Los burócratas del gremio de Camioneros, las góndolas y el preludio de un nuevo fracaso
El gran problema de la medida que adoptó el Gobierno no es solo la falta de efectividad que tendrá, sino que esconde un profundo error en el diagnóstico del problema económico
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Era necesario mostrar algo, aunque sea poco menos que nada, que muestre que el Gobierno no está tieso ante la confirmación de la inflación de 2022. En términos futboleros, puertas adentro de la Casa Rosada, festejó un lateral; se colgó del alambrado a gritar un gol sobre la hora cuando el número final terminó unos puntos menos que el temido 100%.
Pero claro, había que buscar algún tipo de herramienta que muestre que, además, se lucha contra el principal problema económico argentino. La opción fue, entonces, encontrar una fuerza de choque con capacidad de sacar papel y lápiz, poner cara de malo, fruncir el ceño y avanzar estoicos contra las góndolas y sus responsables.
Apareció así, el gremio de los camioneros dispuestos a tan encomiable tarea. Y aquí la primera diferenciación: los que se movilizaron a tomar precios y reportar novedades comerciales no fueron los camioneros sino los burócratas del sindicato. Solo basta transitar por cualquiera de las rutas nacionales para saber dónde están los verdaderos choferes de los camiones. A contramano de ellos, que viajan días y días por una infraestructura avejentada, los que sí tienen tiempo para destinar a controlar precios son los burócratas del gremio.
Ahora bien, esta extravagancia de la política económica se podría analizar desde varias aristas. Sin embargo, hay una que es, quizá, la más alarmante: la diagnosis.
La contratación de un grupo de operarios para mirar el último eslabón de la inflación –el precio final–, es la demostración más cabal de la desorientación y el fracaso. No es posible, después de más de tres años de gestión de este cuarto kirchnerismo, sostener el diagnóstico de que el aumento generalizado de precios es culpa de los comerciantes.
La inflación es, quizá, uno de los fenómenos más escritos y estudiado de la literatura económica mundial. No hay ninguno de todos los que lo describieron que considere que es culpa de los comerciantes que suben los precios. Sin embargo, el Gobierno parece que es la única causa que encuentra. Entonces, detectado el mal pues lo mejor es mandar a camioneros con inyecciones como para que no se propague. Parece una ficción, pero es real.
Hace poco menos de un año, el Presidente le declaró la guerra a la inflación. “Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”, dijo entonces Fernández.
El resultado fue una derrota sin atenuantes. No hay ley de abastecimiento ni acuerdos ni camioneros con libretitas que puedan con una de las tasas de inflación más altas del planeta. Pero el Presidente, ahora en tándem con el ministro de Economía, Sergio Massa, no hacen más que acentuar el camino que conduce al fracaso.
Un poco más atrás en el tiempo, en febrero de 2021, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, posaba en Twitter delante de una góndola en la que estaban los cortes de carne que conformaban uno de los tantos acuerdos que sirven para fotos y gacetillas. “Recorrimos supermercados en San Juan para supervisar la implementación del acuerdo de precios para la carne y que se garantice el abastecimiento de cortes de calidad. Tenemos un Estado presente que se compromete a ordenar la economía y cuidar el bolsillo de los argentinos”, decía por aquellos días, barbijo en boca. Aquel ministro ya no está más y si los bolsillos hablasen, pedirían por favor que no los cuide este Estado.
En aquel febrero de 2021, Santiago Cafiero, por esos días Jefe de Gabinete, ordenó que los inspectores de la AFIP controlen el programa de Precios Máximos. En una reunión de Gabinete blandió nuevamente la amenaza de la aplicación de la ley de abastecimiento y la posibilidad de aumentar las sanciones para aquellos que la infrinjan.
En este verano 2023, la degradación política ha llegado a que aquella polémica norma sea suplantada por la burocracia del gremio de camioneros.
“Nuestra batalla hoy –dijo a los gritos roncos Alberto Fernández hace 10 meses–, es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aun en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas.”
Sucedieron 10 meses desde entonces y quedan otros 10 para que termine su mandato. Desde que asumió, Fernández anotó una inflación de alrededor de 300%. Pasaron tres ministros de Economía y dos de Desarrollo Productivo, más un tercero cuando la cartera pasó a ser Secretaría. También hubo dos titulares de Trabajo y cuatro de Comercio interior. No es necesario ponerles nombre propios: todo se resume en 300 puntos de inflación y en los camioneros con lápiz, papel y ceño fruncido en los comercios. Eso y nada es prácticamente lo mismo.
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