La verdad sobre la soberanía y el futuro de la Unión Europea

CAMBRIDGE - En el debate mantenido hace poco en el Parlamento francés para discutir el nuevo tratado fiscal europeo, el gobierno socialista de Francia negó vehementemente que su ratificación supusiera una limitación de la soberanía del país. El primer ministro Jean Marc Ayrault afirmó que el tratado no impone "ninguna restricción en el nivel del gasto público" y agregó que "el Parlamento de la República Francesa conserva la soberanía presupuestaria". Mientras, el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, opinó que para que Europa salga adelante, debe demostrar que no hay un conflicto entre globalización y soberanía.

A nadie le gusta ceder soberanía, pero al negar el hecho evidente de que para que la eurozona sea viable es necesario restringir la soberanía, los líderes europeos engañan a sus votantes, retrasan la europeización de la política democrática y aumentan el costo político y económico a pagar.

El objetivo al que apunta la eurozona es lograr la plena integración económica de la región, lo que implica eliminar los costos de transacción que obstaculizan las actividades comerciales y financieras transfronterizas. Para que esto sea posible, los gobiernos deben abstenerse de aplicar restricciones directas al comercio y los flujos de capital; pero además deben armonizar con los otros Estados miembros sus normas y reglamentos nacionales, para evitar que opongan barreras indirectas al comercio. Y deben comprometerse a no hacer cambios en estas políticas.

El proyecto de integración europea supuso restricciones a la soberanía. La incertidumbre que ahora pesa sobre su futuro se debe a que la soberanía volvió a interponerse en el camino del proyecto. En una unión económica auténtica, sostenida por instituciones comunes, los problemas financieros de Grecia, España y otros no se habrían agigantado hasta el punto de amenazar la existencia de la unión.

Podemos hacer una comparación con Estados Unidos: allí, a nadie se le ocurre llevar registro de (por decir algo) el déficit de cuenta corriente entre Florida y el resto del país (aunque es casi seguro que ha de ser enorme, ya que en Florida residen muchos jubilados que viven de prestaciones sociales financiadas con fondos de otros lugares). Si el gobierno de Florida se declarara en bancarrota, sus bancos seguirían funcionando normalmente, porque están bajo jurisdicción federal. Si fueran los bancos de Florida los que cayeran, las finanzas del estado no se verían afectadas, porque los bancos son responsabilidad de instituciones federales. No parece que a los estados de la Unión les sobre soberanía.

Hay que sumar a eso cierto malentendido sobre la relación entre soberanía y democracia. Restringir la soberanía no siempre es antidemocrático. En politología se habla de "delegación democrática", esto es, la idea de que para lograr mejores resultados, hay ocasiones en las que el soberano tal vez prefiera circunscribir su poder. El mayor ejemplo es el de los bancos centrales independientes, en los que se delega la gestión diaria de la política monetaria para aislarla de los vaivenes políticos y obtener mejor estabilidad de precios.

Claro que no está garantizado que todas las limitaciones implícitas en la integración de mercados vayan a funcionar. En la política interna de cada país, el alcance de la delegación se calibra con mucho cuidado para restringirla a unas pocas áreas donde las cuestiones suelen ser extremadamente técnicas y las diferencias entre los partidos no son significativas. Para combinar integración de mercados con democracia deben crearse instituciones políticas supranacionales representativas y obligadas a rendir cuentas. El conflicto entre democracia y globalización adquiere proporciones graves cuando esta última restringe la articulación local de las preferencias políticas, sin ofrecer a cambio una ampliación del espacio democrático en el nivel regional o global. La agitación en España y Grecia indica que Europa ya fue demasiado lejos en ese sentido.

Aquí entra en juego mi trilema: no se puede tener globalización, democracia y soberanía nacional al mismo tiempo. De las tres, hay que elegir dos. Si los líderes europeos quieren conservar la democracia, deberán elegir entre la unión política y la desintegración económica. O renuncian a la soberanía económica o bien comienzan a emplearla en beneficio de sus ciudadanos. Lo primero supone sincerarse con los respectivos electorados y construir un espacio democrático por encima del nivel de las naciones Estado. Lo segundo, renunciar a la unión monetaria y activar políticas monetarias y fiscales de nivel nacional que sirvan a una recuperación sostenida.

Cuanto más posterguen esta decisión, mayor será el costo económico y político que habrá que pagar en definitiva.

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