Los controles de precios a lo largo de la historia argentina reciente y qué resultados tuvieron

Una vez más, la Argentina vuelve a apostar por los congelamientos de precios. Es el destino circular de un país que sufre y no cura su problema de inflación, y apuesta por recetas que se repiten hace décadas sin grandes resultados: en el último siglo, la inflación promedio en la Argentina supera el 100% anual.

La llegada de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio revivió esta propuesta. El modelo 2021 implica el congelamiento, hasta el 7 de enero de 2022, de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza, con el monitoreo por parte del Gobierno de una canasta de alrededor de 1245 bienes, que según analistas tiene efecto de corto plazo, pero, al no resolver los temas estructurales detrás de la inflación, no sirven para frenar la tendencia en el tiempo.

“Hubo experiencias en la historia argentina, y puede servir para diferir la inflación. Puede contener algunos precios, pero es tapar los problemas, porque es simplemente transferir en el tiempo la inflación que tenés en unos meses, y la pagás cuando destapás esos precios y vuelven a su nivel correspondiente”, dice el economista Guido Lorenzo, director de la consultora LCG.

“Pensar que se pueden controlar todos los precios de la economía y que por lo tanto eso no se va a destapar en algún momento es un error, porque la inflación viene de un desbalance entre la cantidad de moneda, que es lo que te da el precio nominal, y la cantidad de bienes que se producen y circulan en la Argentina. Y la verdad es que los congelamientos a largo plazo no dan resultado, no dio resultado históricamente más que en algunas experiencias por períodos muy breves de tiempo y con la consecuencia de sufrir más inflación a futuro”, agrega.

Setenta años atrás, fue Juan Domingo Perón quien apostó por un plan de congelamiento y control de precios. En su segundo mandato, con una economía con inflación en alza, decidió crear la Comisión Nacional de Precios y Salarios, en el marco de su segundo Plan Quinquenal y un plan de ajuste y estabilización que incluyó la extensión de los convenios colectivos de trabajo, con vinculación de aumentos salariales con incrementos en la productividad, y medidas de estímulo a la llegada de inversiones extranjeras.

“El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Y ustedes ven que tan pronto se ha comenzado, y el pueblo ha comenzado a cooperar, los precios han bajado un 25%. No queremos ser injustos con nadie. Ellos tienen derecho a ganar, pero no tienen derecho a robar”, dijo Perón en un discurso en Plaza de Mayo.

Su esquema tuvo resultado de corto plazo: la inflación, que había escalado al 38,8% en 1952, con una caída del 6,6% del PBI, bajó al 4% el año siguiente, con un rebote del 5,4% en el producto. Pero en 1955, la suba de precios minorista volvería a los dos dígitos (12,3%).

La siguiente presidencia de Perón también apostó por los controles de precios. Fue en 1973, con la presencia del ministro José Ber Gelbard y su idea del Pacto Social, que convocaba a la CGT, la CGE y la UIA. La inflación, que había superado el 60% en 1972, bajó al 17% en 1973, aunque el éxito fue efímero. El contexto internacional adverso y la inestabilidad política local tras la muerte de Perón derivaron en el fracaso del plan y el estallido de una crisis con el Rodrigazo, cuando el ministro Celestino Rodrigo devaluó la moneda, liberó precios y tarifas a la par de una reapertura de paritarias: del 24% en 1974, la inflación pasó al 182% en 1975.

En 1985, ya en democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó su propio esquema de estabilización económica. En el marco del Plan Austral, que implicó el cambio de moneda, apostó por un congelamiento de precios y salarios, además de medidas monetarias y la búsqueda de la consolidación fiscal. Sin embargo, la presión de los sindicatos y el desequilibrio en las cuentas públicas condujeron al plan al fracaso: en la presidencia de Alfonsín, la inflación promedió el 398% anual, con un proceso hiperinflacionario en 1989 (que se replicó en 1990).

En 2006, con inflación en alza que volvería a los dos dígitos tras más de una década (fue 12,5% en 2005), el gobierno de Néstor Kirchner buscó avanzar en un acuerdo de precios, tras la salida de Roberto Lavagna del Ministerio de Economía. Ya con Felisa Miceli al frente de esa cartera, se postularon acuerdos sectoriales, como en el caso de los lácteos. Sin embargo, la tendencia no se frenó, la evolución de los precios siguió en alza y al año siguiente el Gobierno intervino el Indec para que las estadísticas oficiales no reflejaran esa aceleración.

Con la inflación como problema crónico durante toda la gestión kirchnerista, en 2013, Guillermo Moreno, desde la Secretaría de Comercio, avanzó en un congelamiento. Informal y “de palabra”, en febrero de ese año el funcionario convocó a los supermercadistas y dispuso el freno a los aumentos en diversas categorías de consumo masivo por unos meses. Pero los resultados no fueron exitosos: la inflación no se frenó y, luego de ese período de “acuerdo”, los productos que estuvieron congelados tuvieron aumentos que triplicaron su tendencia mensual previa, para recuperar la diferencia acumulada.

El gobierno de Mauricio Macri también apostó por los controles de precios. Fue en 2019, en un contexto de recesión, aceleración inflacionaria, devaluación de la moneda y el acercamiento de las elecciones. En abril, entre otras medidas, el Gobierno dispuso el congelamiento de 60 productos alimenticios por siete meses (hasta los comicios), las naftas y las cuotas de los créditos UVA, además de la eliminación del IVA para algunos alimentos. Sin embargo, la medida tampoco dio resultado: la inflación de ese año fue del 53,8%, la más alta desde 1991.

El año pasado, tras la irrupción de la pandemia de coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández lanzó el programa Precios Máximos, que inicialmente congelaba 23.000 productos al 6 de marzo de 2020. Con alguna revisión en el medio, y con la crítica del sector alimenticio, en noviembre pasado comenzó un proceso de desenlistamiento, pero recién en junio último se confirmó que el programa no continuaría. Hoy, cuatro meses después, el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció el congelamiento de 1245 productos por 90 días.

“El congelamiento es un instrumento, y como todo instrumento depende de cómo y en qué contexto se aplique. Hoy está dando la impresión de que el Gobierno cree que estos mecanismos de precios controlados y regulados, sobre todo en alimentos y que son básicamente los que más impactan sobre la canasta de consumo de los segmentos más vulnerables, forman parte de la estrategia antiinflacionaria global, y eso es un error. El instrumento, como parte de un mecanismo de coordinación de ingresos, precios y salarios, dentro de un programa de estabilización, puede funcionar temporalmente y con con salidas ordenadas. De hecho, los planes de estabilización que tuvieron relativo éxito tuvieron este tipo de mecanismos, pero el programa de estabilización eso no se ve”, dice Ricardo Delgado, fundador de la consultora Analytica.

“Conceptualmente, el Gobierno tiene discutiendo precios a la Secretaría de Comercio, que no está en el Ministerio de Economía sino en el Ministerio de Producción, cuando en realidad la inflación es un problema macroeconómico. Parece una pavada o una cuestión de detalle burocrático, pero no lo es a mi juicio. Forma parte de la visión de cómo abordar el problema, que es un fenómeno monetario, fiscal y vinculado a una cuestión de expectativas y de inercia”, agrega el economista, que fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal durante la gestión de Mauricio Macri.

En esa misma línea se ubica Laura D’Amato, exgerenta principal de Investigaciones Económicas del Banco Central. “En general los controles de precios no son una herramienta antiinflacionaria válida, en la medida en que no apuntan a las causas de la inflación, que son básicamente monetarias y en algunos casos tienen un origen fiscal. En el caso de la Argentina desde los ‘40 hasta hoy ese es el caso, y explicaría que a través de la historia los controles no hayan sido efectivos”, dice la economista a LA NACION.

“Hay que diferenciar las experiencias en el país. Pero en el caso de Gelbard o de los controles de precios durante el gobierno de los Kirchner e incluso hoy, hay un diagnóstico errado acerca de cuáles son las causas de la inflación, porque se la percibe como un fenómeno generado a partir de conductas de formadores de precios, de las firmas. Pero la política macroeconómica se torna inconsistente porque se llevan adelante políticas que tienen un sesgo expansivo, tanto en lo fiscal como lo monetario, como ocurre hoy, donde el Gobierno intenta estimular el gasto en consumo mientras pone controles en los precios y no provee a la economía ningún ancla nominal. Eso es un coctel complicado”, dice D’Amato, docente en la Universidad de Buenos Aires e integrante del IIEP-UBA.

“La historia de los congelamientos de precios muestra que no son efectivos. No han logrado por sí mismos resolver el problema de la inflación. Pueden contenerla un tiempo, probablemente, porque los precios sujetos al control de alguna forma intervienen en medición de la inflación y la tiran abajo. Pero tarde o temprano esos precios se tienen que descongelar se paga con una corrección acumulada y más o menos importante algún tiempo después. Lo que hacen es postergar la inflación, pero per se no resuelven el problema”, coincide Camilo Tiscornia, fundador de CyT Asesores Económicos.

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