Las tarifas de luz en el Interior aumentaron hasta 35%, mientras para Edenor y Edesur están congeladas

Mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se debatirá la semana próxima cuánto hay que aumentar las tarifas de electricidad después de más de dos años de congelamiento, en el interior del país la mayoría de los gobiernos provinciales ya autorizó incrementos que van desde el 6,5% al 35%.

La factura de luz está compuesta por tres componentes (cuatro, si se le suman los impuestos, que tienen un impacto del 25% en el precio final): generación de electricidad, transporte y distribución. La parte de transporte y generación está regulada por el gobierno nacional, que además subsidia la mitad de lo que cuesta generar la electricidad.

La distribución, en cambio, está regulada por las provincias, salvo Edenor y Edesur, que están controladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y es quien decide las actualizaciones de precios. En el AMBA, las tarifas de luz se mantienen sin cambios desde febrero de 2019.

En un relevamiento al que accedió LA NACION, se puede comprobar que la mayoría de los gobiernos provinciales autorizaron aumentos de tarifas eléctricas en el último año. Este es el caso de Tucumán (35%), Corrientes (30%), Mendoza (27%), San Luis (25%), Río Negro (19,5%), Salta (21,78%), Jujuy (20%), Catamarca (20%), Entre Ríos (15%), Córdoba (8,69%) y San Juan (6,48%). La próxima semana, además, en Chaco se esperaba un alza de 35%, pero fuentes de la distribuidora Secheep lo desmintieron.

Al igual que ocurrió durante las dos presidencias de Cristina Kirchner, el congelamiento de las tarifas de luz se aplica solo en el AMBA. Lo mismo sucede con el servicio de agua: mientras que el último aumento de Aysa fue de 48,6% en 2019, hay gobiernos provinciales que ya dieron incrementos, como Córdoba (35%), Santa Fe (32%), Mendoza (25%), Tucumán (25%) y Corrientes (20%). Por ahora, en la empresa que preside Malena Galmarini no está previsto aplicar un aumento.

En cuanto a la electricidad, la semana próxima (lunes y martes) se llevará a cabo la audiencia pública para evaluar los aumentos que se les permitirán aplicar a Edenor y Edesur. Se cree que el alza podría ser de 20% para las distribuidoras, lo que implicaría un aumento final de las tarifas de entre 7 y 9%. También se debatirá en las audiencias la necesidad de subir la tarifa al componente transporte, lo que implicaría un incremento para las facturas de luz en el Interior.

Aumento de subsidios

El 73% de los subsidios energéticos que se utilizaron el año pasado estuvo destinado a financiar la generación eléctrica: las transferencias del Tesoro a Cammesa fueron $323.000 millones (US$6232 millones) y aumentaron 133% respecto de igual periodo de 2019, según el informe mensual de Instituto General Mosconi. Para este año, en el Gobierno ya proyectan una erogación de $700.000 millones, mayor a los $440.000 millones que había presupuestado.

Los mayores subsidios se deben al aumento del precio del gas, el principal insumo de las usinas de electricidad; a la caída en la cobranza del pago de las distribuidoras, y a la falta de actualización del precio que pagan los usuarios residenciales por el costo de la generación.

A la fecha, los clientes residenciales pagan alrededor de la mitad del costo de generación, que está dolarizado. La Secretaría de Energía no actualizará por ahora este componente de las tarifas, aunque está en los planes hacer una segmentación del precio estacional. Mientras tanto, producto de la devaluación, lo que pagan los usuarios en pesos alcanzará para cubrir cada vez una menor parte del costo de generación, que se deberá financiar con el incremento de los subsidios.

Para compensar esta alza, el mes pasado el Gobierno decidió incrementar las tarifas eléctricas entre 50 y 70% a 4000 comercios e industrias, con lo cual se ahorrará este año $35.000 millones.

En los planes de la Secretaría de Energía también está el de avanzar con una moratoria para las distribuidoras, que le deben a Cammesa alrededor de $165.000 millones. El plan ya fue aprobado en la ley de presupuesto, pero todavía no se puso en práctica. Recién la semana pasada las distribuidoras le presentaron a la Subsecretaría de Energía la información requerida.

Ahora los funcionarios analizarán la situación de cada compañía y decidirán la condonación de deudas, que puede ser de hasta cinco veces la factura media mensual del último año o el 66% de la deuda existente. Los compromisos remanentes deberán ser regularizados mediante un plan de pagos con un plazo de hasta 60 cuotas mensuales, períodos de gracia de hasta seis meses y una tasa de interés equivalente hasta el 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

La Secretaría de Energía todavía tiene que redactar los parámetros para elegir el nivel de condonación, entre los que se encontrarán si las distribuidoras adhirieron o no al congelamiento y si cortaron o no el servicio. Con este régimen, en el Gobierno buscan que Cammesa tenga más herramientas para presionar el pago de la generación eléctrica, ya que, de lo contrario, la compañía acumula activos difíciles de cobrar.

En lo que va del año, el nivel de cobranza estuvo cerca del 60%, lejos del 90% que estimaban en la Secretaría de Energía. Sucede que, como los ingresos de las distribuidoras no se actualizan al ritmo del incremento de los costos, las empresas se financian con el dinero que le corresponde a Cammesa.

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