Los bancos aseguran que un reciente fallo pone en riesgo el futuro de los hipotecarios UVA
Es por una decisión de Cámara en Posadas, que libró a un deudor del ajuste por ese indexador
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Las cuatro asociaciones que representan a los bancos con actividad en el país hicieron pública hoy su inquietud por un fallo judicial que, según advierten, pone en riesgo el normal funcionamiento de los créditos hipotecarios en Argentina en un momento por demás sensible, dado que es cuando la oferta de este tipo de financiamiento reapareció tras largos años de ausencia y con un grado de demanda que, pese a todas las dificultades, sorprendió incluso a los prestamistas.
El alerta es por el predecente que puede sembrar la reciente resolución de la Cámara Federal de Posadas (Misiones) ante el que se denomina “Caso Azzimonti”, aunque aseguraron que también abarca a otras demandas ya planteadas en otros juzgados en relación a los créditos UVA, el indexador que se aplica para hacer posible este tipo de financiaciones.
Se trata de un empleado judicial que, en su condición de deudor, logró cambiar la modalidad de ajuste del crédito hipotecario que le había concedido el Banco Nación tras plantear en octubre del 2020 un juicio contra esa entidad “y otros s/ Ley de Defensa del Consumidor” por considerar que varias cláusulas del contrato que había firmado dos años atrás eran “abusivas”.
A fines de 2022, una jueza falló a su favor, declaró nulas seis cláusulas del contrato (entre ellas la referida al interés) y ordenó al banco pagar $1.040.000 de multa en concepto de daño punitivo, entre otros beneficios para Azzimonti. La disputa escaló hacia la Cámara Federal de Posadas, que un año más tarde ratificó el grueso de la sentencia en primera instancia.
En este caso los jueces Mario Osvaldo Boldu y Ana Lía Cáceres ordenaron cambiar el ajuste UVA por el previsto en la línea de créditos “Nación Tu Casa”, que tiene una tasa fija hasta la cuota 37 y luego una variable. Y también establecieron, entre otras cosas, que las devoluciones mensuales del crédito no pueden superar el 30% del sueldo del demandante, y redujeron la multa al BNA a $500.000 argumentando el criterio de “esfuerzo compartido”, ya que entendieron que al actualizar el capital prestado por inflación se había generado un sobreendeudamiento de Azzimonti, quien en 2018 había pedido $2.080.000, y para fines de 2021 ya debía $12.896.381.
Esa esa resolución consideraron además que el banco recibió un beneficio extraordinario, sin tomar en cuenta que el deudor ya había accedido a una propiedad. El Banco Nación interpretó que ese fallo, al que calificó como arbitrario, representa un “subsidio perpetuo a favor de un deudor hipotecario” que se extenderá durante todo lo que dure la deuda. Y, a consecuencia de ello, limitó su oferta de créditos para la vivienda en esa provincia.
La entidad estatal ahora obtuvo el apoyo unánime del resto de los bancos representados por ABA, ABE, ADEBA y ABAPPRA, cámaras que mediante un comunicado manifiestan su “profunda preocupación” por la confirmación en segunda instancia del fallo.
“Esta sentencia declara la nulidad de cláusulas esenciales para cualquier contrato de crédito como las del objeto, monto del crédito, amortización de capital, moneda de pago, generando una grave inseguridad jurídica, distorsiona las relaciones contractuales y socava la confianza en la herramienta crediticia al cuestionar la validez de contratos acordes a la legislación vigente y normativa del Banco Central”, sostienen.
Seguidamente advierten que este tipo de sentencias “desalentará el otorgamiento de créditos hipotecarios, especialmente en Misiones, e impactará en el acceso y el costo del crédito para todos los clientes bancarios”, además de denuncia que la decisión judicial generó “una asimetría en la relación contractual que impone un subsidio perpetuo para el deudor favorecido, en detrimento de los depositantes y limita el acceso a la vivienda a las familias argentinas”.
Las asociaciones bancarias argentinas por último solicitan “una revisión profunda de este fallo y reiteran su compromiso con la búsqueda de soluciones justas y equitativas para continuar promoviendo el bienestar general y el acceso a la vivienda a millones familias argentinas”.
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