Las promesas del Gobierno a las petroleras para que acepten aumentar solo 4% por mes
Las cuatro principales empresas aceptaron la incorporación al programa Precios Justos; Massa les prometió tres condiciones, que no estarán escritas en un acuerdo
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LA NACIONCamila Dolabjian
Tras reunirse con los ejecutivos de las cuatro principales petroleras del país, el Gobierno confirmó su incorporación al programa de Precios Justos -con aumentos pautados por cuatro meses- y deslizó cuáles serán las “contraprestaciones” prometidas a las empresas para que accedan a moderar los incrementos a 4% en diciembre, enero y febrero, y 3,8% en marzo. El impacto en la inflación, de acuerdo con fuentes oficiales, será de cerca de 0,24 puntos porcentuales por mes.
Sergio Massa, el ministro de Economía, Flavia Royón, la secretaria de Energía, y Matías Tombolini, de Comercio, se reunieron con el presidente de YPF, Pablo Gonzáles y los CEO de YPF, Pablo Iuliano; de Pan American Energy Group (Axion), Marcos Bulgheroni; de Trafigura (Puma), Martín Urdapilleta; y de Raízen Argentina (Shell), Teófilo Lacroze.
“Toda negociación supone mecanismos de tensión y discusión, cosas que nos conforman y cosas que no, pero haber arribado a este programa con un sendero de darle tranquilidad a la gente hasta marzo ayuda a tranquilizar a la economía argentina”, dijo Massa tras la reunión. El objetivo del ministro era moderar los incrementos, que promediaban un 6,5% en el año.
El encuentro se mantuvo a puertas cerradas durante la primera media hora. Las empresas realizaron algunos reclamos y se consensuó un acuerdo verbal. Según fuentes involucradas, lo pactado no se bajará a letra escrita ni se oficializará a través de una resolución, como fue el caso de las alimenticias. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a cumplir con tres pedidos.
La primera promesa fue poner en garantía el acceso a divisas para importaciones, sobre todo para el abastecimiento de lubricantes. Habían llegado al mismo acuerdo con las alimenticias, para sus propios insumos, que todavía no cuentan con señales de cumplimiento por parte del Gobierno, tras dar cuenta de que no se puso por escrito lo conversado verbalmente en las negociaciones. Por este motivo, 40 empresas todavía no firmaron el convenio.
En segundo lugar, el Gobierno pactó reducir temporalmente los impuestos a la importación de combustibles para garantizar el abastecimiento a los sectores agropecuarios, especialmente en enero y febrero. En el primer semestre del año, la escasez del suministro de gasoil alcanzó a 19 provincias, que presentaron distintos problemas de abastecimiento, afectando a la actividad.
El último compromiso del Gobierno fue referido por Flavia Royón en una pequeña conferencia brindada junto con Tombolini, después de finalizada la reunión. Dijo que trabajará con las petroleras para agilizar el cobro de sus deudas. LA NACION consultó a la Secretaría de Energía respecto de este punto, que adelantó que se refiere al decreto 639/22 de Régimen de Incentivos al Abastecimiento Interno de Combustible” (RIAIC).
Este indica que a las empresas refinadoras y/o refinadoras integradas que sean sujetos pasivos de los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y que cumplan los requisitos del decreto, se les reconoce un bono electrónico por declaraciones juradas y anticipos, en concepto de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, por todos los hechos imponibles e importaciones de combustibles, que se perfeccionen dentro de los 90 días de su acreditación. “Se encuentra para salir la reglamentación correspondiente”, dijeron desde las oficinas de Energía.
Con respecto al control de los precios, fuentes del sector privado destacaron que no será fácil corroborar el cumplimiento de los aumentos debido a los distintos esquemas de distribución y dispendio que las compañías tienen, cada una, con las estaciones de servicio que portan su marca. Por otro lado, el Ministerio de Economía confirmó a este medio que no habrá una plataforma específica para denunciar incrementos por sobre el techo pautado.
Sin embargo, Massa remarcó que van a trabajar en una estructura que “va a tener la particularidad del compromiso de los trabajadores de las estaciones de servicio de articular con la Secretaría de Comercio a los efectos de garantizar el control y el cumplimiento del programa de Precios Justos”. Según el comunicado, serán los empleados los que realicen la fiscalización sobre sus empleadores. También pidieron a las empresas que denuncien a sus colaboradores que no cumplan con el acuerdo.
Los aumentos pautados servirán como un techo y permitirán variaciones geográficas. Las empresas podrán incrementar los valores hasta un 4% en los primeros tres meses, aunque por las diferencias en logística en las distintas provincias, deberían ser menores en algunas, más que en otras.
Con la colaboración de Jaime Rosemberg.
Por Camila Dolabjian
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