Desde la cuarentena, los procesos de crisis ya son más que todos los de 2019

Todos parecen quietos en el mundo empresario. Pero a no equivocarse, parecen. Por lo bajo, enormes ríos subterráneos corren y se apuran para preparar la salida. Y las noticias no son buenas: lo que viene es un panorama donde cada uno tratará de adaptar su empresa, su pyme o su comercio a la nueva economía, mas pequeña, sin moneda y sin posibilidades de generar capital de trabajo para tomar envión con fuerza. Con la caja que cruje y con tamaños que quedaron de otra época, el sector privado se prepara para una descomunal reestructuración.

En el Ministerio de Trabajo, según datos oficiales, ya se suman 272 pedidos de los llamados Proceso Preventivo de Crisis (PPC) desde que empezó la cuarentena. El número es un enorme indicativo de la profundidad de la crisis. En todo 2019, un mal año para la actividad, se presentaron 120 empresas, y el anterior, 108.

Eso no es todo. En el Congreso se embotellan 11 proyectos de ley para modificar la ley de Concursos y quiebras. Seguramente habrá más, al menos uno que el Poder Ejecutivo mandará al Legislativo. Allí se pergeñan variadas soluciones para que los concursos no terminen en quiebras y que las empresas mantengan su actividad.

La tercer pata de este trípode es la moratoria de la AFIP . Después de que se conoció el proyecto enviado al Congreso, cada empresa empezó a mirar la composición de sus deudas. Quienes tengan mayoritariamente componente impositivo gritarán ¡bingo! En épocas de inflación, un interés de 2% mensual que prevé la norma, 96 cuotas para las compañías grandes -120 para las pymes- y mandar la deuda a 2030 no parece una mala decisión. Los más complicados buscarán la salida en los concursos.

Pero más allá de la estrategia de cada uno, ya se vislumbra un común denominador que no necesita esperar que termine la cuarentena: las estructuras de las empresas de antes de marzo pasado quedaron grandes. En gran cantidad de sectores, lo que había es más grande de lo que se necesita para lo que viene.

El Ministerio de Trabajo es la primera puerta. Claudio Moroni , el Ministro que quedó en medio de empresas y gremios, resiste como puede. Nadie lo dice, pero por lo bajo, desalientan el uso del PPC. Esta herramienta es la muestra de que el cepo laboral cruje. Se trata de presentaciones en sede administrativa que las empresas realizan ya que, como no se puede suspender ni despedir trabajadores por cualquier motivo, de acuerdo al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, intentan que les abran el sistema. Allí deberán probar que han cambiado las condiciones de mercado por razones ajenas al empleador y en ese caso, podrán suspender o despedir trabajadores y pagar sólo el 50% de la indemnización simple.

Pero en la práctica, según reconocen, la gran mayoría de las que golpean esa puerta lo hacen porque ya no les sirve la suspensión y tratan encontrar la manera de achicar sus plantillas. Los pedidos de suspensiones suman miles. Por los resquicios que el Gobierno ha dejado abiertos (el artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el acuerdo entre la industriales y gremios y las adhesiones a este convenio) ya se presentaron 15.422 empresas que solicitaron suspender trabajadores y a cambio le pagan una suma no remunerativa de, al menos, 75% del ingreso de bolsillo. Algo más: sólo en la última semana pasaron por mesa de entradas 2895 empresas, pymes o comercios.

La historia ayuda a tomar perspectiva del problema. Durante los cuatro primeros años de la presidencia de Cristina Kirchner los PPC fueron 211, y llegaron a 240 en el segundo mandato. En los cuatro años de Mauricio Macri ese instituto del derecho laboral fue utilizado en 366 oportunidades. Los 272 de cuatro meses son todo un récord. A eso, claro, habrá que sumar 30 de enero, febrero y la mitad de marzo. en el año, ya pasaron los 300.

Pero más allá de achicar plantillas de trabajadores, las compañías miran otros tres renglones: las deudas comerciales, las financieras y las impositivas.

Para las primeras se utilizará un viejo axioma: a los proveedores esenciales hay que pagarles. "Siempre se trata de cumplir con esa deuda porque es necesaria para continuar la operación. Para el resto se puede esperar una enorme reestructuración para intentar seguir. Siempre hay que tener en cuenta que estas crisis traen oportunidades para muchos", dice Cesar Litvin, asesor impositivo y socio del estudio Lisicky, Litvin & Asociados.

Las cartas no están todas sobre la mesa para las otras deudas. Por un lado, no está aprobada la moratoria impositiva que permitiría hacer un paquete con prácticamente cualquier impuesto impago hasta el 30 de junio pasado. La AFIP, que es uno de los principales acreedores de gran parte de los concursos y las quiebras, estará compensada con el plan de cuotas. El resto, las financieras, podrían pasar a concurso o a renegociaciones particulares con las entidades financieras.

El Gobierno termina de darle forma a las modificaciones de la ley de concursos y quiebras. Entonces las compañías sí podrán elegir la estrategia para lo irremediable: encontrar el punto de la empresa para una economía más chica.

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