La usina de US$1607 millones inaugurada por Cristina Kirchner que no funciona
LA NACIONPablo Fernández Blanco
Septiembre de 2015. La carrera electoral marcaba los tiempos en la Casa Rosada y la ex presidenta Cristina Kirchner aceleraba la sucesión de anuncios de inversión e inauguraciones con la expectativa de que los cortes de cinta inclinaran la voluntad de los votantes a favor de la fórmula Daniel Scioli-Carlos Zannini. Uno de esos raídes la condujo hasta Santa Cruz. El cuarto día de ese mes, la jefa de Estado celebró en la localidad de Río Turbio y rodeada de trabajadores la puesta en marcha de la central termoeléctrica del mismo nombre, que ubicada a sus espaldas significaba, en sus palabras, "más energía para los argentinos" porque permitiría producir 240 MW.
Esa foto parece haber perdido brillo hoy. Dos años y medio después, la central eléctrica que le costó hasta ahora al Estado US$ 1607 millones requiere de otros US$200 millones para estar terminada y operativa, algo que demandará otros 24 meses de trabajo. En otros términos: la usina inaugurada por Cristina Kirchner posiblemente no entre en operaciones en la gestión de Mauricio Macri.
En parte, las demoras en su puesta en marcha final se deben al apuro de la ex Presidenta. Un informe oficial sostiene que la unidad fue "inaugurada" sin estar terminada ni apta para funcionar de acuerdo con su proyecto original. Ese arranque forzado ocasionó daños en las instalaciones, como la rotura de tubos y problemas en los ventiladores.
Además, faltan sistemas completos que ni siquiera fueron provistos por Isolux Corsán, cuyo contrato canceló el Gobierno a principios de mes.
A la unidad II le faltan más de 900.000 horas hombre de construcción y montaje. Y se le deberán reponer partes que le fueron retiradas para atender las roturas de la unidad I.
Las irregularidades llegan incluso a enfrentar a la usina con el entorno. Por caso, no tiene Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un requisito fundamental para las etapas de pruebas y operación.
El paso del tiempo también afectó las garantías de los equipos, que están todas vencidas, incluidas las de los turbogeneradores y las calderas.
Los más de US$1600 millones que embolsó Isolux –la empresa cambió el gerenciamiento local por el escándalo de Río Turbio- también ocultan sobreprecios y pagos adelantados por mediciones falsas de los avances de obra.
Hay más rarezas. Las últimas dos adendas al contrato agregaron US$352 millones al presupuesto inicial y se hicieron los días dos y nueve de diciembre de 2015, en las vísperas del cambio de mando en la Casa Rosada.
La intención del Gobierno es terminar la obra para no contabilizar los desembolsos como un costo hundido. Eso, requiere que el yacimiento de carbón pueda proveer el insumo de manera sustentable, algo que difícilmente ocurrirá en el corto plazo.
Las sospechas de corrupción en torno a la construcción de la central eléctrica y los fondos públicos que se utilizaron en la mina de carbón derivaron en una investigación judicial por la cual están presos el ex ministro de Planificación, Julio De Vido y el intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT). También obligó a pasar algunos días tras las rejas al ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain.
En mayo de 2016, el Gobierno presentó una demanda penal contra De Vido y otros funcionarios por presunto fraude contra el Estado mediante movimientos millonarios de fondos a favor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Fue acompañada de documentación y pruebas según las cuales el proyecto carbonífero recibió fondos por $ 26.000 millones en la década que va desde 2005 a 2015, pero las instalaciones estaban en un estado evidente de abandono físico y la mina casi no tenía actividad productiva, a tal punto que en el último año de gestión kirchnerista se extrajeron 48.000 toneladas de carbón, un volumen similar al que se producía en 1951, cuando la actividad se hacía con pico y pala, y el acarreo del mineral se realizaba en vagones impulsados por los trabajadores.
En ese contexto, el Gobierno dispuso un plan de reestructuración que implica el recorte de puestos de trabajo. En enero fueron despedidos 400 trabajadores. En los despachos oficiales dicen que es una alternativa para continuar adelante con el proyecto, aunque los gremios no están de acuerdo con la medida. El 1° de abril vence el plazo que se les dio para aceptarlo. Si no lo hacen, se aplicará un plan Preventivo de Crisis, que le abre la puerta a medidas más drásticas.
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