de ley, que pone en entredicho la vigencia de las garantías de debido proceso y libertades fundantes de nuestra República”, sostuvo el comunicado de ACDE y agregó: “De ser aprobada por los diputados, esta ley debilitará nuestra justicia y nos llevará un escalón más abajo en la difícil tarea de volver a crecer vía la inversión productiva directa. Porque sin las garantías institucionales necesarias, no hay incentivo posible para la inversión, herramienta fundamental para la construcción de un futuro de desarrollo e inclusión”.
Para la ACDE el oficialismo no debería enfocarse en “modificar la justicia para acumular poder político”, sino que tendría que concentrarse en generar trabajo, combatir la inflación y gestionar de “manera eficiente” la emergencia sanitaria.
En un texto titulado “El valor de la independencia del Ministerio Público”, la AmCham aseguró que ve con “extrema preocupación” el avance del Gobierno sobre el organismo y también manifestó que debe ser rechazado en su totalidad.
“Nos cuesta comprender que hoy sea prioridad para nuestros representantes en el congreso, el tratamiento de proyectos de ley que, no sólo están alejados de las necesidades de nuestra sociedad, sino que atentan contra las reglas democráticas básicas y la seguridad jurídica”, dijo el comunicado.
Luego destacaron: “Nuestra sociedad requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo. La reactivación económica del país dependerá en gran medida de la solidez e independencia de dichas instituciones, particularmente, del Poder Judicial”.
Por último AEA, en sintonía con las otras cámaras y asociaciones empresarias, le solicitó a los diputados y senadores que dejen de lado las propuestas de modificación del funcionamiento del Ministerio Público.
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