Los desafíos de la conectividad para un país empobrecido
La automatización de procesos industriales y de producción requerirá de niveles y calidad de conexión que hoy no tenemos
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Para LA NACIONHéctor Huici
La Argentina es un país que en líneas generales no posee malos indicadores cuantitativos en términos de conectividad. Sin embargo, aplicando el “zoom”, replica problemas que también se dan en otros indicadores económicos: una gran desigualdad entre determinadas áreas urbanas y el interior del país. A eso hay que sumar los problemas de un país con un 40% de pobreza, índice que supera el 50% en determinados conurbanos. Observando los indicadores generales hay que prestarle atención a ciertos números que a futuro nos obligan a actuar hoy para que el tren de la digitalización no nos deje mirando desde el andén, con su secuela de consecuencias: más pobreza y más atraso.
Una conectividad de calidad y precios razonables son ítems observados con cada vez más detenimiento por cualquiera que decide radicar una inversión en el país. A futuro, la trazabilidad de nuestra producción -fundamentalmente agroindustrial- será un tema de acceso a mercados y no solo de competitividad. La automatización de procesos industriales y de producción requerirá de niveles y calidad de conectividad que hoy no tenemos. En ese contexto, el índice de desarrollo de la banda ancha que elabora anualmente el BID estima para la Argentina una necesidad de inversión del orden de los 4900 millones de dólares para alcanzar el indicador promedio de conectividad de la OCDE.
Una primera derivada de ese número es que un Estado quebrado como el argentino no tiene otra opción que apoyarse en la inversión privada para lograr ese objetivo. No es una opción ideológica, es un dato de la realidad. Ello así, el marco normativo, que excede en mucho la regulación específica del sector, es clave para generar los incentivos adecuados para que las empresas inviertan y una parte de los miles de millones de dólares que los argentinos atesoran en el exterior estén dispuestos a financiar en parte ese desarrollo. Para ello la certeza de que la ganancia y los ingresos no serán confiscados es clave: es decir, el Estado de derecho (estabilidad y previsibilidad en las reglas) es la piedra angular de cualquier política de desarrollo.
Otro dato que marca la magnitud de los desafíos que tenemos como país es el ingreso promedio por usuario (el famoso ARPU por sus siglas en inglés). A dólares oficiales el ARPU de un usuario móvil está en 5 dólares, el de banda ancha fija en unos 15 (ambos datos de Carrier & Asociados, quien también estima el de la TV paga en una cifra similar a esta última). La asociación en empresas móviles (GSMA) estimaba esos mismos indicadores en un 50% superiores para la región. Este indicador es clave porque pone de manifiesto la capacidad de una empresa para reinvertir utilidades, repagar préstamos o darle un retorno al capital de sus accionistas que financian la inversión. Es decir, debemos lograr este desarrollo con un país empobrecido y con ingresos por debajo del promedio de la región, ni hablar respecto de países que marchan a la vanguardia del desarrollo tecnológico.
Sumemos a las dificultades para las importaciones la alta fiscalidad, y en general el “costo argentino”. Algunas soluciones inexorablemente deberán provenir de las correcciones macroecómicas que están siendo encaradas. Otras deben provenir de la revisión del marco normativo actual y del propio sector privado. Derogar el DNU 690/20 es necesario, pero no suficiente. Así, por ejemplo, una tendencia de los últimos años ante el incremento de las necesidades de inversión en conectividad es la compartición de infraestructura. El marco normativo no debe impedir esto sino, con las salvaguardas competitivas del caso, alentarlo. Tratándose de servicios de jurisdicción federal, es necesario e indispensable terminar con normas locales que interfieren con el despliegue de redes de infraestructura o que establecen indebidas discriminaciones. Simplificar trámites, darle efecto positivo al silencio administrativo, reducir tasas, facilitar el uso del mobiliario urbano y eliminar permisos para pequeñas antenas son políticas que han resultado exitosas en otros países.
La compartición de redes -que debe ser voluntaria- tiene que ser obligatoria cuando se trata de infraestructura pasiva en el espacio del dominio público. Por otra parte, toda obra pública debería ir acompañada del tendido de infraestructura pasiva de telecomunicaciones a costo marginal. Así lo manda por otra parte el decreto 1060/2017.
Seguramente las estrecheces fiscales no permitirán en el corto plazo una gran reducción de la carga tributaria, pero hay que avanzar rápidamente en eliminar la sobrecarga que esta industria tiene sobre otras. Si la conectividad es una prioridad, entonces no hay que gravarla con cargas específicas como el impuesto interno que afecta regresivamente a quienes solo tiene como conectividad al celular. A medida que se pueda, este sector tiene que estar entre los primeros que se vean beneficiados con la reducción del gasto público y por ende de los tributos. Igualmente, en el margen hay cosas que se pueden hacer con los derechos de uso del espectro radioeléctrico, la tasa de fiscalización y control del ENACOM y la del fondo del servicio universal. También, como sucede en otros países y en su momento se hizo en la Argentina, las sanciones administrativas deberían poder cancelarse con obras de conectividad. Existen aún obligaciones en materia de telefonía fija propias de otra época que también deberían poder reconvertirse para adecuarlas a las necesidades de hoy.
Dentro de la escasez de recursos el fondo de servicio universal es un oasis que debe ser reformulado para su mejor aprovechamiento. Primero destinándolo a lo que es debido: zonas de altos costos de despliegue o inviabilidad económica o personas de bajos recursos. El fondo tiene ingresos estimados para el 2023 por más de 18.000 millones de pesos. Si la conectividad beneficia al conjunto de la sociedad, entonces toda la sociedad tiene que contribuir con ella: o los recursos salen del presupuesto general -como Chile- o se amplía el universo de contribuyentes -como se propone en Estados Unidos- pero el esfuerzo no puede recaer en solo un sector.
También es indispensable redefinir el rol de ARSAT y de las SAPEM provinciales, que como sociedades anónimas que son deben regirse por las mismas reglas que sus competidoras y no entorpecer, ni mucho menos pretender condicionar, la política pública del sector con trabas a la competencia, que en última instancia pagamos todos los argentinos con precios más altos o directamente escasez o falta de servicios. Pregúntese el lector por qué la red satelital de internet de Elon Musk, StarlinK, está disponible en Chile y Brasil y no en Argentina. Otra muy mala iniciativa es pretender convertir a ARSAT en una empresa prestadora de servicios móviles como trascendió recientemente, adjudicándole directamente y gratis espectro por el que otros pagarán, habilitándola a cederlo a terceros en condiciones imprecisas y consumiendo recursos estatales que podrían tener mejor destino. Al respecto, el Gobierno saliente deja una licitación de 5G adjudicada con bajas obligaciones de cobertura porque prefirió priorizar la recaudación y un panorama incierto sobre si se han cumplido íntegramente las obligaciones de despliegue de 4G y resuelto los problemas jurídicos sobre dicho espectro.
Recién a partir de la convergencia instrumentada por el decreto 1340/2016 se empezó a desplegar masivamente fibra óptica domiciliaria. Sin embargo, en la Argentina solo un 31% de los hogares se conecta a ella a pesar de que la red pasa frente a ellos. En América Latina el promedio es de 50%. Solo el 26% de nuestras conexiones domiciliarias son de fibra óptica, mientras que en Brasil y Chile representan el 70% y 66% respectivamente. Dado que por la capacidad casi ilimitada y otras características (mayor estabilidad de la red, menores costos de mantenimiento), el mundo va a una red domiciliaria fija casi totalmente basada en la fibra, un país que no avance en esa dirección comprometerá el funcionamiento de su conectividad en general. Si el problema se debe a falta de ingresos es posible subsidiar la demanda, que siempre es una alternativa preferible al subsidio de oferta cuando ello es factible.
En el pasado hemos estado acostumbrados a ver la cobertura asociada solo a centros urbanos o corredores viales por motivo de seguridad, e incluso a población aislada. Hoy es necesario verla además en prácticamente toda la superficie del territorio. De lo contrario, el día de mañana la trazabilidad de la producción se convertirá en una barrera pararancelaria para nuestros productos.
El espectro radioeléctrico para soluciones terrestres y satelitales se torna allí en un elemento indispensable. Al contrario de lo que se piensa, en la mayoría del país, lejos de ser un recurso limitado, es abundante, y con los incentivos y sobre todo regulaciones adecuados, empresas de todo tipo (grandes medianas y pequeñas, nacionales e internacionales) están en condiciones de satisfacer las necesidades de variados sectores productivos (agropecuario, minería, turismo, pesca, entre otros) y desde ya del sector público también. El fondo de servicio universal también es acá un complemento para el logro de este objetivo.
Al igual que en el resto de la administración pública, hay mucho por hacer para simplificar trámites, eliminar absurdas cargas administrativas y desregular. A la par, es necesario profesionalizar y jerarquizar al ente regulador. En un estudio reciente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la política regulatoria y el regulador argentino califican en el puesto 20 entre 34 países de Iberoamérica y el Caribe.
Los desafíos de la digitalización no se limitan a la conectividad, sino que también implican desarrollar las habilidades que permitan la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías y contar con los dispositivos necesarios para ello a precios asequibles. También hay una nueva agenda que debe abordarse en materia de privacidad y monetización de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial y economía de plataformas. Pero sin conectividad universal de calidad y asequible no habrá digitalización inclusiva y exitosa.
No estamos condenados al éxito, pero podemos construirlo. Soluciones hay, se conocen y están disponibles. Se necesita solo profesionalismo, convicción y coraje para llevarlas adelante. Sin embargo, por ahora, el DNU 70/2023 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos han aportado poco al sector.
*El autor fue Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Por Héctor Huici
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