Las guerras simuladas de Cristina Kirchner para proteger el relato pueden complicar los planes de Massa

El enojo era palpable. “Van a tener que regalar la mercadería en las Fiestas”, amenazaron en el Ministerio de Economía, enfurecidos por el precio de la ropa. El problema existe. Desde que asumió Alberto Fernández, subió 353%, el triple que las tarifas, según el economista Federico González Rouco. Pero lo que no transparenta el Gobierno, más allá de las amenazas coyunturales, son un diagnóstico real y una solución de fondo.

Sergio Massa amenazó con abrir importaciones si en una semana no había acuerdo. Pero a comienzos de septiembre ya se había cerrado un congelamiento con más de 50 marcas de ropa; semanas atrás, la Secretaría de Comercio había trabado compras al exterior de textiles con licencias no automáticas (LNA), mientras que la advertencia surge cuando cambia el sistema de permisos para importar, que provocó un “apagón”. Es llamativo que la opción de importar haya estado siempre latente: un recordatorio del real peso del país corporativo y el desdén por el consumidor.

No es casual que Massa apuntara esta semana sus cañones contra los sueldos de los jueces y los aumentos de precios de alimentos e indumentaria. No hay vida política en 2023 sin una desaceleración abrupta de la inflación. Es lo que dicen las encuestas al ministro de Economía, que tiene ambiciones propias. Para sostenerlas, requiere del apoyo político de la vicepresidenta, que le pide exactamente eso: frenar la disolución de los salarios. Más allá de las ambiciones, Cristina Kirchner debe resguardar su capital político para enfrentar sus penurias judiciales. Massa le regaló un guiño atacando los sueldos de los magistrados en el presupuesto.

La vicepresidenta no quiere administrar la crisis; Massa necesita hacerlo, pero el timing los enfrenta. La apuesta de Massa para bajar los precios no es sensual, no tiene enemigos claros y es –con suerte– de largo aliento. Es la receta del FMI: la reducción del déficit y de la emisión, y la acumulación de las reservas. Cristina requiere resultados ya y, sobre todo, culpables. Para calmar esas ansias, que se materializan en ataques públicos al acuerdo con el Fondo, Massa construye “puentes”. Surgen entonces “guerras”, simulaciones, pero también parches para proteger el relato. El inconveniente para Massa es que esos “puentes” desnudan y profundizan disfuncionalidades de la economía argentina y deslegitiman su credibilidad frente al mercado.

La “guerra de la tela” comenzó con una amenaza. En Economía dejaron trascender que con US$300 millones de importaciones destruirían los precios. La advertencia profundizó una grieta en la cadena de valor entre textiles (hilanderos, tejedores y tintoreros) y las marcas (confeccionistas y diseñadores). Los primeros (FITA) no habían querido sellar el acuerdo de precios de septiembre, que iba hasta diciembre. Arguyeron problemas de rentabilidad. Eso enojó a las marcas. Incluso se llegó a decir que podrían vaciar la Feria ProTextil en Pilar en los primeros días de noviembre. La bronca existe, pero la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Federación Argentina de la Industria de Indumentaria asistirían.

La amenaza de Massa acercó a los textiles de FITA a la Secretaría de Comercio para negociar un acuerdo, aún verde. “En su momento, ellos [por los textiles] miraron para el costado”, criticaron ejecutivos de las marcas, que afirman que el elevado valor de la ropa es un problema de oferta y demanda. Crece esta última y disminuye –por problemas de importación de insumos y falta de mano de obra– la primera. Para las marcas, los insumos locales son un 40% más caros que en Brasil, pero aclaran que no es codicia, sino el costo argentino. Los industriales critican la medición del Indec por la variación y hablan del costo internacional récord del algodón. En las marcas dicen que la propia inflación frenará el consumo en meses. Demasiado tiempo para Massa. También afirman que un acuerdo de precios es un parche.

La guerra de la góndola

Desde mediados de marzo, cuando el Presidente lanzó la “guerra contra la inflación”, la suba de los precios –calculando un alza promedio de 6,5% este mes– fue de 52,5%. La última versión de esa batalla es el último pedido de congelamiento –más bien, “intervención”– que hizo Cristina Kirchner.

Las primeras reuniones con Matías Tombolini fueron definidas en una multinacional con una palabra: “Delirio”. No sólo se pidió retrotraer precios a comienzos de octubre, sino poner valores en etiquetas (cuando se está buscando arrancar con el etiquetado frontal) y congelar precios por tres o cuatro meses desde mitad de noviembre. El mismo Gobierno que niega la existencia de un atraso cambiario, descarta un salto devaluatorio y rechaza que haya trabas para importar ofreció a 20 empresas un tipo de cambio diferencial y flexibilidad para importar como anzuelos.

Pero si Tombolini quisiera lograr algún efecto, debería enviar a sus soldados a otra batalla. Un cálculo de Federico Moll, director de Ecolatina, dice que los precios relativos en las góndolas (alimentos y bebidas, empaquetados, cuidado del hogar y personal) disminuye desde 2019 en sintonía con el de los servicios públicos, mientras se disparan los alimentos por peso; autos, equipamiento para el hogar y servicios privados. Son cambios por incentivos públicos. “No aumenta el precio de los autos porque la gente cambia su comportamiento, cambia porque el Gobierno impone restricciones e impuestos”, dice Moll.

La guerra contra la denunciada “lluvia de importaciones” arreció esta semana. Los industriales afirman que hubo “errores en el sistema” (SIRA) e indicaron que los plazos son demasiado largos. Hablan de “preocupaciones serias” y de un “agotamiento”. La metodología del nuevo sistema para comprar en el exterior, señalaron, está incompleta. En síntesis: el sistema se cayó. La semana que viene verán a Germán Cervantes, el hombre SIMI, para evaluar la situación.

“Todavía el sistema no está funcionando con normalidad. No hay autorización de licencias no automáticas ni automáticas. No hay ninguna SIRA autorizada para ver como funcionó, salvo alguna de emergencia médica. Está todo bloqueado”, dijo un importador el jueves a la noche.

Los dólares son escasos. Según el Indec, en nueve meses, la balanza comercial acumuló US$2611 millones, cuando un año antes, sumaba US$12.340 millones. Esos magros datos, que este año sufrieron los efectos del alza de la energía, pero también el de los alimentos, deberán aún contemplar al dólar soja. Pero esa ventana ya no existe y el Banco Central vuelve a una dinámica preocupante, la de perder reservas.

Mientras esas guerras simuladas acontecen, otras batallas que pasan desapercibidas preocuparon al mundo de los negocios: los bancos chocaban con las petroleras por el impuesto a las ganancias y el ajuste por la inflación (por ahora, ganaron los primeros como consecuencia de la urgencia financiera oficial), diputados del Pro colisionaban entre ellos por el pacto con Massa para subir impuestos y mejorar la protección a los electrónicos de Tierra del Fuego. En tanto, la grieta por la inflación profundizaba el desbande del Frente de Todos dejando una bandera de tierra arrasada en la calle con Pablo Moyano pidiendo un alza salarial de 131%. “Es el grito del Rodrigazo”, calificó un importante empresario sobre la escalada que pone en riesgo los planes de Cristina y Massa.

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