¿La última oferta del Presidente?
Éxito o fracaso. En la recta final, todo depende de un número. Ya no es el valor presente de una propuesta de canje para apuntar en un balance o revender un bono en el mercado a un mejor precio, ni tampoco los recortes que aseguren al país la sustentabilidad macro, sustenten el gasto que reactiven la demanda y ofrezcan densidad a un proyecto político. En el último tramo, la presión viene de un número que miran con cada vez mayor vocación los negociadores.
La tasa de adhesión -y detrás, la participación mínima y las cláusulas de acción colectiva- de la propuesta argentina determinará si la cuarta propuesta de Martín Guzmán es la "última" de Alberto Fernández y si -como él mismo ratificó varias veces- desea evitar convertirse en el presidente del default. A ese dato clave se le suma una previsión a futuro en caso de un fracaso del proceso de renegociación: a cada frase pública se va agregando el concepto de "buena fe", clave para evitar otorgar el sustento legal a un posible juicio en Nueva York.
En el Gobierno interpretaron la presentación de una nueva oferta conjunta de los bonistas privados como una presión. El timing importa. Llegó luego de que el Presidente le dijera al Financial Times -el medio del mundo económico más prestigioso del mundo- que su oferta era la última y horas antes de que hablara ante el Consejo de las Américas. Entre los comités de acreedores aceptan que fue una presión "de buena fe" a través de una propuesta que sumaría -dicen- al 85% de los bonistas. Si logran sentar a Fernández a negociar, afirman, el acuerdo cerraría en un valor presente alrededor de los 55 centavos por dólar (la propuesta presentada hoy es de 56,5).
En el equipo económico calificaron la presión privada como una "cartelización de mala fe". Es que develó un detalle no menor para los negociadores: a los comités más reticentes a aceptar la oferta local, AdHoc y Exchange, se sumó ahora ACC (con fondos como GMO y Vanguard). Afuera de ese plato quedaron Gramercy, Fintech, y Greylock (de Hans Humes), que tienen pocos papeles de deuda local, pero intereses accionarios en el país. Son los fondos cercanos al Gobierno. "Si sólo cierran con ellos adentro no suman el 40% de aceptación", alertan entre los bonistas rebeldes. Guzmán afirma que el 60% de los acreedores son minoristas y alienta a seguir apostando al trabajo de los bancos (Lazard, Bank of America y HSBC). Los inversores dudan, ¿la liquidez quedará del lado de Guzmán o de Larry Fink, número uno de Blackrock, el fondo más grande del planeta y el más resistente en la negociación?
Ante lo que consideraron un ataque al ministro de Economía, el Presidente y el FMI, en el oficialismo salieron a defenderse. "Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer", dijo Guzmán sobre la propuesta conjunta. En el Palacio de Hacienda afirman que la oferta conocida ayer sube los cupones en los primeros años del período de Fernández (2022 y 2023), sobre todo en el bono para pagar los intereses corridos.
Pese a sumar a los jubilados por primera vez en la defensa oficial, el propio Alberto Fernández volvió a mostrar el valor de la ductilidad de su palabra. De "la última oferta" a los bonistas pasó hoy a un cauto "seguir negociando". El Presidente incluso se animó a dar un salto más, quizás alerta ante el realineamiento de los acreedores privados frente a la negociación con la Argentina. "Es muy difícil hacer una oferta mejor", dijo. Quiso decir que ya no es imposible.
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