Libertad de precios, igualdad de condiciones y regulador competente: qué le piden las telefónicas al próximo presidente
Infraestructura Digital Argentina (IDA), la cámara que agrupa a empresas que proveen servicios de televisión, internet y telefonía, presentó hoy su plan para acelerar la conectividad en la Argentina
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Infraestructura Digital Argentina (IDA), la cámara que agrupa a empresas que proveen servicios de televisión, internet y telefonía, presentó hoy su plan para acelerar la conectividad en la Argentina, que será compartido con todas la fuerzas políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Bajo tres ejes que son robustecer el ecosistema de proveedores de acceso, rediseñar institucionalmente a la autoridad de aplicación y articular el sector público y el privado, el plan parte del diagnóstico de que “hace décadas que no existe un plan estratégico ni políticas públicas en la materia, sino marchas y contramarchas”.
“Esto genera una conectividad desigual en los diferentes territorios del país y un escenario de acceso inequitativo a Internet. En el mediano plazo, sin políticas públicas coherentes y consecuentes, pondremos en riesgo el desarrollo de la infraestructura digital, afectando a la economía del conocimiento y el desarrollo económico y social del país”, afirmó Alejandro Lastra, director de Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Argentina y vocero de IDA, en un encuentro con periodistas.
En cuanto a qué proponen respecto del robustecimiento del ecosistema de proveedores de acceso, señaló que hay que asegurar la libre competencia, fomentar y proteger inversiones, eliminar trabas a los despliegues, fomentar la compartición de infraestructuras y hacer un uso eficiente del espectro, entre otros.
Por otro lado, a propósito de la articulación del sector público con el privado, habló de reformar el Fondo de Servicio Universal. El fondo está integrado por el aporte que hacen los prestadores de telecomunicaciones por el 1% de la totalidad de sus ingresos por la prestación de los servicios, neto de impuestos y tasas que los graven y demás deducciones admitidas.
En este sentido, plantean involucrar a los operadores privados en el diseño de un plan maestro de conectividad para maximizar la asignación de los recursos, constituir con los fondos un mercado de capitales exclusivamente para la industria; y reducir los aportes no reembolsables y desarrollar aportes reembolsables que no descapitalicen al Fondo.
Además, señalan que hay que sumar aportantes, como las plataformas de streaming como Netlix, y computar montos pagados por el espectro si los hubiere “para que esos recursos queden en la infraestructura y no vayan a atender otras necesidades del Tesoro”.
Otra reformulación es la que postulan para la Prestación Básica Universal, que estableció el DNU 690/2020 y, en su lugar, hablan de establecer criterios de subsidio a la demanda, con herramientas similares a la Tarjeta Alimentar, por ejemplo.
Por último, sobre la reformulación de la autoridad de aplicación dijeron que hay que separar lo que es la regulación de contenidos de la regulación de infraestructura, profesionalizar al regulador y evaluar periódicamente a los altos funcionarios.
“El Ente Nacional de Comunicaciones tiene que levantar la mirada, tener mayor capacidad técnica o escuchar más a los técnicos y tomar decisiones políticas de más largo plazo. En el último año, no pasó nada en el sector: se postergó la licitación de 5G y hubo muchas decisiones erráticas. Las instancias de diálogo están, pero son en base a la coyuntura”, apuntó Lastra y dijo que los últimos tres presidentes del Enacom hubieran sido perfectamente secretarios de medios.
“Vienen más de los contenidos. Muy pocos directorios tuvieron personas con capacidad de mirar al sector desde la infraestructura. El Enacom tiene cuadros técnicos capacitados, lo que necesitás es que en la dirigencia haya gente que pueda conversar con ellos”, concluyó.
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