Los contadores fueron a la Justicia a reclamar la prórroga de Ganancias y Bienes Personales

Después de meses de mandar notas a la titular de a Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y a otros funcionarios del Gobierno, la institución que representa a los contadores matriculados en la ciudad de Buenos Aires recurrió hoy a la Justicia a expresar allí su recurrente reclamo: que se prorrroguen los vencimientos impositivos correspondientes a Ganancias y Bienes Personales por el año 2019 (incluyendo el impuesto sobre las rentas financieras).

También se está pidiendo que se posterguen las obligaciones referidas a las personas jurídicas, que vencen entre los meses de agosto y diciembre. Concretamente, se reclama que las exigencias de cumplir con las cargas comiencen a correr 60 días después de que los profesionales puedan reanudar de manera formal su actividad (en sus estudios).

La acción de amparo colectivo fue presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y recayó en el Juzgado Contencioso N° 5. El escrito está firmado por la presidenta y el secretario de la entidad, Gabriela Russo y Julio Rotman y lleva el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Se pide la postergación de los vencimientos tanto de las declaraciones juradas determinativas como del pago de los tributos.

La AFIP anunció ayer su decisión de postergar el vencimiento solamente de la presentación de las declaraciones informativas, que son las que deben hacer las personas que en 2019 tuvieron un cierto nivel de ingresos y a las que no les corresponde pagar los impuestos, dados los parámetros que definen las bases imponibles. Por el ejercicio 2019 deben tributar Bienes Personales quienes al 31 de diciembre pasado tenían activos por un valor de $2 millones, según las normas de valuación definidas para este gravamen en particular. Además, se resolvió llevar de $1,5 millones a $2 millones el monto de ingresos mínimos obtenidos en 2019 que define la obligación de hacer esa presentación de carácter informativo, que está referida a los ingresos, los gastos y el patrimonio de la persona.

Pero esa decisión de Marcó del Pont, tal como informó LA NACION, no implica la postergación de las declaraciones determinativas (las de quienes sí pagan el impuesto) ni de las fechas en las que se deben abonar las cargas fiscales. Por eso, tras conocerse ese anuncio oficial, el Consejo decidió hacer su presentación ante la Justicia, a 48 horas del inicio del cronograma de vencimientos.

El pedido expresa que la prórroga sea "hasta tanto, en el marco de la pandemia global Covid-19, los contadores y las contadoras puedan ejercer plenamente en términos legales su profesión, lo cual quedaría configurado después de transcurridos 60 días desde la reanudación formal de su actividad profesional".

Entre los argumentos para llegar a la presentación de una acción de amparo colectivo en la Justicia, se hace una descripción de 11 notas que fueron enviadas a diferentes funcionarios, en las que se explicitó que la actividad no fue considerada entre las esenciales en el aislamiento social obligatorio. Ante esa situación, en la presentación judicial se señala que los contadores tienen la necesidad "de reunir determinada información indispensable para la presentación profesional de las declaraciones juradas, y de trabajar sobre las mismas en un plazo razonable".

La pretensión del Consejo es que, en el pedido hecho, se lo reconozca como entidad representativa de cada uno de los 80.000 contadores matriculados en la ciudad. Por eso se invoca la causa Halabi, en la cual la resolución de la Corte Suprema de Justicia alcanzó a todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones (era una causa referida a la disposición de datos personales), bajo el argumento de que hay derechos que son individuales y divisibles, pero que están referidos a un hecho único y entonces es válido que se actúe en nombre de todos los afectados.

Por otra parte, las autoridades del Consejo Profesional se reunieron ayer con el vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, y acordaron que los contadores podrán volver a hacer actividades concurriendo a sus lugares de trabajo a partir del lunes 27 de julio, una vez por semana. Y podrán, en los días en que trabajen en sus estudios, recibir a sus clientes, según el número de terminación de sus DNI.

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