Las prepagas y prestadores de salud se presentaron a la Justicia y pidieron un aumento de 9,77% en sus cuotas

Tal como habían anticipado, las empresas de medicina prepaga, sanatorios, clínicas y demás prestadores de la salud presentaron hoy ante la Justicia una medida cautelar para que se los autorice a aumentar 9,77% las cuotas de sus planes, en virtud del art. 17 de la ley 26.683, que regula su actividad, y que establece que el incremento es procedente cuando varía la estructura de costos.

En un escrito de 28 páginas, 15 instituciones de la salud, que ayer en una conferencia habían denunciado que detrás del congelamiento de sus tarifas hay un plan del Gobierno para estatizar de hecho el sistema, pidieron que se les autorice el mencionado aumento. “Venimos a solicitar una medida cautelar autónoma (art. 230 y conc. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del art. 14, ley 26.854), consistente en que se autorice un aumento del 9,77 % sobre el valor actual de las cuotas de las EMP [nombre bajo el que se agrupó a los presentantes]”, se expresó en la demanda, a la que tuvo acceso LA NACION (ver documento adjunto).

Además, en la presentación se destacó que la medida tiene la particularidad (poco frecuente) de que se nutre de elementos provenientes de la propia Administración: “i) los datos objetivos de un informe técnico de octubre de 2020, elaborado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y tenido en cuenta por el Ministerio de Salud en las resoluciones que se impugnaron en sede administrativa; (ii) las consideraciones que figuran en la última resolución del Ministerio, esto es: la resolución 987/21, que textualmente señala, en términos enérgicos, que es necesario tomar una medida de forma inmediata y sin dilación alguna, para dotar de recursos al sistema, a los fines de permitir obtener los mejores resultados como consecuencia de la negociación paritaria, y teniendo “especial consideración de la situación sanitaria y epidemiológica actual”.

El aumento solicitado, que se aclara que podría haber sido más ambicioso, pero que se limitó para que su viabilidad resulte indiscutible, resulta de la siguiente suma de variables: a) un 3,59% que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totaliza 25,52%) y el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado en por los cuadros técnicos de la SSS; b) un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria (cláusula de revisión).

Se solicitó, asimismo, que este aumento sea autorizado de manera interina, mientras dure el proceso administrativo y/o judicial; con carácter provisional, a cuenta del futuro aumento que corresponderá otorgar conforme lo que resulte de la resolución del reclamo impropio interpuesto y el aumento adicional solicitado.

Tal como había expresado ayer Luis María Degrossi, presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp), en la conferencia de prensa conjunta que realizaron en el complejo teatral Paseo La Plaza, esta medida cautelar debió ser presentada debido que no se obtuvo respuesta al recurso administrativo impropio que se interpuso el 28 de marzo y a la ampliación de ese recurso.

Para dejar en claro que lo que se reclama fue reconocido por el propio Gobierno, la demanda es encabezada con una declaración formulada el 10 de abril pasado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti: “Resulta necesario adoptar medidas que contribuyan a dotar en forma inmediata, sin dilación alguna, de recursos genuinos al Sistema, que permitan obtener los mejores resultados como consecuencia de la negociación paritaria y en especial consideración de la situación sanitaria y epidemiológica actual”.

Entre los argumentos de la medida cautelar también aparece la mención a aumentos insuficientes otorgados por el Ministerio de Salud, que, para colmo, luego fueron dejados sin efecto por esa misma cartera. Ante esta situación, los presentantes concluyen: “Sólo queda margen para especulaciones no jurídicas (tal vez, los aumentos eran políticamente incorrectos). Las resoluciones impugnadas no son otra cosa que decisiones puramente políticas discrecionales y arbitrarias, que pasan por alto los fundamentos técnicos y desconocen o peor aún se independizan irresponsablemente del sistema de salud y con ello del bien común...”.

El presidente de la UAS y dueño de Swiss Médica, Claudio Belocopitt, había afirmado ayer en la conferencia mencionada, que lo que se esconde detrás de este congelamiento de tarifas la intención gubernamental de estatizar el sistema privado de salud. “La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso, las autoridades elevan un proyecto al Congreso y se debate de cara a la sociedad, como se hizo con las AFJP. Pero si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero los desfinanciaría, lo pondría de rodillas y sobre los escombros y la ruina de la salud de millones de argentinos, diría que se sería necesario estatizar bajo el argumento de que el sistema no puede cumplir con sus obligaciones”, dijo el directivo.

Decididas a ir con todo en este tema, las entidades que presentaron la cautelar se reservaron el derecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Para el hipotético supuesto en el que se desestime lo peticionado en este escrito dejamos introducida la cuestión federal: formulamos reserva de acudir por ante la Corte Suprema por la vía prevista en el art. 14 de la Ley 48″, se expresó.

Asimismo, se formula reserva de recurrir a la instancia extraordinaria por arbitrariedad de la sentencia y en función de la gravedad institucional involucrada en la causa (afectación al sistema de salud en su conjunto), invocando, a tal efecto, la doctrina elaborada en tal sentido por el más Alto Tribunal de Justicia. “Agotada que fuera esta instancia, de no obtener el resguardo a los derechos vulnerados, dejamos planteada la postulación para recurrir al organismo dispuesto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, receptada por la Ley Nacional Nº 23.054, por la violación de tratados internacionales que brindan protección a la integridad y salud de las personas, Pacto de San José de Costa Rica”, se agregó en la demanda.

El último aumento autorizado por el Gobierno fue de 4,5% para abril y de 5,5% para mayo, alzas que se sumaron al del 10% que se aplicó en diciembre de 2020 y al de 3,5% que empezó a regir desde marzo de este año (el Gobierno frenó otra suba de 3,5% que debía efectivizarse en abril). Aún con estas actualizaciones, las empresas prestadoras de servicios de la salud en el país remarcan que persiste un desajuste de 40% entre lo que les aumentan los costos y lo que ellos cobran en concepto de cuotas de sus planes.

En este sentido, Jorge Piva, director de Medife y del sanatorio Finochietto, puntualizó que mientras que se va a llegar al 30 de junio con un 25% de inflación general, el sector de la medicina privada solo acumulará hasta esa fecha un aumento en sus cuotas de 13,5%. “Es decir un desfasaje de 12 puntos, que deben sumarse a la desactualización que tuvimos en 2020. A esta brecha se le debe encontrar una solución, porque compromete mucho el sostenimiento de nuestra actividad”, destacó el directivo.

Por su parte, Marcos Lozada, presidente de la Cámara de Empresas dedicadas a la Salud (Caescor), de Córdoba, contó la dura situación que se vive en el interior del país. “La realidad es que ya hay mucha localidades que no tienen servicio de salud. Hay un deterioro real, muy complejo, muy difícil de solucionar. Este planteo, que estamos acompañando, es agónico en el interior porque la necesidad de financiamiento es muy grande y no termina solo en lo que es prepago. Se necesita un flujo de fondos para mantenimiento de la estructura del sector”, remarcó.

En el sector insisten en que la evolución del gasto médico que soporta el sistema tiene una curva de crecimiento que se explica por la variación del dólar, el alza de los precios de los medicamentos que han sido poco controlados y el incremento de gastos sanatoriales producto de los nuevos protocolos de cuidados. “Como no se nos autoriza a aumentar las cuotas de los planes, tenemos incremento de gastos y estrechamiento de los ingresos. Esto lleva al sistema a la insolvencia, algo que nos conduce a no poder cumplir con nuestros afiliados”, dijo Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (Cempra).

En medio de este escenario, las empresas del sector explicaron que la paritaria salarial acentúa el atraso de las cuotas y agrava su situación financiera. “Estamos ante un nuevo costo que debe ser afrontado con cuotas que ni siquiera resultaban suficientes para cubrir los costos anteriores, en una situación de desfinanciamiento, en medio de una segunda ola de una pandemia sin precedentes”, indicaron en la medida cautelar presentada.

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