La utopía de retroceder 35 años en el calendario

Varias veces, incluso en la campaña electoral, el presidente Javier Milei elogió la gestión de Carlos Menem, quien en sus dos mandatos consecutivos marcó -con sus pros y sus contras- la impronta económica, política e institucional de toda la década del 90. Tal vez eso explique que haya decidido emularlo y, apenas asumió, apostara todas las fichas a un drástico cambio de rumbo para hacer frente a otra pavorosa herencia macroeconómica.

Tanto el mega-DNU 70/23 de desregulación, cuanto el proyecto de ley ómnibus (bautizado pomposamente como “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”) que acaba de volver a foja cero en el Congreso, tienen una orientación liberal de mercado similar a las dos primeras leyes de la era menemista. Una fue la denominada Reforma del Estado, que declaró en estado de emergencia la prestación de servicios públicos; fijó procedimientos para privatizaciones y habilitó concesiones privadas de empresas. Otra, la de “Emergencia Económica”, que suspendió subsidios estatales; derogó restricciones a la inversión extranjera; desafectó la recaudación destinada a fondos específicos y congeló el número de empleados públicos. La particularidad fue entonces que ambas ingresaron por el Senado y fueron sancionadas en tiempo récord con apenas dos semanas de diferencia, el 17 de agosto y el 1° de septiembre de 1989. A tal punto que tienen numeración correlativa (leyes 23.696 y 23.697).

Aquí se acaban los paralelismos, salvo que en ambos paquetes se advierte la mano del jurista Rodolfo Barra. El revés en el Congreso y la intempestiva decisión de Milei de reenviar a comisión el adelgazado proyecto de ley Bases, sin haber logrado previamente acuerdos políticos ni contabilizado los votos para cada artículo en debate, corroboran que la historia no se repite linealmente. En todo caso, encuadran en la lúcida definición de Jorge Liotti sobre las “utopías retrospectivas” de la Argentina.

El calendario no puede retroceder 35 años, por más que los problemas y riesgos sean similares o incluso algunos más graves que a comienzos de los 90. Entre ellos, la pobreza, que alcanza al 46% de la población, supera 56% entre los menores y requiere crecientes dosis de asistencia social.

Desde entonces, el país y el mundo cambiaron en muchísimos aspectos. No existía la grieta que luego fue degradando y corrompiendo la actividad política, ni tampoco el auge populista del kirchnerismo. El Consenso de Washington pasó a la historia después de haber promovido la inversión en privatizaciones con canjes de deuda externa; la única constante fue el déficit fiscal financiado con emisión y/o endeudamiento, salvo honrosas excepciones, y la Argentina es ahora el país con mayor inflación en el mundo (211% en 2023), cuando la mayoría de los países de la región ostenta niveles de un dígito anual.

Una muestra del clima democrático de fines de los 80 es lo que ocurrió cuando Menem se impuso con el 48,5% de los votos en las elecciones anticipadas convocadas por Raúl Alfonsín en mayo de 1989, luego de que la hiperinflación desatada por el fallido Plan Primavera arrasara con su gobierno.

Si bien esa victoria le había otorgado la mayoría en las dos cámaras legislativas, más el consabido apoyo de todo el peronismo y los gremios nucleados en la CGT, a través del acuerdo para adelantar de diciembre a julio el traspaso del mando presidencial, la UCR aceptó retirar legisladores del recinto cuando las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica –ya redactadas de antemano– fueron tratadas en la cámara baja, para replicar las proporciones entre fuerzas que se plasmarían a fin de ese año cuando asumieron los nuevos diputados electos. Así lo recuerda el economista e historiador Pablo Gerchunoff en el libro Medio siglo entre tormentas. Fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina (1948-2002), con textos compilados junto con sus colegas Daniel Heymann y Aníbal Jáuregui.

A pesar de esas reformas que Gerchunoff define como “modernización concertada”, el gobierno menemista sufrió otra híper en 1990 con el Plan Bonex de Erman González, hasta que en abril de 1991 logró estabilizar la economía con la Convertibilidad de Domingo Cavallo, que se extendería más de una década.

A la inversa, la votación récord (casi 56%) obtenida por Milei en el balotaje lo fortaleció como Presidente, pero sin que en el Congreso tuviera el número de legisladores necesarios para imponer una agenda reformista debido a la carencia de estructura política nacional y su segundo puesto en la primera vuelta.

Con el drástico ajuste fiscal y la recomposición de precios relativos en marcha, haber enviado al Congreso un proyecto de ley con 663 artículos –cinco veces más que la propia Constitución Nacional de 1994, prácticamente inmanejable, con un mosaico político fragmentado e imposible de plebiscitar– fue una jugada tan audaz como temeraria, por más que aceptara sucesivas podas para lograr su aprobación en general que lo habían reducido a una tercera parte. Paradójicamente, esta “jibarización” hizo que quedaran en pie las PASO y las listas sábana, origen de la debilidad institucional de Milei, cuando hubiera sido el momento de eliminarlas a través de una ley específica, que irá perdiendo chances a medida en que se acerquen las elecciones legislativas de 2025.

Incluso se sabe que el minucioso trabajo de base elaborado por Federico Sturzenegger para Patricia Bullrich si ganaba la elección, iba a ser fraccionado en 25 proyectos de ley para facilitar su tratamiento legislativo. En cambio, el Presidente optó por comprarlo “llave en mano” y enviarlo en bloque al Congreso para generar impacto político. Así lo afirman fuentes allegadas al Pro sorprendidas por el retiro del proyecto, que minutos antes ya había perdido la desregulación del sector energético para promover grandes inversiones.

Si bien el sistema hiperpresidencialista argentino otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, éstos no pueden ser dictados para cuestiones electorales, delegación de facultades legislativas e impuestos.

Esta última limitación torna inexplicable el prematuro retiro del paquete fiscal, que incluía el gravamen a los ingresos personales en reemplazo de la irresponsable reforma de Ganancias de Sergio Massa, que podría haber evitado la suba de retenciones y a su vez abrió el debate por la coparticipación del impuesto PAIS, que al menos hasta fin de año dificultaría la eventual unificación cambiaria y eliminación del cepo. Tampoco pueden disponerse por DNU el blanqueo de capitales y la moratoria de deudas tributarias, dos medidas que podrían haber contribuido a reactivar la economía en recesión y ahora quedan envueltas en la incertidumbre.

Más preocupante aún es que el Presidente haya optado por la confrontación directa con los diputados que votaron en contra de los primeros artículos. Y hasta finalmente decidió remover de su cargo al titular de la Anses, Osvaldo Giordano, uno de los especialistas más calificados en el sistema previsional, por el hecho de que su esposa, diputada por Córdoba, no votara a favor. Otro tanto ocurre con la quita de subsidios al transporte de colectivos en el interior, donde alrededor del 40% de los usuarios no tiene registrada la tarjeta SUBE y pese a que en enero ya se habían reducido en 90% las transferencias discrecionales a provincias y municipios.

También entre Milei y Menem hay más diferencias que semejanzas, salvo en algunas cuestiones estéticas. El actual Presidente anticipó en su campaña la magnitud del ajuste económico que aplica desde que asumió. En cambio, el caudillo riojano prometió “salariazo y revolución productiva”, pero luego admitió públicamente que si decía lo que iba a hacer no lo votaba nadie. Milei se enfurece cuando tropieza con obstáculos, a la inversa de Menem, que pregonaba que “quien se calienta, pierde”.

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