Las claves del proyecto de ley previsional que podría tratarse en sesiones extraordinarias

Si la cámara de diputados convierte finalmente en ley el proyecto sobre el “plan de pago de deuda previsional”, se pondrá en vigencia un esquema para que, durante un plazo de dos años, quienes ya tengan o cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 años los varones), y no reúnan los requisitos que exige la ley para obtener una prestación, accedan a “comprar a crédito” y con subsidio estatal, períodos de aportes. La adhesión al programa permitiría acceder al cobro de un haber mensualmente, del que se descontarían, durante un lapso de hasta 120 meses, las cuotas para cancelar la deuda declarada con el Estado.

El proyecto, que surgió de un sector del oficialismo, fue votado favorablemente por el Senado en la sesión del 30 de junio. Seis meses después, la cámara de diputados tenía previsto considerarlo, tras un dictamen de comisiones de fines de noviembre, el miércoles 21 de este mes. Sin embargo, el intento de última sesión de 2022 no prosperó, por la resistencia de legisladores de la oposición a otras iniciativas. Ahora, desde el Gobierno dicen buscar que sea uno de los temas que se traten en sesiones extraordinarias, durante el verano. La aprobación podría complicar la relación con el Fondo Monetario Internacional; en el último reporte de su staff, pocos días atrás, se menciona la necesidad de “continuar los esfuerzos” para alcanzar las metas fiscales y, específicamente, se hace referencia a “evitar” las moratorias.

Fin de una moratoria

Mientras tanto, mañana, 31 de diciembre, será el último día de vigencia de la moratoria de la ley 26.970, que les permite a las mujeres de 60 a 64 años de edad declarar deudas por aportes correspondientes a períodos previos al año 2004. A quienes cumplen los 60 años este mes, ese plan les permite ingresar por 23 años y un mes de contribuciones no pagadas en su momento (es decir, se deben tener efectivamente hechos aportes por 6 años y 11 meses, o bien poder contabilizar algunos períodos por el sistema que reconoce entre uno y tres años por cada hijo).

Ese esquema, creado en 2014, previó una fecha de vencimiento (prorrogada más de una vez) para el ingreso de solicitantes, en tanto que sí seguirá en pie otro régimen, el de la ley 24.476, que es más limitado (por ejemplo, a las mujeres que cumplen 60 años ahora les permite declarar 12 años y 10 meses de deuda y, a los varones, 17 años y 10 meses, dentro de un período delimitado).

Por otra parte, sigue vigente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un ingreso mensual que equivale al 80% del haber mínimo y que exige como requisito tener 65 años, independientemente de si el solicitante es varón o mujer. Esta prestación no contempla (como tampoco lo hace el sistema contributivo) un régimen de proporcionalidad (cobra lo mismo quien no tiene ningún aporte que quien contribuyó, por caso, durante 20 años) y para acceder se debe pasar un examen socioeconómico (al igual que la moratoria, no es para la totalidad de la población).

La caída de la moratoria para las mujeres tendrá como consecuencia práctica que las que cumplan 60 años entre hoy y mañana, por ejemplo, podrán acceder a jubilarse con ese esquema especial. En cambio, quienes lleguen a esa edad en los próximos días, ya no podrán hacerlo. Ese efecto marca la fragilidad de una política que, si bien logró incluir a la mayoría de quienes hoy cobran una jubilación en el régimen nacional, no resuelve los problemas de fondo que provocan que tantas personas lleguen a la edad de retiro sin cumplir con lo que establecen las reglas del sistema. La alta informalidad laboral y las rígidas reglas del sistema previsional (que no prevé prestaciones proporcionales) son el trasfondo de la cuestión.

La nueva iniciativa prevé, para quienes tengan la edad jubilatoria cumplida, un plazo de dos años para adherir al plan de pagos por aportes no hechos oportunamente. Además, se promueve que puedan ingresar al esquema quienes estén a diez años o a menos tiempo aún de la edad de retiro, es decir, las mujeres de entre 50 y 59 años y los varones que tengan entre 55 y 64 años. En este caso, el del plan para trabajadores en actividad, las personas no podrían jubilarse hasta que cumplan la edad requerida, pero sí podrían sumar, mientras tanto, años de aportes.

A continuación, los detalles del proyecto de ley que está en el Congreso.

1-. El alcance para quienes ya tienen o cumplan próximamente la edad jubilatoria. La iniciativa busca crear la “Unidad de pago de deuda previsional”, que vale por un mes de aportes al sistema jubilatorio. Se comprarían estas unidades para llegar a cumplir con el requisito de contar con 30 años de aportes exigido por ley.

Con la adquisición, se generaría una deuda con el Estado, que luego se abonaría mediante descuentos de los haberes previsionales que comenzarían a percibirse, durante un período de hasta 120 meses. En este esquema entrarían quienes ya tengan la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 años los varones) y quienes la cumplan durante un lapso de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del régimen. Podrían declararse como adeudados solo aportes correspondientes a meses anteriores a 2009.

Una condición es que, al momento del período más antiguo que se declara como adeudado, se debe haber tenido al menos 18 años de edad. Por eso, las mujeres podrían comprar hasta 28 años de aportes y los varones (por jubilarse a una edad más tardía), hasta 30 años. El régimen también admitiría que, mediante la compra de aportes, los derechohabientes de una persona fallecida -que haya estado registrada en el sistema jubilatorio- accedan a una pensión.

2-El alcance para quienes aún están en edad activa. El proyecto busca crear también la “Unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”. Este esquema regiría para personas a las que les falten hasta 10 años para llegar a la edad jubilatoria, es decir, para mujeres de 50 a 59 años y para varones de 55 a 64 años. Cada unidad valdría un mes de aporte y la compra puede hacerse solo por períodos “anteriores al 31 de marzo de 2012″, según el texto, siempre que el solicitante no haya estado en esos meses trabajando de manera registrada, ni bajo relación de dependencia, ni bajo el régimen de autónomos o del monotributo.

3-El valor de las unidades de cancelación de aportes y de las cuotas. Los aportes por cada mes que se necesite tendrán un precio equivalente al 29% de la remuneración mínima que rige para calcular los descuentos para financiar el sistema de la seguridad social. Ese monto de referencia se actualiza cada tres meses según el índice resultante de la fórmula de movilidad.

Desde este mes y hasta febrero de 2023 el valor de cada unidad (o de cada mes de aporte que se compre) sería de $4896. Entonces, si, por ejemplo, se necesita que al plan de pagos ingrese un período de 20 años (240 meses), la deuda declarada sería por un valor inicial (actualizable) de $1.175.040 y podría ser saldada en hasta 120 cuotas descontadas del haber mensual. En el ejemplo, cada cuota sería de $9792 y ese importe se reajustaría en marzo. Alguien que obtenga a través de este plan el haber mínimo, hoy de $50.124, cobraría, considerando el descuento de la cuota y el del PAMI, un monto de $38.828, al que se sumaría el bono de $10.000, en curso hasta febrero.

4-Condiciones e incompatibilidades. El proyecto señala que las personas que adhieran al plan deben haber residido en el país en los períodos por los que declaran tener deuda previsional y, además, no deben haber estado en esos lapsos trabajando de manera registrada, ya sea bajo relación de dependencia o por cuenta propia. También se prevé la incompatibilidad de los beneficios obtenidos a través de la compra de aportes con “el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza”, con la excepción del cobro de una única prestación contributiva de importe no superior al haber mínimo.

De todas maneras, según el proyecto, sí podría renunciarse a alguna mensualidad percibida para acceder al plan de pago de deuda previsional. Para quienes están en la edad activa, además de los requisitos relacionados con los períodos que se declaran (residencia en el país y no haber estado trabajando de manera registrada), se establecería que esas personas tengan que “acreditar ingresos” con los que puedan pagar la deuda contraída. Dentro de dos años, cuando venza la posibilidad de acceder al plan para personas ya en edad de jubilarse, habrán quedado afuera, entonces, quienes hoy, no habiendo llegado aún ni en el plazo de dos años a los 60 (mujeres) o a los 65 años (varones), no tengan capacidad para afrontar el pago de las unidades previsionales.

Por otra parte, el texto le delega a la Anses las facultades de establecer los parámetros para acceder al plan sobre la base de “evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas objetivas”. Esa condición rige también para las moratorias.

5. La magnitud del problema. En la última década y media, las moratorias previsionales ganaron un fuerte protagonismo. Actualmente, dos de cada tres jubilaciones que mes a mes se ponen al pago en el sistema gestionado por la Anses fueron obtenidas por quienes adhirieron a ese mecanismo. Entre enero y septiembre de este año, según datos de la Secretaría de Seguridad Social, 180.288 de las 277.529 altas de jubilaciones otorgadas (el 65%) tuvo moratoria. Si se miran las jubilaciones liquidadas en septiembre, entre las que corresponden a mujeres el 77,8% tuvo plan; el índice es de 43,3% entre las cobradas por varones.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, en el primer año de la eventual vigencia del régimen que propone el proyecto de ley podrían sumarse unas 494.242 personas, de las cuales el 78,3% serían mujeres. En cuanto a la población masculina, la hipótesis es que dejarían de solicitar la PUAM (que tiene el requisito de los 65 años de edad) e irían al plan de pago de deuda previsional. En el segundo año se agregarían, según esa estimación, 225.409 personas.

Los datos son luces de alerta, respecto de la necesidad de revisar las exigencias de la ley jubilatoria y, a la vez, de generar un debate sobre cómo solucionar las deficiencias del mercado laboral. Las moratorias y el nuevo plan que se propone son respuestas temporales (que provocan inequidades en el acceso a derechos) a problemas fuertemente arraigados en la sociedad.

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