Las jubilaciones, un debate de prioridades
Laura Montero Para LA NACION
Aunque la discusión del monto de los haberes jubilatorios normalmente pretende llevarse sólo al plano de sus costos y su financiamiento, deberíamos colocar esta cuestión en el ámbito del sistema de prioridades que debe establecer el gasto público, en un país que pretende desarrollarse integralmente. Sabiendo que los recursos son escasos y que de lo que se trata es de cómo los distribuimos, la priorización de la dignidad y calidad de vida de los jubilados es una responsabilidad ética y moral del sistema de valores que hacen a la cultura social porque es exigirle a esa sociedad conductas solidarias frente a una población hoy vulnerable, pero que dio a su debido tiempo lo que la sociedad le exigía.
Cualquier estimación razonable que analice el valor de una canasta básica colocaría a una gran mayoría de los hogares que viven de ingresos jubilatorios en una situación de pobreza, ya que de los 5,6 millones de beneficiarios del sistema previsional, casi el 91% cobra menos que el actual salario mínimo, vital y móvil.Los derechos sociales, y particularmente los de los jubilados, son un mandato constitucional. Ya previstos en la reforma de 1949, ingresan definitivamente en la de 1957 con la incorporación del artículo 14 bis, para finalmente consolidarse en la reforma de 1994, cuando se incorporan 10 tratados internacionales de derechos humanos (artículo 75 inc. 23), facultando al Congreso a legislar para garantizarlos. Así también lo ha entendido la Justicia en el fallo Badaro. La evolución del sistema jubilatorio argentino muestra que no siempre el principio constitucional, ético y moral respecto de los derechos de los jubilados ha sido mantenido. Hubo un tiempo de crecimiento, pero también un tiempo de postergaciones y abusos, que se constata con 360.000 juicios que constituyen un pesado pasivo para el Estado.
Hoy nos encontramos con un sistema administrado por el Estado, luego de una desprolija captura del sistema privado realizada por el kirchnerismo a fines de 2008, que aceleró en su momento la fuga de divisas en más de diez veces, aumentando la incertidumbre en los mercados y el riesgo país. Vale la pena descubrir si lo que se buscaba era priorizar a los jubilados con un buen sistema estatal que rompiera los vicios del privado o volcarlo a un creciente e impreciso gasto público, como ya había ocurrido en 1947, cuando se inventó cómo desfinanciarlo.
Algunos datos pueden ayudar a resolver la incógnita. En lo que va de este año, la Anses traspasó al Tesoro más de $ 9000 millones por vía de emisión de nueva deuda y refinanciación de deuda anterior. Además financió por más de 20.000 millones, que salen por vía de gastos figurativos, programas ejecutados por distintos ministerios.
Por lo tanto, por más predicciones apocalípticas de la Presidenta y esfuerzos que realice su ministro de Economía en esconder recursos, estos hechos y el rico debate con cifras dado en Diputados demuestran que, en el corto plazo, el sistema cuenta con recursos corrientes y con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, también se ha asumido que los aportes y contribuciones a la seguridad social no son y menos serán en el futuro suficientes para cubrir las necesidades de los jubilados.
Actualmente, el sistema se sostiene con la solidaridad de las provincias y de los contribuyentes, que aportan, vía recursos coparticipables las primeras, y vía impositiva los segundos, el 41% de los fondos. El problema se plantea entonces a futuro, cuando los cambios demográficos provocados por el aumento de la expectativa de vida al nacer y la disminución de la tasa de natalidad den como inexorable resultado un sistema de jubilaciones con cada vez menos aportantes y más beneficiarios, que vivirán más años.
¿Quién puede siquiera imaginarse que, en estas condiciones, el sistema será sustentable sólo por sus propios medios? Pensarlo es puro voluntarismo e irracionalidad, o preocupación por lo que individualmente vamos a tener que ceder.
El mundo cambió y el contexto económico de los países emergentes es favorable, lo que genera una buena tendencia temporal para el crecimiento del país. Es tiempo de bonanza y, por tanto, de previsión y de despliegue de buenas ideas. Es tiempo de entender que el desarrollo integral de una nación es el desarrollo de su sistema social, cultural, político y económico, y que no se logra si desde el Estado no se respetan principios que establezcan prioridades que diriman sobre los múltiples intereses. No podemos darnos el lujo de alimentar mezquindades personales y mucho menos dilapidar recursos en políticas cortoplacistas, pergeñadas en la ambición especulativa del sostenimiento del poder; la historia demuestra que es el camino equivocado.
Los ancianos serán nuestros hijos, serán cada vez más, estarán aquí y debemos decidir qué haremos: o los mantenemos dignamente mediante nuestro esfuerzo, o los dejamos librados a su suerte. La situación para ellos será tal vez peor si no existe un sistema de prioridades sociales y un concepto de solidaridad que les provea una vida digna, no sólo en la letra de la Constitución sino en las previsiones de su sostenimiento. El debate debe instalarse en profundidad y con perspectiva. El proyecto que debe votarse en el Senado será sólo un paso en este desafío. Rechazarlo ahora sería escudarnos tras sofismas para desentendernos de ellos a futuro.
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