Las cinco señales de que el Gobierno acelera un acuerdo clave para el futuro de la Argentina

La campaña electoral profundizó las tensiones que arrastraba la economía argentina y evitó las correcciones necesarias para sortear costos políticos. La estrategia proselitista oficial -que abultó la factura a futuro- evaporó un valioso intangible en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI): el tiempo. Contrarreloj, con vencimientos importantes en diciembre y en el primer trimestre de 2022, el Gobierno tomó ahora la determinación de acelerar un proceso de cierre.

Varias señales llegan desde el seno del Poder Ejecutivo en ese rumbo y, lo que es más significativo, esos mismos indicios son certificados desde los satélites que orbitan alrededor de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La primera llegó el día del punto de largada del actual proceso: el domingo. Antes incluso de que se conocieran los resultados de las elecciones el presidente Alberto Fernández anunció tres cosas: que “profundizaría sus esfuerzos” para cerrar un acuerdo con el Fondo (enviando un programa plurianual al Congreso), que la vicepresidenta estaba de acuerdo con ese camino y que Martín Guzmán seguiría a cargo de la negociación. Fernández citó expresamente a Cristina y a Guzmán en su discurso grabado. También al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

LA NACION ratificó cerca de la vicepresidenta y del líder del Frente Renovador que el aval político existe. Ese consenso -alrededor de un plan integral o plurianual- es un reclamo del Fondo desde el arranque de la negociación para sellar un nuevo acuerdo que -a diferencia del Stand-By- tendrá un plazo de por lo menos una década. El consenso amplio (con la oposición) llegaría, pese a las críticas de Fernández a Mauricio Macri, en las ordinarias extendidas por decreto ayer.

“Alberto podría haber mantenido, como en la campaña, su postura combativa en ese discurso. Sin embargo, dice todo lo contrario, que quiere acelerar un acuerdo y que están todos alineados”, interpretó un hombre del gabinete.

En ese mismo discurso, el Presidente incorporó otra señal. Habló de ordenamiento y de superávit fiscal. Se trata del principal objetivo que exigirá el organismo que dirige Kristalina Georgieva y de un trabajo silencioso que viene llevando adelante Guzmán. En plena pandemia, el rojo primario fue de 6,5 puntos del PBI (similar al del “Rodrigazo”) con una enorme emisión monetaria. Este año, ese rojo cerrará cerca de 3% (tomando los DEG “arriba de la línea”), según el Iaraf y la consultora Ledesma. Es un dato mejor al estimado por Economía. Para 2022, el presupuesto de Guzmán estima un déficit de 3,3%. La impresión de billetes pasará de 3,6 puntos del PBI a 1,8 puntos. El financiamiento del bache fiscal y la situación de las Leliq y los pases remunerados del Banco Central (BCRA) serán otro tema de discusión con el Fondo.

Más impuestos e inflación

“Jamás a costa de un ajuste del gasto”, porque frenarían la recuperación es letra de Guzmán en el discurso de Alberto Fernández. Esto implicaría que el Gobierno piensa subir ingresos gracias a la inflación (rondaría el 49% en 2022), con mejora de actividades económicas (servicios), y aumentando impuestos (o no modificando bases imponibles o alícuotas).

La tercera señal cayó antes de las elecciones con un tema sensible para el oficialismo: las tarifas. Pese a que, en campaña, Máximo Kirchner sugirió que no habría aumento, el ENRE (que controla La Cámpora) arrancó el proceso para una segmentación (pidió que en las facturas de los servicios figuren los reales propietarios de la vivienda), lo que implica que parte de la población recibirá tarifas más altas en 2022.

Con la caída de la resolución 46 (subsidio a la producción de gas), el peso de los subsidios en el PBI bajará automáticamente a 1,8 puntos del PBI, según calculan en el Ministerio de Economía. Las subas segmentadas rebajarían ese peso a 1,5 puntos. La segmentación, que enfrentó a Guzmán y a Federico Basualdo (La Cámpora), avanzaría este año con un alineamiento total en el Frente de Todos. Más allá de esta decisión oficial, los aumentos internacionales de la energía sumarán presión fiscal y cambiaria al Gobierno.

Otro indicio se filtró en el manejo oficial de los dólares financieros (Contado con Liquidación o dólar MEP) tras los comicios. Por cuestiones electorales, el Gobierno había mantenido el AL30 -el vehículo más usado para esas cotizaciones- intervenido, con un costo de US$30 millones diarios. Luego de las elecciones, esos dólares fueron liberados. Fuentes del oficialismo niegan que la decisión de soltar esos dólares sea una medida reclamada por el Fondo y explican que la intervención previa obedecía -en un marco electoral- a corregir movimientos considerados como “exagerados”.

Un hombre que negoció con el Fondo explicó que el organismo pide un plan para acumular reservas, pero que no suele meterse con el “micro managment” cambiario (en ese proceso, el Gobierno quemó US$2500 millones). Sin embargo, algunos analistas creen que esa decisión -pese a que persisten trabas en los dólares financieros- ayuda a tener un desdoblamiento cambiario más clásico y ordenado (un comercial administrado y un dólar financiero “libre”).

“Es probable que el FMI no se sintiera demasiado cómodo con la intervención en el financiero. Además aquellos que pueden hacer el ‘rulo’ estaban arbitrando con otros financieros libres y logrando una ganancia extraordinaria sin que se pudiera achicar la brecha. Por otra parte, por ahí estabas perdiendo reservas. Ahora vas a un financiero más libre y la pregunta es cómo lo contenés si no vendes reservas o subís la tasa de interés. La idea parece ser dar una señal de confianza con el acuerdo con el Fondo”, señaló a LA NACION Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra.

El cepo y la brecha preocupan, y ponen el acento en otra de las habituales obsesiones del Fondo: el sector externo. En el Gobierno no creen que el cepo desaparezca en 2022. ¿Cómo bajarán la brecha para que existan exportaciones e inversiones? Más allá del ritmo de devaluación diario -hoy se aceleró- o de un plan plurianual certificado por el Fondo que genere confianza, en el Gobierno ya piensan en habilitar un cupo mayor de disponibilidad de divisas para las grandes inversiones (decreto 234) destinadas a las exportaciones. El anuncio llegará antes de la visita, la semana que viene, de los directivos de Fortescue, la firma australiana que anunció inversiones para producir hidrógeno verde en Río Negro.

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