Las trabas a las importaciones podrían complicar la provisión de internet
Los proveedores aseguran que no están pudiendo pagar las direcciones IP, protocolos claves para que la red funcione
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
A los problemas que se empiezan a registrar de empresas que no pueden pagar licencias de Microsoft y Google, o servicios como los de Salesforce, por las trabas a las importaciones, se suman más complicaciones en eslabones previos de la cadena. En concreto, proveedores de Internet (ISP, según sus siglas en inglés) dicen que no pueden abonar las direcciones IP (dirección del Protocolo de Internet) que permiten dar servicio y que incluso no se les estaría pagando a las empresas dueñas de los cables submarinos que conectan a la Argentina con el resto del mundo.
“Hay una desesperación por pagar las direcciones IP, porque son la base para que todo funcione. Si no pagás, ninguna red funciona”, afirmó en diálogo con LA NACION, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).
Según explicó, toda red tiene dos recursos críticos: uno es el número de sistema autónomo o ASN y el otro son las direcciones IP. El número autónomo de red se paga una vez, pero los operadores tienen que renovar todos los años las direcciones IP. Quien cobra es el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (Lacnic).
“Los operadores pagan la tenencia de las direcciones IP con una transferencia bancaria y hoy la mayoría de los que tenían vencimientos no están pudiendo pagar. Ahora tenemos el compromiso de la Secretaría de Comercio de que las pymes van a poder acceder a esas importaciones, pero lo cierto es que, ante un impago, Lacnic tiene derecho a cortarte las direcciones IP y con eso se corta Internet para el operador que no pagó”, explicó.
Otro tema es que los ISP pagan directa o indirectamente a través de otras empresas los servicios de los cables submarinos que traen Internet a la Argentina, propiedad de compañías como Globenet y Telecom Italia, entre otras, a las que tampoco se les estaría abonando, según explican en el sector.
Manifiesto
Graizer, de Cabase, presentó hoy en las jornadas internacionales de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) un manifiesto de las industria TIC junto a autoridades de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (Cacpy), la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la zona Sur (Fecosur), DirecTV, Telecom y Telefónica en el que pidieron, entre otras cosas, retomar el status regulatorio previo al DNU 690/2020. En este sentido, proponen restablecer la libertad de precios y la promoción de una competencia justa.
Por otro lado, plantearon la necesidad de que el Fondo de Servicio Universal (al que se destina un 1% de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de telecomunicaciones) se enmarque en un plan integral del que participe también el sector privado. Asimismo, impulsan la incorporación de los aportes de las empresas extranjeras de streaming, hoy excluidas, con la finalidad de que contribuyan al despliegue de redes en localidades pequeñas y al acceso a conectividad de segmentos vulnerables de la población.
El precio del espectro
Otro de los reclamos que sobrevoló las jornadas se relacionó con el precio del espectro de cara a las futuras licitaciones de 4G y 5G. Al respecto, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, dijo que el monto de US$1400 millones esperado para la licitación de la red de 5G es demasiado elevado para que se subaste solo la banda de 3,5 GHz y que se podría llegar a ese valor si entraran en juego otras bandas calificadas como aptas para 5G.
En este sentido, llamó a mirar el proceso licitatorio que tuvo lugar en Brasil. “El ejemplo de Brasil es muy importante. Se tuvo en cuenta cuáles son las reglas del negocio para el despliegue. Fortalecieron la industria previamente, modificaron la ley de telecomunicaciones y bajaron la fiscalidad del sector”, agregó.
Por otro lado, el consejero de la e la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Moisés Queiroz Moreira, dijo que, gracias a que la licitación en Brasil no tuvo objetivo recaudatorio, todo el país tendrá 5G en siete años. “Una licitación sin foco recaudatorio genera el compromiso de despliegue. Esto está basado en la experiencia y en el diálogo. Brasil está segunda en velocidad en el mundo, detrás de Corea del Sur. Más importante que recaudar es que las empresas inviertan y conecten el país”, concluyó.
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