Coloquio IDEA: los empresarios pidieron sancionar a los sindicatos que tomen empresas y flexibilizar la jornada laboral
Reclamaron una norma para homogeneizar el criterio que permita clarificar la actualización de los juicios; según el Gobierno, la Ley Bases aporta los incentivos para hacer de este mercado algo más sustentable
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MAR DEL PLATA.- En un contexto de baja productividad y estancamiento en la creación de empleo privado registrado desde hace años, los empresarios reclamaron en el °60 Coloquio de IDEA sancionar a los sindicatos que tomen o promuevan bloqueos en empresas, y pidieron modificar la jornada de trabajo. Indicaron además que es importante dar certidumbre sobre la actualización de los juicios laborales y trabajar en la baja de los “sobrecostos” no salariales.
En el primer panel de la segunda jornada del encuentro, llamado “Generar empleo para el desarrollo de la Argentina”, Santiago Nicholson, managing partner de Nicholson y Cano Abogados, y hombre de IDEA, celebró la incorporación en la Ley Bases de la “injuria laboral” para la toma o el bloqueo de establecimientos (empresas), pero dijo que “sería importante sancionar a las entidades sindicales o terceros que lo promuevan”.
Además, instó a modificar la jornada de ocho horas diarias y 48 semanales, por un “promedio de horas, respetando el intervalo de 12 horas entre jornada y jornada”.
Además, luego de pedir más reformas a las llevadas adelante por el Gobierno, dijo que es necesaria “una modernización de los convenios laborales para ayudar a hacer crecer el empleo privado en la Argentina”, y, en un tema que preocupa a los empresarios, propuso impulsar una norma a nivel nacional que “clarifique” la actualización de los créditos en los juicios laborales. El abogado aseguró que esta situación hizo crecer los reclamos de “forma desproporcionada”, lo que, indicó, “puso en riesgo el patrimonio de las pymes fomentando además la litigiosidad”. El managing partner de Nicholson y Cano Abogados pidió también reglamentar el régimen simplificado para pymes y avanzar en el blanqueo laboral.
Lo acompañaban en el panel moderado por la periodista Natalia Donato, el economista jefe de IDEA y socio de Invecq Consulting, Santiago Bulat, y Agustín Bellido, director de IDEA y gerente general de IBM Argentina
Bulat habló de la baja productividad argentina que tiene una economía produciendo la misma cantidad de bienes y servicios con cada vez más masa laboral y más gente demandando empleo. “Hoy solo una de cada cinco personas tiene un empleo privado formal con vacaciones, aguinaldo, salud y contribuciones patronales”, dijo y mencionó que lo que crece es el empleo público y el independiente, principalmente el monotributo. “La masa laboral que ingresa no puede entrar en el segmento formal”, dijo el economista, que dijo que la sobrecarga sobre este tipo de empleos muy alto.
Habló además de intentar encontrar una fórmula de ajuste de capitalización de intereses en los juicios laborales, y mencionó dos principales problemas: no se sabe el criterio o no hay uno único, y aseguró que los montos son excesivos (entre un 45% y 60%). “Hay Exceso y discrecionalidad”, dijo Bulat ante un auditorio repleto.
Bulat dijo que crece la dificultad para encontrar talento: mencionó que bajó el nivel de graduación universitaria en jóvenes de 25 a 34 años. Según Manpower, esta incapacidad entre las compañías en 2013 era de un 30%. Hoy llega a 76%.
Hay que alentar la empleabilidad. Somos curiosos, resilientes y tenemos adaptabilidad. El talento argentino está sumamente valorado. La Argentina es uno de los países con inclusión de tecnología de manera temprana”, dijo Bellido, que también remarcó que el país tiene los sobrecostos laborales no salariales “más altos de la región”.
La mirada del Gobierno
El punto fuerte del panel fue la presencia de Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. “Lo que hay en la Ley Bases da sostenibilidad para generar empleo”, dijo el funcionario. “Están dadas las condiciones”; aseguró.
Habló luego de los juicios laborales, un tema que preocupa a todo el auditorio del °60 Coloquio de IDEA. “La Corte ya se ha expedido sobre ir hacia la nominalidad de los créditos [en la actualización de los juicios]”, agregó Cordero. Remarcó que el Banco Central (BCRA), “desde el Ejecutivo”, dio pasos para “aggionar” la tasa.
“El Poder Judicial, que es independiente, ha marcado un camino desde la Corte. La Cámara está analizando esto. Se quiere salir del esquema de la tasa de interés con una sola capitalización. Hay propuestas legislativas, quizás es una salida, pero todo conduce a que, de manera paulatina, se vaya haca soluciones que den seguridad”, completó el secretario de Trabajo.
“Los juicios duran mucho. No es bueno para el trabajador ni para el empleador, dijo Cordero y habló sobre un exceso de litigiosidad”. Eduardo Lopardo, director general de Arcos Dorados Argentina, le preguntó sobre los sobrecostos laborales no salariales, que están casi 20 puntos de los que tiene Uruguay, Chile o Brasil. El funcionario dijo que el presidente Javier Milei tiene el mandato de bajar la inflación y mantener el equilibrio fiscal. “Sosteniendo esto, todas las propuestas” son bienvenidas a la hora de bajar esos costos indirectos. “Pero hay que hacerlo en un marco de visión general. Tiene que haber un equilibrio fiscal y social”, dijo el secretario, que se mostró interesado en trabajar sobre eso.
“Hay una necesidad imperiosa de crear empleo formal; el 70% [de los informales] están por debajo de la línea de pobreza y sufren una completa desprotección social”, dijo Lopardo. “Sabemos que el empleo privado formal tiene la mayor productividad. Es la que necesita la economía para crecer, para entrar en un proceso de crecimiento sostenido”, agregó y cerró: “Ha habido desincentivos, marcos regulatorios rígidos, altísima litigiosidad laboral. Celebramos la reforma laboral, pero hay lugar para seguir mejorando este marco regulatorio y para trabajar en el altísimo costo laboral no salarial”.
Punto por punto, las propuestas
Luego del panel sobre la situación del mundo del Trabajo, IDEA presentó una serie de propuestas.
Estas son las más importates:
1) Modificación del esquema de actualización de créditos en los juicios laborales: la base de cálculo actual dispone que el crédito se actualice por medio de la aplicación del CER, desde la notificación de la demanda, con más un interés del 6% anual, hasta el pago del juicio. El método de cálculo adoptado originalmente por vía de la capitalización anual, como ahora por vía del CER + 6% de interés anual, arroja resultados erráticos, exorbitantes y criterios disímiles de interpretación que terminan distorsionando el sistema de cálculo, sumiéndolo en la insostenibilidad. Incluso el segundo sistema nombrado, decantó en resultados mayores a los del primero. En este aspecto, la CSJN ya se ha expedido rechazando ambas modalidades en los fallos Oliva y Lacuadra. Sin embargo, al presente, no se ha definido un criterio. Las compañías se encuentran con enormes daños patrimoniales, debiendo pagar montos varias veces superiores que afectan la generación de fuentes de trabajo. En este sentido, proponemos el establecimiento de una tasa de actualización nacional que atienda a la depreciación monetaria, no implique un enriquecimiento injustificado para alguna de las partes, brinde previsibilidad y no ponga en riesgo a las empresas y en particular al resto de sus trabajadores activos.
2) La derogación de la reforma que introdujera la Ley 26.574 al art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo: históricamente, dicho artículo establecía que resultaba nula toda supresión o reducción de derechos del trabajador previstos en las leyes, estatutos o convenios colectivos. Con la reforma introducida en 2009, se incorporó el carácter nulo de toda modificación sobre las condiciones que individualmente el empleador pudiera otorgar al empleado. Esta medida, a 15 años de entrada en vigencia, imposibilita que cuando ambas partes pudieran estar de acuerdo se modifiquen ciertas condiciones, por razones objetivas de la actividad, e incluso con el otorgamiento de otras que pudieran compensar ello. En el escenario actual de cambios tecnológicos, nuevas tareas y categorías en cada actividad se requiere de manera prioritaria la revisión de aquellas condiciones, previstas de manera individual, atendiendo a las necesidades de cada sector como así a las diferencias entre grandes, pequeñas y medianas empresas, permitiendo así una mayor adaptación a los cambios actuales en el mundo del trabajo.
3) Entendemos necesario la revisión del sistema actual de jornada de trabajo, permitiendo una mayor adaptación a los cambios actuales, como así a las demandas o estacionalidad en la producción y servicios. No obstante, el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo habilita que por vía de Convenio Colectivo puedan establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad, lo cierto es que ello depende exclusivamente del acuerdo previo con la entidad sindical. Se hace necesario permitir a las partes, cuando así resulte conveniente para ambas, evaluar opciones que permitan acordar topes de horas en un régimen que no se encuentre delimitado por el máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales, sin perjuicio de respetarse siempre el esquema de 12 de descanso entre jornadas.
4) Será necesario abordar el debate respecto a una mayor actualización de los convenios colectivos de trabajo, dando cuenta de la necesidad de atender a los requerimientos de productividad, a las nuevas condiciones laborales, y a las particularidades de los sectores de actividad y de las distintas empresas.
5) Desde IDEA creemos necesario que las acciones sindicales directas que afecten la libertad de trabajo de otros trabajadores, provoquen bloqueos al establecimiento y ocasionen daños en personas o en elementos de propiedad de la empresa sean declaradas acciones prohibidas y consideradas como faltas graves.
6) Reducción del costo laboral no salarial Argentina cuenta con costos laborales no salariales que se ubican por encima de los valores de sus pares de la región. Entendemos que este aspecto debe abordarse de manera urgente priorizando la reducción de esta prima de formalización que atenta contra la generación de empleo privado registrado. Asimismo, es necesario adecuar el arbitraje para que no se presenten ventajas en mantener a la nómina de las compañías en la informalidad. En este sentido, pueden contemplarse diferentes cursos de acción. Desde medidas específicas como financiar por rentas generales los costos asociados al ausentismo (simbolizan 12p.p. del costo no salarial promedio), hasta modificar la naturaleza contributiva de nuestro sistema de protección social para que sea financiado a través de impuestos a los ingresos personales. Esta carga sobre el empleo debe ser abordada con premura por los hacedores de política pública.
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