Los auditores tienen cada vez más trabajo... y más ganancias

El pasado 6 de julio el Banco Santander comunicaba a la CNMV la contratación de PwC como su auditor externo en sustitución de Deloitte, con quien había trabajado durante los últimos 13 años. La noticia no hizo mucho ruido, pero la decisión del banco significaba uno de los contratos más importantes de 2015, valorado en cerca de 90 millones de euros, según la última minuta del auditor saliente.

El ejemplo del Santander refleja hasta qué punto la verificación de las cuentas de las grandes compañías supone un negocio floreciente para las cuatro grandes auditoras (Deloitte, PwC, KPMG y EY) que controlan con mano de hierro el sector. En 2014 las empresas del Ibex 35 afrontaron gastos de auditoría y otros servicios por valor de 499,8 millones de euros, según cálculos realizados por EL PAÍS. Esta cifra supone un incremento del 22,5% respecto de los honorarios recibidos en el ejercicio 2013. Desde que comenzó la crisis en 2008, la facturación de las big four a las empresas del Ibex prácticamente se ha multiplicado por dos.

Desde el sector se argumenta que la subida de los ingresos es en términos absolutos y no en horas de trabajo, ya que la labor del auditor cada vez es más compleja —por la presión regulatoria y la internacionalización de sus clientes— y requiere destinar a más seniors a los equipos.

Además, y después de todo lo ocurrido durante la crisis, los comités de auditorías de las empresas, que son los que sugieren qué firma contratar, no se estarían fijando tanto en los costos, sino en tener al mejor auditor para cubrir los riesgos de la información financiera.

Un oligopolio

El negocio de auditoría funciona en la práctica como un oligopolio: Deloitte tiene el 44,1% de las compañías del Ibex; EY cuenta con una cuota de Cuatro grandes. Las llamadas Big Four, EY, Deloitte, PwC y KPMG cobran un 22,5% más que otras firmas más chicas David Fernández EL PAÍS mercado del 26.7%, y PwC y KPMG, con el 14,7% cada una. Además, son contratos de larga duración. De media, los grupos del selectivo trabajan con el mismo auditor durante 12 años. Estas mismas firmas también auditan a la gran mayoría de empresas cotizadas de tamaño medio y pequeño y solo en algunos casos aparecen nombres de auditores de menor importancia como por ejemplo Mazars, Hispania o BDO.

Todas las partidas en la factura de los auditores crecieron de forma notable en el último año. Los honorarios que cobró el censor de cuentas principal por los servicios puramente de auditoría alcanzaron de forma agregada 230 millones de euros, un 14,2% más que en 2013. Además, ingresaron por otros trabajos complementarios al de auditoría (asesoramiento fiscal y corporativo, consultoría, formación...) 43,9 millones, lo que supone un incremento del 13,2%.

Los gastos de las empresas en servicios relacionados con la auditoría no se acaban aquí. Cada vez tienen más peso los gastos en los que incurren las compañías del Ibex 35 en trabajos realizados por otros auditores que no son el titular de la plaza. Pues bien, estos servicios complementarios les costaron a las grandes empresas españolas un total de 225 millones en 2014, un 34% más que un año antes.

La empresa del Ibex 35 que más se gastó en auditores en 2014 fue el Santander. El banco pagó un total de 187,2 millones de euros, un 60% más que en 2013. Después están Telefónica, con 68,3 millones (un 2,69% más), el BBVA (55,2 millones, un 8,4% menos y ACS (25,2 millones, un 61% más).

Nueva legislación

El 9 de julio pasado el Senado aprobó definitivamente la ley de auditoría. Esta norma, que entrará en vigor en 2016, incluye importantes novedades que tendrán un claro impacto en los honorarios de las firmas de auditoría.

La nueva ley traerá una mayor rotación en el sector, ya que se limita a diez años el tiempo del contrato entre un auditor y sociedades como bancos, aseguradoras y empresas cotizadas (incluidas las del Mercado Alternativo Bursátil MAB). Además, establece 11 nuevas incompatibilidades en los servicios que se prestan y se reduce significativamente el número de empresas consideradas de interés público.

Las sociedades incluidas en esta categoría sí que deberán contar con un comité de auditoría, cuyos miembros deberán ser consejeros no ejecutivos, la mayoría de ellos independientes. La nueva norma libera de este requisito a aquellas empresas que cuenten con pocos accionistas, como por ejemplo las compañías familiares.

Las consecuencias de la ley ya se han dejado ver: adelantándose a futuras incompatibilidades y reforzando su independencia, PwC ha renunciado esta semana a los servicios de consultoría que prestaba al Banco Santander, que serán asumidos por EY. La norma, aprobada también establece límites a las remuneraciones que puede percibir el auditor de una empresa.

Cuando los honorarios por servicios distintos de la auditoría cobrados a un cliente representen más del 30% del total de los ingresos anuales del auditor, este deberá abstenerse de realizar la revisión de cuentas del ejercicio siguiente.

© El País, SL

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