Ley ómnibus: la reacción de los economistas ante la propuesta del Gobierno

Este miércoles el Gobierno presentó el proyecto de “Ley ómnibus”, que complementaría el DNU de desregulación, mediante el cual se estipulan posibles liberaciones de precios como punto clave dentro de los cambios económicos que intentará instrumentar. Así, por ejemplo, buscará terminar con la intervención estatal en diversos ámbitos, como combustibles y servicios públicos, además del blanqueo de capitales para activos en el país y en el exterior, entre otras medidas que se despliegan en más de 300 páginas.

El proyecto es extenso, y la base clara es la desregulación, aspecto en el que se detuvo Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos: “En líneas generales, estoy a favor de desregular muchas cosas. Creo que es importante recuperar la posibilidad de cierto juego más de mercado después de tantos años de muchísima intervención y una intervención que creo ineficiente”, opina.

Para el economista, el problema radica justamente en este último aspecto: el abuso por parte del gobierno anterior de la intervención estatal. “Lo que pasa es que, en la Argentina, cada vez que el Estado ha intentado o intenta hacer algo así termina siendo contraproducente —sostiene Tiscornia—. Creo que es porque la gran mayoría de las regulaciones que ha creado el gobierno anterior, sobre todo el kirchnerismo en sus distintas vertientes, han sido sumamente ineficientes, buscando contener efectos negativos del resto de sus políticas, generando corrupción”.

A pesar de su apoyo general a la desregulación, el economista no descarta que es discutible, quizás, hacerlo con “las dimensiones y la intensidad” con la que lo plantea el Gobierno: “Encuentro que hay una tensión entre la necesidad de hacer esto por la vía del Congreso y la necesidad de dar cierta velocidad a los cambios para que la economía argentina pueda recuperar más rápidamente el crecimiento”, aclara.

También remarca que muchos analistas están dejando de lado la importancia que tiene la creación de la Agencia de Mercados y Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia. Según Tiscornia, en muchos comentarios hay miedo de que las desregulaciones generen poca competencia y que los monopolios abusen del poder.

Para el analista Salvador Vitelli, el proyecto de ley presentaría medidas beneficiosas para el ámbito económico. Si bien hace la salvedad respecto de que se efectivice el aumento en los derechos de exportación, en su opinión el texto tiene una tendencia pro mercado, luego de haber vivido períodos intervencionistas.

“Me parece que, dentro del marco nuevo normativo que se le intenta dar con este proyecto de ley, las modificaciones, e incluso también las derogaciones, tienden a ir en esa sintonía. Esto es un primer acercamiento, pero, a priori, haciendo una síntesis de lo que se está publicando, me parece que termina resultando beneficioso para la Argentina. Luego veremos qué pasa con este proyecto en las cámaras”, comenta Vitelli.

Según Cynthia Moskovits, economista de FIEL, como el proyecto declara la emergencia pública, esto da un marco institucional apropiado a las medidas impulsadas hasta el momento por el nuevo Gobierno. “Mi pregunta, sin ser jurista ni politóloga, es por qué el DNU precedió a este proyecto. Mi impresión es que el proyecto debería tener el apoyo en ambas cámaras, aunque mi duda es si no es excesivo el plazo de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (31 de diciembre de 2025)”, comentó la especialista.

Las propuestas para reordenar la Administración Pública y la regulación tributaria, en materia fiscal, muestran, en la lectura de Mokovits, una intención clara por facilitar el desarrollo del sector privado, generando “buen clima de negocios”, y minimizando los costos que el sector público implica sobre él. Además, respecto del nuevo blanqueo que propone el proyecto, la especialista sostiene que es dudoso el monto de recursos que puede generar.

“De corto plazo, la cautela en materia de liberación cambiaria es atendible, pero probablemente sería bueno pensar en cuál es el horizonte en que se mantienen los impuestos sobre el comercio exterior. Eso está atado a cuál será la respuesta a la pregunta de por cuánto tiempo se podrá sostener el tipo de cambio real alto que se logró con las primeras medidas”, comenta.

Una de las mayores críticas implica la falta de disposiciones en relación con el impuesto a las ganancias. Mokovits considera posible que esto se deba a un intento de que la ley sea aprobada, pero enfatiza que el Gobierno no consideró la oportunidad como un momento pertinente de poner sobre la mesa un tema que deberá encarar rápidamente, “porque está atado también a cualquier reforma tributaria”, explica.

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