La reforma energética de México afronta una prueba de fuego

CIUDAD DEL CARMEN, México —El derrumbe de los precios del crudo ha provocado el despido de trabajadores y reducido los ingresos que México recibe de decenas de campos petroleros en el mar que baña estas costas.

Los daños causados por los bajos precios también llegan a Ciudad de México de manera menos visible, al frustrar la histórica y tan aguardada apertura de la industria petrolera del país a las empresas extranjeras.

México subastará el miércoles nueve yacimientos en aguas poco profundas del Golfo de México en lo que los analistas consideran su mejor oportunidad este año para atraer a las petroleras foráneas, que han sido excluidas del país durante casi ocho décadas. Los campos tienen reservas comprobadas y probables, lo que significa que se han encontrado cantidades comerciales de petróleo, y se hallan en un área donde los costos de producción han estado tradicionalmente por debajo de US$20 por barril. Veinte empresas y consorcios han reunido los requisitos para postularse, incluyendo Chevron Corp., la china Cnooc Ltd., Royal Dutch Shell PLC y nuevas empresas mexicanas con billeteras grandes como Carso Oil & Gas SA, vinculada al multimillonario Carlos Slim.

Sin embargo, la reforma que el gobierno presentaba como arrolladora ha tropezado en momentos en que la industria reduce frenéticamente los mismos tipos de proyectos que México les ofrece.

México necesita impulsar su producción petrolera —que financia cerca de un tercio del presupuesto federal— después de un declive de más de una década. Petróleos Mexicanos, o Pemex, el monopolio de facto desde la nacionalización del sector en 1938, ha tenido problemas para crecer después de que los yacimientos que descubrió en los años 70 y 80 comenzaron a agotarse. La compañía no tiene las competencias para desarrollar proyectos más complejos en aguas profundas y busca socios para explorar los bloques que serán subastados el próximo año.

En 2013, cuando el país estaba cerca de convertirse en un importador neto de petróleo, el presidente Enrique Peña Nieto decidió abrir la industria energética —lo que exigió una reforma de la Constitución— de modo que las compañías internacionales pudieran ayudar a recuperar gas y petróleo de los campos antiguos y encontrar nuevas reservas en aguas profundas o en depósitos no convencionales como los de esquisto.

En aquel momento, el petróleo se cotizaba por encima de US$100 el barril y el gobierno esperaba la llegada masiva de capitales. México creó un fondo soberano para canalizar ese dinero hacia la educación y otros programas sociales una vez que los nuevos contratos comenzaran a generar impuestos y regalías más allá de las necesidades fiscales. El país calculó que la reforma energética añadiría el equivalente a 1% de su Producto Interno Bruto cada año a partir de 2018.

Las cosas comenzaron mal. Cuando el gobierno lanzó en julio la primera subasta de derechos de exploración en las aguas poco profundas del Golfo de México, los precios del crudo habían caído a menos de US$50 el barril. De los 14 bloques que el gobierno puso a subasta, sólo dos recibieron ofertas, y ninguna provino de grandes compañías extranjeras.

El gobierno adoptó una serie de medidas para evitar una suerte similar en la subasta del miércoles, flexibilizando los términos de la venta. Las autoridades consideran la licitación de hoy como crucial para la continuidad de la reforma, que se suponía debía mantener en curso la meta de llegar a 2018 con una producción de crudo de 3 millones de barriles diarios desde los actuales 2,3 millones.

Sin embargo, a medida que la cotización del crudo sigue en picada, las petroleras se han vuelto más selectivas y exigentes a la hora de invertir su tiempo y capital. Una reciente subasta de bloques petroleros en el lado estadounidense del golfo, similar a los que México ofrece el miércoles, tuvo pobres resultados y las grandes petroleras ni siquiera presentaron ofertas.

La consultora Wood Mackenzie calcula que la industria ha cancelado este año más de US$100.000 millones en proyectos de este tipo.

"Por desgracia, es muy mal momento", reconoce Adrián Lajous, ex presidente ejecutivo de Pemex y miembro del Centro de Políticas Globales de Energía de la Universidad de Columbia.

Las reformas se centran en la transformación de la industria energética en el largo plazo, dicen sus defensores. Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), insiste que la apertura de la industria en un momento de bajos precios la hará más competitiva a largo plazo.

Los analistas y los observadores no están tan convencidos. La competencia por los cada vez más escasos presupuestos de las petroleras se ha acentuado drásticamente, lo que ha cambiado de manera significativa el equilibrio de poder entre las empresas y los países productores, para obligar a los productores a ofrecer condiciones más ventajosas o afrontar la posibilidad de una caída de la producción y los ingresos.

Mientras tanto, el gobierno de Peña Nieto enfrenta dificultades internas, incluyendo la fuga de un importante capo de la droga de una prisión de máxima seguridad. La tormenta política que se está gestando ha centrado el descontento en la reforma energética y amenaza con descarrilarla.

En Ciudad del Carmen, otrora un centro de actividad de Pemex en el estado de Campeche, los trabajadores culpan en parte a la reforma energética por los despidos en las plataformas marinas que producen la mayor parte del petróleo de México.

"Lo que vemos ahora es un montón de gente sin trabajo debido a la reforma de Peña Nieto", dice Enrique Rivera, de 48 años, un trabajador de mantenimiento desocupado. "Una gran cantidad de empresas de servicios tomó sus plataformas y se fue", cuenta Rivera, quien también culpa de la situación a la brusca caída de los precios del petróleo.

Zepeda confía en que los resultados de la subasta de hoy serán mejores. "No hay riesgo exploratorio", señala. "Los proyectos son más atractivos, menos riesgosos, de modo que a raíz de eso, deberíamos obtener un buen resultado".

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