Las profecías del ministro zen y un nuevo frente de conflicto en una semana coleccionable para Milei
Las conclusiones del Gobierno tras la mejor semana financiera del año; se acelera el proceso para privatizar empresas públicas y recrudece la tensión con las compañías que producen en el país
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Quienes conocen a Luis Caputo sostienen que el ministro de Economía se maneja como si fuese a quedarse hasta el año 2027, cuando termina el mandato de Javier Milei. Es un tiempo exagerado en comparación con la evidencia que aporta la historia argentina, acostumbrada a eyectar de esa silla a quien la ocupe cada vez que hay una crisis.
Parado frente a un conjunto de pantallas que muestran la situación de las principales variables financieras, Caputo piensa para sí mismo que se están cumpliendo sus predicciones y anticipa a quienes se lo preguntan que el futuro cercano seguirá llevándose puesto el escepticismo que muestra una parte del círculo rojo con respecto al Gobierno. En otros términos, el Gobierno espera que se profundicen las tendencias que emergieron en los últimos días, incluído el peligroso tipo de cambio, más allá del final del la etapa más prolífica del blanqueo.
La dosis adicional de confianza está justificada por lo que pasó en la semana, la mejor para Javier Milei en este terreno desde que llegó a la Presidencia. Bajó el riesgo país y escalaron los precios de los bonos, los dólares financieros están por debajo de $1200, subieron las acciones, el Banco Central volvió a recomponer reservas, la inflación descendió del granítico piso del 4% y hasta el FMI anunció que le cobraría menos interés a países como la Argentina.
Es el paisaje más amable de un camino que tiene otros trayectos en mal estado. Caputo, sin embargo, se muestra tranquilo en su temperamento, confiado en sus decisiones y secuencial en la aplicación de medidas. Algunas escenas recientes de la vida cotidiana corroboran el hecho de que el equipo económico puso su ansiedad a raya.
Marcelo Mindlin es uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Arrancó el día con especial entusiasmo el 6 de septiembre pasado. Su empresa, Pampa Energía, había tomado crédito en el mercado de capitales hasta 2031 a una tasa del 8,25% anual. Mindlin, un experto en finanzas, sacó dos conclusiones. La primera era que el precio del dinero para las empresas argentinas estaba bajando. La segunda, que su empresa pagaba menos que el resto. Se lo dijo a todo el que pudo y hasta chuceó a otro ejecutivo amigo que había pagado unas décimas más para endeudarse.
Día de sentimientos encontrados para el mismo empresario. El jueves 3 de octubre, Luis Caputo se encargó de difundir por X la última buena noticia para Mindlin. Un día antes, Pampa había tomado deuda al 5,75% anual, menos de lo que pagaría afuera, según el ministro. Y mucho menos de lo que había convalidado la misma empresa casi un mes antes. El funcionario se adjudicó parte de ese éxito por omisión, más que por acción. Como el Estado no está quedándose con los dólares que entran del blanqueo mediante un bono del Estado, eso redunda en crédito más conveniente para el sector privado. Su expectativa es que decisiones de ese tipo colaboren con la actividad económica y con la baja de la inflación.
El caso anterior es un ejemplo de lo que está experimentando una porción del empresariado. Pampa Energía había arrancado con el pie izquierdo su relación con el Gobierno, al igual que muchas otras empresas con participación en el negocio eléctrico, como Central Puerto, Enel (Edesur), AES y Pan American Energy (familia Bulgheroni), porque Caputo les hizo un fuerte descuento por un servicio que ya habían prestado.
Esas cosas parecen haber quedado atrás y las mismas compañías comienzan a tomarle el gusto a cierta normalidad económica. Es, lo saben, un poco impostada. En un contexto en el que el blanqueo aceleró la llegada de dólares, conseguir financiamiento es similar a pescar en una pecera. Falta saber si tendrían la misma suerte en una economía sin cepo en la que los dólares fluyan libremente a donde quieren sus dueños.
El plan de Milei y Caputo también está rompiendo corazones. Lo sabe el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, que se convirtió en el vocero de algunas medidas cercanas a las ideas liberales, pero que generan alarma entre empresarios con inversiones en el país.
Lavigne es el que llama a los fabricantes locales para avisarles que el Gobierno implementará medidas en contra de sus intereses. Días atrás lo experimentó Javier Madanes Quintanilla, de la fabricante local de neumáticos Fate, entre otras personas.
Para bajar los precios locales, el Gobierno dispuso en el año varias bajas de aranceles a la importación de distintos productos.
La situación de Madanes Quintanilla es particular. También dueño de Aluar, uno de los gigantes industriales del país, no encarna ninguna defensa sectorial y reconoce que el precio de los neumáticos está excesivamente caro en la Argentina, a tal punto que no descarta empezar a traerlos de afuera pese a que tiene su planta en el país.
A Madanes le pasa lo mismo que a muchos otros empresarios que forman parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal central fabril del país. Lamentan que los diagnósticos del Gobierno se hagan, según dicen, en base a los precios y sin tener en cuenta otras cosas, como el costo argentino. Una de las personas más importantes del ecosistema privado nacional lanzó un pronóstico lapidario: si la tendencia es mantener esa postura, la administración actual conducirá a la “finalización” de determinados sectores. Es decir, a su extinción.
En el marco de las discusiones con el tándem Lavigne - Juan Pazo (coordinador del área de Producción), surge una idea que les da a las empresas cierto sosiego en un contexto adverso, sin embargo. La intención oficial es que los precios argentinos se acerquen a los niveles de la región, algo que reduce, al menos en las palabras, el riesgo a la importación de productos asiáticos de forma masiva.
Es un juego de resultado impreciso, porque la producción china entra al país escondida en documentos de otra nacionalidad. Los fabricantes de latas de acero para envases dicen que están perjudicados por los alimentos que vienen de Chile y Perú en recipientes hechos con acero chino que entran sin arancel por un convenio entre el Mercosur y la Comunidad Andina.
Lo mismo que pasa con el visto bueno del Gobierno para traer de afuera microondas y lavavajillas, que tienen fabricación local. Entre los proveedores de chapa está Ternium, la empresa del Grupo Techint, que maneja Paolo Rocca. El empresario, que tiene diálogo con Milei, está entre los principales críticos de la primarización de la economía latinoamericana por el avance chino.
Los industriales, entonces, comenzaron a levantar la guardia. En una imaginaria balanza en la que la Casa Rosada debe elegir entre beneficiar al consumidor con la baja de la inflación o sostener al sector productivo convalidando precios por encima de los valores internacionales, se inclina por la primera. El Estado, de hecho, lo está haciendo con sus propias empresas.
En los próximos días se intervendrá oficialmente Casa de Moneda, la imprenta pública que se creó en 1875, durante la administración de Nicolás Avellaneda, considerada una de las presidencias fundacionales del país.
El interventor, que definirán Diego Chaher, a cargo de las empresas públicas, y su jefe Santiago Caputo, deberá en primer lugar cerrar la planta de Ciccone, algo que ocurriría en los próximos 20 días. Luego, tendrá que definir un plan para cumplir contratos vigentes con el Banco Central para la provisión de dinero, pero también para la confección de pasaportes y las patentes de los vehículos.
El final de Casa de Moneda es una alegoría del temor que envuelve al sector productivo en el regreso del liberalismo al control del Estado. Todo se define, otra vez, en una palabra: precios.
La última licitación que organizó el Banco Central dejó al menos dos evidencias. La primera es que hay muchas firmas en el mundo con capacidad sobrante para producir billetes. De hecho, si bien la imprenta estatal china ganó la compulsa, se presentaron competidores de Brasil, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La segunda: todos, incluso los más caros, están en condiciones de venderle a la Argentina más barato que su propia imprenta estatal.
En el espíritu de los funcionarios que analizan los números está la intención de cerrar definitivamente Casa de Moneda. No ocurrirá en breve. Poco importa el costado sentimental del hecho de que esta compañía haya sido testigo temprano de la formación del Estado argentino casi como se lo conoce hoy.
Un funcionario de Javier Milei que talla en la cuestión lo expresó en términos tajantes. No puede haber nostalgia, dice, con una empresa que tiene deudas por más de US$370 millones en un país en el que una de cada dos personas es pobre.
Es el espíritu de Javier Milei, al que pocos entienden tan bien como Santiago Caputo, quien intenta imprimirle un ritmo cada vez mayor a la dieta a la que está sometido el Estado, según muestran los giros que está dando el universo alrededor del asesor que integra el “triángulo de hierro”. El sector público también espera desprenderse de una parte importante de Arsat, la empresa nacional de telecomunicaciones, el año próximo. Lo mismo pasaría con AySA, la firma proveedora del servicio de aguas y cloacas de la zona metropolitana.
Otros procesos están en etapas distintas, pero en marcha. Tristán Socas es el flamante presidente de Enarsa, la empresa nacional que recibe millones en subsidios para sostener el mercado de la energía. Es un especialista en finanzas reclutado por Francisco Caputo, hermano de Santiago, que desde su nombramiento se involucró poco en la gestión cotidiana de este gigante de la energía. Sin embargo, se interiorizó en profundidad acerca de los bienes que puede poner en venta la empresa.
Enarsa es dueña, entre otras cosas, de centrales eléctricas millonarias por las que el sector privado está preguntando precio, y del Gasoducto Néstor Kirchner, un caño revalorizado por el boom de Vaca Muerta.
Algo similar, pero más complejo, debe hacer Alberto Lamagna, que llegó en condiciones similares a Na-Sa, la firma que agrupa al negocio argentino de energía nuclear.
Una de las molestias de los empresarios privados tiene que ver con la secuencia. Consideran que las medidas a favor de la apertura de la economía van más rápido que las orientadas a mejorar la competitividad mediante la baja de impuestos. En la discusión con el Gobierno, la industria corrió cinco centímetros hacia atrás la silla, pero no se levantó de la mesa.
Es una relación que estará llena de sabores agridulces. Un ejemplo es el comercio exterior. En los últimos días, el Gobierno rechazó muchos pedidos de medidas antidumping -consisten en aplicar un arancel adicional para subir el precio del producto importado en la Argentina- de empresas locales contra bienes extranjeros. Pero, al mismo tiempo, trabaja en una alternativa para que las grandes, pequeñas y medianas empresas puedan presentar sus reclamos por potenciales casos de dumping de forma más sencilla y con resultados más rápidos. Se anunciará en los próximos días y promete eliminar la burocracia que hace más difícil para el fabricante local defenderse de los productos que vienen de afuera con precios subsidiados en sus países.
Gobierno e industria están obligados a convivir por necesidad. Ambos se requieren para que las buenas noticias financieras se traduzcan en crecimiento económico y creación de empleo sostenidos, algo que aún no ocurre.
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