La suma de los derechos adquiridos a partir del 10 de diciembre de 2023
Tiene que haber alguna forma de hacer viable el funcionamiento más normal del sistema económico, lo cual, desde la situación actual, implica poder desplazar en el futuro a inútiles atrincherados en diferentes porciones del Gobierno
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Juan Piolón, 40 años, ingresó a la planta permanente del Estado nacional, a pesar de que no solo no es idóneo para el puesto que ocupa, sino que ni siquiera se siente mal por el papelón que ello significa. ¿Cómo lo consiguió? Por su vinculación política con el gobierno de turno.
Si gracias a los K el número de empleados públicos se duplicó, sin que mejoraran los servicios que presta el Estado, cabe pensar que hay millones de Piolones que para las estadísticas oficiales serán considerados empleados cuando correspondería catalogarlos como becados.
Es lógico pensar que si la oposición gana las próximas elecciones presidenciales, los Piolones que no renuncien serán despedidos. Es lógico, pero, ¿cabe esperar algo así?
Aquí se plantea la cuestión del respeto a los derechos adquiridos, cuestión que no le preocupó a Fidel Castro cuando bajó de la Sierra Maestra, o a los líderes de Khmer Rouge camboyano. Pero la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2023 es un caso distinto. ¿Habrá que bancar a Piolón durante 30 años más?
Quiero plantearlo de manera brutal, pidiendo auxilio profesional. Si en el nombre de los derechos adquiridos no se puede tocar a ningún empleado público, a ninguna porción de la legislación impositiva, aduanera o laboral, etc, entonces mucho me temo que el próximo presidente en su discurso inaugural planteará buenas intenciones, pero como no cuenta con herramientas para atacar al gasto público, seguiremos con inflación, estancamiento, pobreza, etc.
La mala lectura de lo que digo es que estoy a favor del capitalismo manchesteriano, la esclavitud laboral y desamparo de los abuelos y las abuelas. La buena lectura es un pedido de auxilio profesional a los abogados, particularmente a los constitucionalistas.
Tiene que haber alguna forma de hacer viable el funcionamiento más normal del sistema económico. Lo cual, desde la situación actual, implica poder desplazar a inútiles atrincherados en diferentes porciones del Gobierno, poder revisar algunos programas previsionales y sociales, etc.
Los economistas estamos entrenados para descubrir la dimensión de los problemas. El vacunatorio VIP fue un escándalo, pero lo que les costó la vida a algunas decenas de miles de argentinos fue no haber negociado con Pfizer desde el vamos. Aquí lo mismo: estoy planteando una cuestión que por su magnitud puede comprometer seriamente el accionar del próximo gobierno.