Las dudas sobre el RIGI que el sector privado espera que se aclaren con su reglamentación

El sector privado apoya el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero en la medida en que se acerca el comienzo de su implementación cada sector busca cuidar sus propios intereses. Es por ello que la reglamentación del RIGI, una tarea aún pendiente del Gobierno, genera especial expectativa porque las empresas más importantes del país expresan algunas dudas sobre la letra chica de la norma.

Tres organizaciones muy relevantes se expresaron en este sentido: la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham), la Unión Industrial Argentina (UIA) y el foro IDEA, que nuclea a los ejecutivos de las principales compañías que operan en el país. De sus comentarios sobresalen consideraciones positivas e inquietudes sobre qué va a pasar si una provincia tiene reparos contra el RIGI original, como trascendió con el caso de la provincia de Buenos Aires, e incluso qué beneficios tendrá la producción local frente a proveedores de las grandes inversiones que puedan llegar por importaciones.

El RIGI se aprobó con la Ley Bases y estipula beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para inversiones que superen el mínimo de US$200 millones. A través de este mecanismo, el Gobierno pretende seducir a inversores nacionales e internacionales para que traigan dólares frescos al país a cambio de facilidades para importar, exportar y pagar menos impuestos.

Todavía no se encuentra vigente porque aún no fue reglamentado. Para ello, el Ejecutivo debe resolver la letra chica de la normativa para que no quede ningún cabo suelto al momento del debut del RIGI.

A propósito de la reglamentación necesaria para la implementación, el CEO de AmCham, Alejandro Díaz, dijo que “una duda jurídica importante” está vinculada a la cuestión de la autonomía de las provincias ante una ley sancionada por el Congreso nacional. “No está claro si deben adherirse voluntariamente o si la adhesión es obligatoria para la aplicación del régimen”, indicó.

Díaz no realizó mención alguna al caso YPF - Petronas y la disputa que existió entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro por la inversión de al menos US$30.000 millones, pero la duda que expresó es la que muchos tuvieron cuando el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había argumentado que iba a mandar a la legislatura local un proyecto de “RIGI bonaerense”.

Por su parte, el presidente de IDEA, Santiago Mignone, puso la lupa sobre la industria local. “Consideramos que la reglamentación debe definir claramente los incentivos para la cadena de valor local frente a la competencia con los productos importados”, señaló.

El artículo 190 de la Ley Bases, que forma parte del capítulo del RIGI, establece: “Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU (proyectos) adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación”.

Es por esta razón que Mignone habló de incentivos para que los productos locales no queden en desventaja frente a potenciales importadores. Vinculado a esto, la normativa aprobada por el Congreso incluyó un apartado de “plan de desarrollo de proveedores locales”.

El artículo 176 sostiene que quien aplique al RIGI “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores”.

Respecto a este punto, desde la UIA emitieron dos comentarios. “Que el proveedor local de los proyectos sea una industria local”, fue lo primero que indicaron. Y luego, agregaron que ese monto mínimo del 20% de la inversión para contratar proveedores locales incluya específicamente al sector industrial como fuente de insumos, ya que el inversor del RIGI podría argumentar que ese 20% lo cumplió con el gasto que tuvo por pavimentar un camino. “No podés importar una pavimentación de una calle”, explicaron. Por el contrario, sí podrían importarse los elementos necesarios para dicha tarea. Para la UIA, la reglamentación debería expedirse más claramente sobre la adquisición de ese tipo de insumos.

En paralelo, desde la UIA informaron que trabajan con el Gobierno en la reglamentación del RIGI. “Hasta ahora tuvimos muy buena respuesta”, concluyeron.

Fuentes oficiales sostuvieron que la Secretaría de Planeamiento Estratégico, a cargo de María Ibarzabal, trabaja en la reglamentación. Esta dependencia, que opera bajo la órbita de Presidencia, coordina con todas las áreas implicadas en el RIGI para terminar de escribir la letra chica de la normativa y así, la herramienta del Gobierno para traer dólares frescos, comience a jugar el partido.

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