Las “líneas rojas” que el Gobierno destaca de la autopsia del FMI y lo que faltó

El Ex Post Evaluation (EPE) del Stand-By Agreement (SBA) de 2018 -la “autopsia” oficial realizada por el staff- fue celebrada puertas adentro del Gobierno por los cuestionamientos técnicos elevados -”más críticos a los esperados”, según expresaron-, a pesar de que no avaló una definición de si el organismo violó sus propios estatutos al otorgarle un préstamo por encima de lo que le correspondía al país, tal como el kirchnerismo duro denunció una y otra vez, y además no remarcó, como hubiera querido el oficialismo, el impacto de un ajuste fiscal en un contexto recesivo.

En el Ministerio de Economía interpretaron que la EPE -un análisis pormenorizado que es una condición obligatoria dentro del FMI para encarar una renegociación de un programa fallido- marcó por lo menos tres “líneas rojas”. La primera, siempre según la mirada de las fuentes oficiales, es que reconoce que el gobierno de Cambiemos debió reestructurar la deuda para reducir las necesidades de financiamiento de corto plazo; la segunda implica que debió instaurar control de capital para evitar la fuga de divisas; la última es que reconoce que el diagnóstico de Juntos por el Cambio sobre la inflación era equivocado y que la inflación es un fenómeno multicausal, un diagnóstico similar al de Gobierno.

En el Palacio de Hacienda creen que la EPE que dio a conocer el FMI hoy tras su tratamiento en el directorio ratifica “el fracaso del programa de 2018″. “Sostiene además que éste no cumplió con el objetivo de restaurar la confianza de los mercados en la Argentina y aceptaría -leen en el quinto piso del Ministerio de Economía- que las políticas de coordinación (acuerdos de precios y salarios, como los impulsados por la gestión de Alberto Fernández) hubieran ayudado a fijar expectativas en torno a una menor tasa de inflación, pero éstas no fueron consideradas adecuadas por Macri”.

El informe Guzmán

Más allá de la lectura que en la cartera que conduce Martín Guzmán hicieron de la EPE del Fondo, el Ministerio de Economía presentó un informe en el que elevó su posición oficial frente al documento e hizo recomendaciones.

En el Palacio de Hacienda estimaron que el SBA “fracasó” porque no logró cumplir con ninguno de los siguientes cuatro objetivos: restaurar la confianza del mercado, proteger a los más vulnerables de la sociedad, fortalecer la credibilidad del marco de metas de inflación del Banco Central (BCRA), y progresivamente, disminuir las tensiones en la balanza de pagos.

Además, cerca del ministro hicieron una crítica técnica a la EPE. “Es aún insuficiente la advertencia sobre los riesgos de un ajuste fiscal en contextos recesivos”, estimaron cerca del economista platense. Luego, en las recomendaciones, esgrimieron el cuestionamiento político: pidieron allí, como primera medida, que exista “una revisión adecuada” por parte del FMI sobre el cumplimiento del artículo 6 del estatuto del organismo que conduce Kristalina Georgieva. “Les escapan al bulto”, dijeron cerca del ministro sobre el debate acerca si si el Fondo violó o no sus estatutos.

Por otra parte, pidieron definir adecuadamente el concepto de “ownership” para que un futuro programa incluya al Congreso, la sociedad civil, los sindicatos y la sociedad en general. Este pedido se desprende no sólo del reclamo del propio Fondo de un consenso amplio, sino de la crítica oficial que indica que el SBA firmado por Macri no tenía consenso social y que infringió normas -interviniendo en el mercado cambiario cuando sólo podía usar los dólares para hacer frente a la crisis de balanza de pagos- para llevar adelante una política partidaria sin respaldo social. Por eso, la siguiente recomendación de Economía fue “establecer la necesidad de evitar el uso político de los programas del FMI”.

Por último, en sintonía con la “escasez de autocrítica sobre el tema fiscal” en la EPE del Fondo, afirmaron que en el caso argentino “el crecimiento es condición precedente para la estabilidad”. En Economía siguen creyendo que en el Fondo, y en la EPE, sobrevuela aún una “sobrecreencia” en las bondades del ajuste fiscal.

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