Las dudas sobre el pago de la deuda en pesos reactivaron la venta de bonos y el desarme de fondos comunes de inversión

Los cruces políticos en torno a la sustentabilidad de la deuda pública en pesos reactivaron el temor que muchos inversores tienen hacia posibles nuevas reestructuraciones o reperfilamientos y gatillaron la semana pasada un desarme de posiciones asumidas en esos activos, especialmente mediante los constituidos con Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Un repaso de las tenencias depositadas en este tipo de administradoras realizado por Portfolio Personal Inversiones (PPI), poniendo el foco en los movimientos recientemente registrados, da cuenta de un sostenido retiro de pesos colocados en FCI que invierten en títulos de la deuda indexados tanto por la variación del tipo de cambio oficial (dólar-linked) como por la inflación (CER), al que se sumaron en las últimas horas desarmes de posiciones colocadas en fondos de liquidez inmediata.

“Los FCI que invierten en dólar-linked hilvanan siete bajas diarias (todo febrero) por $13.073 millones, mientras que los expuestos al CER exhibieron seis salidas en siete días en el mismo plazo, con un salto negativo por $10.833 millones”, advirtió la consultora en un informe.

“A ello se sumaron otros $82.773 millones retirados el jueves, explicados en 93,85% por un fuerte retiro de los fondos de liquidez inmediata (o ‘money market’), los que se sumaron así a la debilidad de los últimos días en el resto de los diferentes FCI”, agregó.

Las dudas sobre la sustentabilidad de la deuda pública no son nuevas. Pero recobraron actualidad la semana pasada, luego de que Juntos por el Cambio lanzara un duro comunicado advirtiendo sobre la “bomba de tiempo” que dejaría la administración Fernández, dado el sostenido aumento que registra ese pasivo y las características que fue asumiendo, cada vez más atado a variables que lo transforman en difícil de “licuar”.

La misiva, que generó una fuerte respuesta del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein y hasta del extitular de esa cartera Martín Guzmán, evidentemente reactivó la desconfianza subyacente sobre la capacidad que tendrá el Gobierno para administrar ese pasivo.

En especial, porque ha ido acumulando vencimientos en los meses previos a la apertura del cronograma electoral que definirá el nuevo presidente, lo que hace temer problemas para refinanciarlos y -a la vez- dispara escenarios posibles sobre el impacto que la liberación de esos pesos podría tener sobre la inflación y el mercado de cambios.

Los operadores consultados por LA NACION coinciden en describir que el recelo entre los inversores privados por sumar exposición a la deuda pública ya existía. Pero a la vez admiten que este episodio ayudó a aumentarlo y activó una oleada de rescates de fondos y liquidaciones de bonos que, si bien está muy lejos de igualar la dimensión que tuviera entre junio y julio del año pasado, se mantiene hoy.

“Hay desarmes de carteras: no es general, pero lo hay”, confió un operador. “De lo que hablo con clientes surge que están viendo con mejores ojos comenzar a desarmar las tenencias en pesos y pasarse a dólares para llegar a las elecciones. Eso no necesariamente quiere decir comprar dólares, sino ir a algo que sea igual a dólar, como suscribir con esa liquidez una obligación negociable o algún Certificado de Depósito (Cedear) para los perfiles que quieren arriesgar algo más”, coincidió Fernando Villar, asesor financiero en Bull Market Brokers.

Para los analistas, esta dinámica del mercado es cuando menos “inoportuna”, cuando el Ministerio de Economía se apresta a llevar adelante el próximo miércoles 15 la convocatoria a la primera licitación para colocar deuda en el mercado local, tras cerrar un enero con buenos resultados.

Posiblemente lo obligue a validar tasas más altas, luego de haber conseguido alguna mínima rebaja en el costo del financiamiento a fin de enero.

Pero a la vez puede ayudar a que el Gobierno adopte algunas definiciones respecto de la estrategia que asumirá para evitar toparse con problemas de acceso al financiamiento de mercado, ya que ello podría complicar el acuerdo con el FMI.

Según los últimos datos, el stock de deuda emitida en pesos supera levemente los $21 billones, aunque su valor de mercado ronda los $18,2 billones. En la consultora 1816 estiman que ese volumen se reparte en unos “$4,8 billones de títulos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, $2,9 billones en manos del Banco Central (BCRA), $2,4 billones en manos de bancos públicos y $1 billón en manos de otras entidades del Estado”.

De allí se concluye que el 62% de la tenencia estaría en manos del propio sector público (unos $11,2 billones a valor de mercado), en tanto que otros $6,9 billones estarían en poder de inversores (dentro de ello, los $2,4 billones que tienen los bancos privados).

Son básicamente colocaciones de toda clase de inversores o tesorerías de empresas que buscan preservar su capital de trabajo para que la inflación no se lo coma.

“El debate sobre la deuda en pesos no es trivial, tampoco. Es un nervio central que podría comprometer la estabilidad de la economía a medida que la ‘normalización’ de las restricciones cambiarias vaya ocurriendo. Y sin duda adelantó el trade electoral”, advierte el economista Nery Persichini, de GMA Capital. Refiere así al proceso que suele darse en los años de elecciones presidenciales, cuando buena parte de los inversores prefieren salir de inversiones en moneda local para pasarse a instrumentos de alguna manera dolarizados.

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