Los besos quedan atrás: llega la pelea por los fondos
El 12 de diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri almorzó con los 24 gobernadores. Puros besos. El decreto 194/16 elevó la alícuota de la recaudación de los impuestos coparticipables, correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pasó de 1,4% a 3,75%, para financiar el traspaso parcial de la Policía Federal al ámbito local. Los besos se transformaron en tapones de punta. ¿Precipitará esto la modificación del sistema de coparticipación federal de impuestos, que según la reforma constitucional debería haberse realizado no más allá de 1996? ¿Existe una forma "científica" de diseñar el nuevo sistema o depende por entero de consideraciones políticas?
Al respecto conversé con el norteamericano Wallace Eugene Oates (1937 - 2015), autor de Federalismo fiscal, publicado en 1972. Según Alberto Porto, la obra constituye "el primer manual sobre la teoría normativa del federalismo fiscal. Ha mantenido vigencia a lo largo del tiempo, pese a su gran simplicidad, y ha sido publicada sin modificaciones más de 40 años después. Sus contribuciones a la teoría y a la práctica del federalismo fiscal son notables".
-¿Cuándo se creó la coparticipación en la Argentina?
-En 1934, cuando se creó el impuesto a las ventas. También se coparticipó el impuesto a las ganancias, creado en 1932. El mecanismo conecta la recaudación centralizada con los gastos públicos descentralizados. Inicialmente fueron 82,5% para la Nación y el 17,5% restante para la ciudad de Buenos Aires y las provincias (en aquel entonces existían 14 provincias y 10 territorios nacionales). La porción coparticipada se distribuía, de manera automática, 30% según la población de cada jurisdicción, 30% según los gastos presupuestados para 1934, 30% según los recursos propios, y 10% según la recaudación del impuesto a las ventas dentro de cada jurisdicción.
-¿Cómo evolucionó el sistema?
-Fue modificado en múltiples oportunidades, alejándose de la automaticidad para pasar a la discrecionalidad y a la arbitrariedad. En números redondos, durante el gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner, no solamente en promedio las provincias sólo financiaron 30% de sus gastos públicos con fondos propios, sino que sólo uno de cada cuatro pesos que la Nación le giró a las provincias lo hizo de manera automática. Lo cual explica la facilidad con la cual la primera mandataria podía convocar a los gobernadores para los actos más insólitos.
-Si a usted lo contrataran para elaborar un nuevo régimen de coparticipación, ¿qué haría?
-Seleccionaría un conjunto de indicadores nítidamente definibles, que pudieran ser estimados de manera confiable; los ponderaría según algún criterio, y en base a esto calcularía las nuevas alícuotas. Como seguramente algunas jurisdicciones recibirían menos de lo que están recibiendo en base al sistema actual, establecería un período de transición.
-Fantástico, manos a la obra.
-No tan rápido. No existe un criterio "científico" para seleccionar los indicadores, mucho menos para ponderarlos, por lo cual cuando el proyecto de ley se discuta en el Congreso, cada jurisdicción tendrá incentivos para seleccionar indicadores y ponderadores, en función de lo que cree que le vaya a tocar en el reparto. No esperemos entonces que haya una negociación civilizada.
-¿Está diciendo que desde el punto de vista técnico no hay nada que decir?
-Por el contrario, el importante aporte de los economistas pasa por analizar los incentivos y desincentivos que en las jurisdicciones receptoras de fondos generarán diferentes criterios de asignación de los recursos. Le pongo un ejemplo: para la toma de decisiones provincial o municipal, no es lo mismo que los fondos se repartan en relación directa con el coeficiente alumnos/personas en edad escolar que con el coeficiente empleados públicos/empleados privados. Pero lo que también estoy diciendo es que las consideraciones técnicas serán uno de los ingredientes de una negociación que cabe esperar intensa, porque hay muchos recursos en juego.
-Don Wallace, muchas gracias.
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