Las cuentas públicas de Macri, por ahora sin "brotes verdes"
Desde fines de los 50 se observan muy pocos años de buen desempeño en las cuentas públicas. Es sabido que el déficit fiscal fue una característica central en el fracaso de muchos planes de estabilización y de crecimiento encarados desde la posguerra.
Si bien la recaudación tributaria creció de modo sensible desde el final de la convertibilidad, el aumento estructural del gasto público durante el mismo período fue espectacular. El gasto ha sido muy procíclico, característica típica de la Argentina y de varios países de la región. En concreto, el gasto público creció unos 15 puntos respecto del producto, por encima de los niveles observados en las décadas de Alfonsín y Menem. Esto explica claramente el déficit fiscal actual.
Este incremento del gasto público no es neutral para la economía ya que se sabe que deprime el nivel de actividad. El déficit fiscal influye en los niveles de inversión porque impacta, entre otras variables, en el riesgo país y ahoga al sector privado. El superávit fiscal, por el contrario, según varios estudios, mejora el ingreso por habitante.
El kirchnerismo migró desde una buena situación fiscal a un gran deterioro. La dominancia fiscal ejercida por un creciente desequilibrio en las cuentas públicas configuró bajo esa administración un esquema de financiamiento inflacionario del déficit con consecuencias nocivas para la marcha de la economía.
Bajo la gestión actual, se limitó el rol protagónico que el Banco Central venía cumpliendo como prestamista del Tesoro a través de múltiples canales, como las utilidades contables, los adelantos transitorios y las reservas.
En los tiempos actuales la deuda tomada por la Nación y las provincias reemplaza parcialmente a la emisión. La deuda neta del Gobierno en dólares era de 54% del PIB en 2001, y de 19% después del pago a los holdouts. Aunque todavía hay margen para el endeudamiento, siempre está el riesgo de entusiasmarse en un país con tendencia a hacer defaults. No hay que olvidase que, en definitiva, la toma de deuda supone impuestos futuros, tal como lo afirma le equivalencia ricardiana.
Existe un problema para la necesaria reducción del gasto público, que es la rigidez de las partidas presupuestarias, en especial en personal, seguridad social, intereses de deuda y transferencias corrientes al sector público. Las promesas electorales de campaña supusieron una importante reducción de impuestos que afectaron las cuentas fiscales: retenciones, el 0,6 puntos del PIB; ganancias, el 0,4; asignación universal por hijo, el 0,1; devolución del IVA, el 0,1. El aumento de las jubilaciones supone a la vez un incremento del gasto en 1% del PBI. Por el lado de la contracción del gasto, se destaca la reducción de los subsidios, 0,5 % del PBI.
La medida de congelamiento del gasto público por muchos años en Brasil no deja de ser polémica. Se trata de una alternativa ambiciosa y quizás un poco rígida. En la Argentina, por otra parte, el gasto público requiere un aumento sustantivo de productividad en muchas áreas. Pensemos en concreto en educación, donde aumentó por ley el gasto de 4 a 6% del PIB y todavía no se ven resultados en términos de calidad.
Por el lado de los ingresos, lo más relevante en el incremento de la recaudación tributaria desde 2001 está en los ingresos de la seguridad social, Ganancias e IVA neto.
Si bien el blanqueo acercará ingresos al fisco, todavía está por verse si resultará exitoso. El Gobierno a su vez está devolviendo fondos de la coparticipación y se reducen las transferencias discrecionales.
La recaudación tributaria por encima de los 30 puntos del producto es novedosa para nuestro país, pero todavía hay muchos impuestos distorsivos que claramente afectan a la competitividad.
Es deseable que el sistema tributario influya en la distribución del ingreso disminuyendo el índice de Gini, como lo hace con eficacia en Europa. Sigue pendiente resolver la coparticipación con un marco que aliente a la correspondencia fiscal y plantear en algún momento un fondo anticíclico como posee Chile.
En 2017, finalmente, los subsidios serán responsables de la mitad del déficit primario. Considerando intereses de la deuda, el déficit fiscal consolidado será de 6,8% del PIB en 2017, donde 1% corresponde a provincias y municipios. El déficit primario será en 2017 de 4,5% del PIB y en ese monto, 2,2% corresponde a subsidios que todavía no se han eliminado.
Con un crecimiento estimado de la economía de 4% promedio en los próximos años, el déficit público puede licuarse parcialmente resolviendo así parte del problema fiscal actual.
Director del Área de Economía, IAE Business School, Universidad Austral
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