Ley Bases y paquete fiscal: los cinco efectos económicos de corto plazo tras la aprobación de los proyectos

Si bien el Gobierno hubiese preferido que la Ley Bases y el paquete fiscal se tratasen más rápido en el Congreso, la aprobación de ambos proyectos llega justo en el momento en el que el equipo económico necesita mostrar que cuenta con más instrumentos para estabilizar la economía. A diferencia de lo que ocurrió en los meses previos, la política en este caso buscará aplacar los ruidos económicos que genera la imposibilidad del Banco Central (BCRA) de sumar reservas.

Durante junio, las principales variables que mira en detalle el mercado financiero empezaron a trastabillar. El Banco Central vendió US$46 millones (cuando antes compraba alrededor de US$2500 millones por mes); los dólares paralelos subieron 10%, se acomodaron arriba de $1300 y la brecha cambiaria se posicionó en 45%; la inflación se estancó en 4,2% (en mayo) y sería 5% este mes, según las proyecciones privadas, y, por primera vez, no se lograría el superávit financiero (aumentó el gasto fiscal por el pago de aguinaldos).

A través de ambas leyes, el Gobierno sumará recursos y dólares, dos ingresos que necesita para quitar el cepo cambiario, que es la restricción que más impide la normalización de la economía.

Con la aprobación de la Ley Bases, el equipo económico se asegura tener una herramienta para seducir a los inversores. Se trata del régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI), que motorizará el ingreso de corto plazo de capitales para los sectores forestal, minería, infraestructura, energía, y tecnología. Las empresas TGS y Sidersa ya anunciaron que desembolsarán US$700 millones y US$300 millones, respectivamente, a partir del segundo semestre.

En el tintero también hay promesas de inversión de YPF, que en septiembre comenzará a construir el oleoducto Vaca Muerta Sur, que conectará el reservorio de mayor producción con un nuevo puerto en Río Negro. Al tener aguas más profundas que Bahía Blanca, habilitará la llegada de buques de mayor porte, lo que hará más competitiva la exportación petrolera. Para estas obras, se espera una inversión total de US$2200 millones, que desembolsará principalmente YPF junto con otro grupo de empresas petroleras.

El paquete fiscal, en tanto, le habilita al ministro de Economía, Luis Caputo, a lanzar una nueva regularización de activos externos, llamado coloquialmente “blanqueo”. Según el texto, no hay límite máximo de cuánto se puede blanquear sin tener que pagar multas, siempre y cuando el dinero que ingresa al sistema financiero argentino no salga hasta el 31 de diciembre de 2025 o se destine a otras inversiones productivas que el Ministerio de Economía detallará cuando se reglamente.

La formalización de activos, a su vez, le permitirá al fisco sumar nuevos ingresos. Según cálculos del banco BBVA, el blanqueo, la moratoria tributaria, aduanera y laboral, y la suba del impuesto al tabaco de 70% a 73% sobre el precio de venta le permitirán al Palacio de Hacienda recaudar 0,6% del PBI extra todo el año.

Los mayores ingresos, sin embargo, llegarán gracias a la reincorporación en Diputados de la ampliación de Ganancias y del plan de incentivos para adelantar el pago de Bienes Personales.

En concreto, el piso a partir del cual se pagaría Ganancias (el minino no imponible) bajará de $3,5 millones brutos a $1,8 millones para los solteros ($1,49 millones netos) y a $2,36 millones para los casados con hijos ($1,98 millones netos). Esto le permitirá al Estado recaudar alrededor de 0,7% del PBI adicionales, de los cuales 0,3% se destinaría a Nación y los 0,4% restantes se coparticipará entre las provincias.

El adelantamiento del pago de Bienes Personales, en tanto, le dará al fisco un ingreso adicional de única vez de 0,3% del producto, según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Los ciudadanos que adhieran podrán adelantar el pago del tributo correspondiente a los próximos cinco años.

Ante este shock de ingresos, Caputo prometió que, si se aprobaban ambos paquetes de ley (cuestión que finalmente sucedió), bajará la alícuota del impuesto PAIS que se aplica a las importaciones de 17,5% al 7,5%. Esta iniciativa reducirá el costo de la compra de insumos para la producción, lo que ayudará al proceso de desaceleración de la inflación.

Sin embargo, el Ministerio de Economía podría aprovechar la ocasión para subir el valor del tipo de cambio oficial, que actualmente se encuentra en $910, lo que implicaría una aceleración de la devaluación, que se mantiene en un ritmo de 2% mensual desde diciembre. Se trata de una idea que recomendó el exministro de Economía Domingo Cavallo y que se extendió como una posibilidad concreta en el mercado financiero, al notar las dificultades que tiene el Banco Central para sumar reservas.

“Los proyectos le pueden aportar recursos al Gobierno para empezar a marcar la salida del cepo. Un primer paso importante es independizar al menos una parte del resultado fiscal del impuesto PAIS. Se habla mucho de eso entre los inversores y los analistas, de cuál es la ruta de salida del cepo. Está claro que no se puede preanunciar, porque te juega en contra, pero también está claro que si empiezan a resolver ciertas cuestiones empiezan a marcar el camino”, opinó el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier.

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