Ley de hidrocarburos: el Ministerio de la Mujer manejará fondos derivados del petróleo
La Secretaría de Energía ya lo elevó a Presidencia y será el mandatario quien hará el envío oficial del proyecto al Congreso
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LA NACIONSofía Diamante
El Ministerio de Economía le entregará en los próximos días el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas a Presidencia, y será el mandatario quien hará la presentación formal en el Congreso. Se trata de una de las principales apuestas de gestión del Gobierno, con la cual busca ofrecer un esquema de previsibilidad para el sector del petróleo y gas por los próximos 20 años, garantizar el abastecimiento interno y aumentar las exportaciones.
El proyecto no tiene grandes sorpresas respecto al borrador que trascendió hace casi dos meses: aquellas empresas que aumenten sus niveles de producción de petróleo podrán exportar en firme (ininterrumpible) un 20% de ese incremental. De ese 20%, el 50% de las divisas que se generen podrán ser de libre disponibilidad; es decir, no habrá necesidad de liquidarlas en el país.
La línea base de producción de cada empresa, sobre la cual se calculará el incremental, es la que resulte del mayor nivel entre el periodo de todo 2019 o los últimos 12 meses anteriores a abril 2021, que es cuando empezaron a darle forma al proyecto. Según proyecciones del mercado, la producción base agregada serían 553.000 barriles por día.
Luego, cada empresa tendrá un porcentaje de la producción incremental individual que podrá obtener en concepto de autorizaciones de exportaciones garantizadas. Si incrementa su oferta entre un 10 y 30%, podrá exportar en firme un 30%; si aumenta entre 30 y 50%, un 40%, y si es mayor al 50%, la mitad de ese crecimiento se podrá exportar con contratos ininterrumpibles.
Por fuera de los detalles técnicos, se destaca que finalmente no habrá un mecanismo de ajuste para determinar los precios internos de la nafta y el gasoil, como se había analizado al comienzo. Esto quiere decir que el mercado de combustibles seguirá siendo “libre”, aunque en la práctica es controlado por YPF, que es la empresa con el 55% de participación en las ventas.
En tanto habrá un cambio en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO2), donde se sustituirán los montos fijos, que debían ser actualizados trimestralmente en base la inflación, por alícuotas porcentuales a aplicarse sobre el precio de venta.
El proyecto de ley también tiene una novedad respecto a la creación de dos fondos para incentivar políticas con perspectivas de género y con enfoque en medidas de sustentabilidad. Un 2% de lo recaudado por las retenciones de las exportaciones garantizadas de petróleo irán a nutrir estos dos fondos, que luego serán administrados por los Ministerios de la Mujer y de Economía, respectivamente. La idea es financiar becas para carreras de grado afines a la demanda de empleo del sector energético.
Además, las empresas que presenten planes de contratación de personal con perspectiva de género podrán tener hasta un 80% de reducción en las contribuciones patronales en los primeros años.
En la Secretaría de Energía no quieren hacer una proyección de cuántas inversiones podría movilizar la ley, pero indicaron que “las empresas recibieron el borrador de manera muy positiva y las expectativas son muy interesantes”.
Cuando se filtró el primer texto del proyecto hace unas semanas, sin embargo, algunas de las petroleras dijeron que “tiene sabor a poco” y que es muy “mezquino”, aunque “es preferible tener una ley a no tener nada”.
Proyectos especiales
La ley tiene también un parte dedicada a incentivar inversiones en proyectos especiales, que tendrán un beneficio fiscal adicional. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía esperan que la ley sea la base para la construcción de un nuevo gasoducto.
Entre los proyectos a los que se hace mención el proyecto se encuentran el de almacenaje subterráneo de gas natural (con una inversión de al menos US$30 millones en tres años), los grandes proyectos de infraestructura, transporte e industrialización de gas, como la planta de licuefacción (US$1200 millones), la producción convencional (US$100 millones en cuatro años), y la producción de gas y petróleo no convencional (US$400 millones anuales).
“En cuanto a los proyectos de importancia estratégica para el país, se establece un Régimen Especial de Promoción para Proyectos de Exploración, Producción, Industrialización, Almacenaje y/o Transporte de Hidrocarburos y Derivados, con incentivos adicionales fundamentalmente en materia de impuestos”, dijeron en el Gobierno.
Por Sofía Diamante
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