La Secretaría de Energía tuvo cuatro reuniones con el FMI por las tarifas de gas y electricidad

Son semanas de intensas negociaciones dentro del equipo económico del Frente de Todos. El tema prioritario son las tarifas energéticas, que están congeladas para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde febrero y abril de 2019. El ministro de Economía, Martín Guzmán, no da el brazo a torcer en cuanto a que es necesario mantener constante el gasto en subsidios económicos en términos del producto bruto interno. Y así se lo hará saber mañana y pasado a los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando se reúna con ellos en Washington.

Los representantes del Fondo en la Argentina ya tuvieron al menos cuatro reuniones con el secretario de Energía, Darío Martínez y su equipo. La Secretaría depende directamente del Ministerio de Economía, luego de que saliera de la órbita de la cartera de Desarrollo Productivo en agosto pasado, justamente por razones fiscales.

El detonante de esa decisión fue una conferencia pública del ministro Matías Kulfas, que daba detalles del Plan Gas y contaba que habría una subasta con un valor máximo de US$3,90 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Cuando Guzmán escuchó lo que ese precio tope implicaba en gasto fiscal, pidió revisar los números.

Así llegaron los cambios. Se decidió despedir a Sergio Lanziani de la cartera energética, que en la práctica no tenía injerencia en el Plan Gas, y se nombró a Martínez, por entonces diputado por Neuquén, para que negociara un precio máximo más bajo con YPF que era, paradójicamente, la empresa que necesitaba mayores ingresos para reactivar sus pozos gasíferos.

La Secretaría de Energía, además, pasó a estar bajo la estricta auditoría de Economía. “Es un gran cierto del Presidente hacer que la Secretaría dependa de Economía, porque nuestras decisiones afectan mucho la macro”, decía por ese entonces el actual titular de Energía.

Las negociaciones para lanzar finalmente el Plan Gas tardaron casi tres meses hasta que Guzmán dio luz verde al nuevo programa, que tenía un solo cambio: el precio tope había bajado a US$3,70. “Se podría haberlo reducido aún más, pero YPF necesitaba hacer caja”, admiten en el Gobierno.

Apenas firmados los contratos por cuatro años, los representantes del Fondo en la Argentina comenzaron a hacer preguntas. Sucede que, con el Plan Gas, el Gobierno se comprometió a pagarles un precio en dólares a las productoras, con el objetivo de darles previsibilidad y evitar el declino en la producción. Parte de ese precio en dólares (el 55%), lo pagan los usuarios a través de las tarifas de gas. La otra porción se cubre con transferencias del Tesoro. El problema es que las tarifas están pesificadas y, si no se actualizan, lo que se recauda en pesos cada vez alcanza para pagar una menor parte de ese precio comprometido.

“El Plan Gas hará que baje el costo [fiscal], no que suba. Yo expuse con el Fondo y eso es un caballito de batalla. De no hacerlo, el 7,5% que hay de declino [en la producción de gas] por año se transforma en un fuerte gasto fiscal. El esfuerzo fiscal también depende de cuánto se decida trasladar a tarifa del precio de subasta, pero rápidamente se transforma en un ahorro porque importar energía es mucho más caro”, decía en noviembre pasado Darío Martínez, en una entrevista con LA NACION.

Es cierto que reemplazar producción local con importaciones significa un costo mayor y, además, son divisas que salen del país en un contexto de escasez de reservas. Pero para que el ahorro fiscal sea completo, al Plan Gas le falta la pata de aumento de tarifas, que impulsa Guzmán y que recibe fuerte resistencia del Instituto Patria.

Federico Bernal, interventor en el Enargas, es quien liderada esta corriente. La semana pasada, en las audiencias públicas a las que convocó, indicó que el servicio energético es un “derecho humano”. “¿Por qué no se propone, como sí con la energía y las tarifas, eliminar o reducir drásticamente los subsidios a la salud pública, a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología?”, preguntó, a manera de provocación a la Secretaría de Energía, que un día antes había propuesto aumentos de entre 26 y 35% para las tarifas de gas.

Guzmán deberá mañana defender la corrección en el gasto fiscal ante el FMI sin demasiada certidumbre sobre qué ocurrirá con los precios de la energía. En el sector prima la idea de que la última palabra la tendrá la vicepresidenta, Cristina Kirchner que, si en general está en contra de aumentar tarifas, más lo está en un año electoral.

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