Los costos de ser un país con alta corrupción

Según el ranking que elabora Transparencia Internacional sobre corrupción, la Argentina ocupa el puesto 107 entre 168 países. El país percibido como menos corrupto es Dinamarca mientras que el puesto menos deseable lo comparten Corea del Norte y Somalia. Una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial en 2015 ubicó a la Argentina entre los diez países del mundo de peor comportamiento ético empresarial. Cuando se analizan posibles soluciones, múltiples estudios realizados en el mundo advierten que el grado de cumplimiento por parte de una sociedad de las normas vigentes tiene menos que ver con las culturas nacionales y más con la probabilidad de detección y sanción. Cuando las instituciones son débiles y lo que prima es la anomia, la transgresión y la búsqueda del beneficio propio sin dar cumplimiento a la norma, los comportamientos por fuera de la ley se vuelven prácticas frecuentes en todos los ámbitos: la administración pública, el sector privado y la vida cotidiana de los ciudadanos.

En este contexto, la aparición de la figura del arrepentido, que habilita a aquellas personas imputadas por un delito a que aporten información a la justicia sobre partícipes o autores a cambio de beneficios penales y procesales, parece ser un avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero está muy lejos de ser la solución de fondo. La legislación, pero principalmente la justicia argentina han demostrado un alto grado de ineficiencia, inactividad y hasta complicidad con el poder de turno a la hora de investigar delitos de corrupción, tanto pública como privada. Combo que conduce a los delincuentes y estafadores a ver al país como un lugar prolífero para la comisión de estafas y defraudaciones.

Estos temas toman mayor relevancia cuando los "tan preciados" inversores internacionales exigen seguridad jurídica a la hora de definir sus colocaciones de fondos. Según el informe global sobre fraude de la consultora Kroll, 11% de los ejecutivos encuestados se han visto disuadidos de realizar negocios en América latina por la alta percepción de fraude. Ahora bien, otorgar a una justicia ineficiente una herramienta procesal como lo es la figura del arrepentido, puede verse como un avance y su utilización puede contribuir en algunas causas. Pero en la práctica, si la justicia no da signos claros de investigar al poder de turno por delitos de corrupción, dicha figura no servirá demasiado, pues para que un imputado se acoja a este esquema debe estar seguro de que su testimonio será más beneficioso que su silencio, y ello sólo se logra con una fuerte dosis de efectividad a la hora de arribar a condenas penales. Sin adecuadas investigaciones y sin una decisión política mucho más fuerte, la figura del arrepentido pasará inadvertida con el paso del tiempo.

Socio de Lisicki Litvin & Asociadosy ex presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina

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