Abandonar viejas prácticas: la receta de los economistas para desactivar la espiral inflacionaria

Reducir el gasto público, el déficit y la emisión y eliminar los ruidos de la política que impiden tener un plan de estabilización son los ingredientes de la receta de los economistas; cómo impacta el deterioro de expectativas que causan los pasos del Gobierno

El piso es demasiado alto y el techo podría estar bastante más lejos de lo deseable. La inflación es, sin dudas, la peor pesadilla en la vida económica de los argentinos. La enfermedad se hizo endémica y el Gobierno no logra aplicar una vacuna: lejos de implementar una terapia que pueda estabilizar al enfermo, se insiste con una receta que agudiza los síntomas. Emisión, gasto creciente, déficit fiscal y cuasifiscal... todo aderezado con el conflicto político puertas adentro del Frente de Todos, la coalición gobernante.

Según las proyecciones de economistas y analistas, la inflación de todo 2022 será de entre 65% y 80%. El mayor consenso la ubica en un nivel de entre 70% y 75%. Muy lejos del 48% planteado como margen superior en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a años luz del 33% firmado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el proyecto de Presupuesto 2022.

Marina Dal Poggetto, economista y directora de Eco Go Consultores, pone el foco en la necesidad de implementar de forma urgente un programa de estabilización. “Con un 5,2% que muestra nuestro indicador [el de la consultora) para mayo, montado sobre el 23% acumulado a abril, para llegar a un 70% de inflación se requeriría que la inflación baje a 3,5% entre junio y diciembre. Sin horizonte y sin gobernabilidad, eso luce complicado”, subraya. Y agrega: “Con el dólar y los salarios corriendo al 4%, más los aumentos pendientes en las tarifas y el combustibles, la inflación del año puede estar arriba del 70%”.

Camilo Tiscornia, economista socio de C&T Asesores –consultora a la cual la medición de la inflación de mayo le dio 5,3%–, advierte que la situación es “bastante grave”. “La inflación de marzo fue un punto de quiebre a nivel tanto económico como político. Ese 6,7% hizo detonar el conflicto entre el Presidente y la vicepresidente, y cuando se combina una inflación tan elevada con una especie de vacío político y falta de rumbo, la situación es critica”.

La inflación es un problema con el que la Argentina lidia desde hace décadas. Y sobre llovido, el panorama internacional no colabora. El conflicto Rusia-Ucrania, la suba del precio de las commodities y las principales economías batallando con su inflación son condimentos negativos. Pero no son la madre ni el centro del problema, como argumentan desde el Gobierno.

“La inflación internacional es un factor que influye en los precios locales, pero la inflación en la Argentina ya venía siendo muy alta. El aumento de los precios de las commodities generó un impacto en el precio de los alimentos ligados a materias primas bastante fuerte en marzo y abril; entonces en el mundo la inflación fue más alta”, dice Tiscornia.

“El fenómeno inflacionario está mostrando mayor persistencia de la que esperaban los economistas y las expectativas se deterioraron, porque no hay ancla económica ni política a la vista”, sostiene Emiliano Anselmi, Team Leader de Macroeconomía de Portfolio Personal.

Lo que sucede en el frente externo es para los especialistas un dato más, pero hay consenso en que si dejara de existir de la noche a la mañana, eso no cambiaría de modo contundente el rumbo ni la inercia de la inflación en la Argentina.

¿Qué medidas anotan los analistas entre las imprescindibles para solucionar el problema? Dar forma a un programa de estabilización, reducir la confrontación entre la alianza gobernante, bajar el déficit fiscal y la emisión monetaria, y mantenerse lo más pegado posible a los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son, en rigor, recetas conocidas, que conllevan un costo político que nadie parece querer asumir.

El economista Daniel Marx, director de Quantum Finanzas, resalta que “el tiempo nos juega en contra, mientras que la corrección de precios relativos y la estabilización con un programa integral y creíble son imprescindibles para evitar complicaciones posteriores”. Para los próximos meses, “contemplar ajustes de precios relativos, como tarifas de servicios públicos y también alguna cuestión vinculada al tipo de cambio efectivo que se estuvo rezagando respecto de los costos, va a dar un alza en la tasa de inflación. El punto es ver si eso es parte de un programa de estabilización, o si no existe tal programa”.

“Pese a que el acuerdo con el FMI limita la emisión de pesos del Banco Central a favor del Tesoro, la dinámica de la inflación y las expectativas se encuentra en el peor momento”, plantea Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea. Y pone en blanco sobre negro la situación: salarios, tipo de cambio y tarifas quedaron atrasados en relación con la inflación. “Por ende –define– la presión indexatoria apunta a ser mayor y no menor en los meses por venir”. Es posible que los índices de mayo y junio sean inferiores a los de marzo y abril; sin cambios significativos de política, un piso de inflación de entre 4,5% y 5% para los próximos meses parece ganar cada vez mayor consenso”.

Otros no descartan una aceleración mayor y una inflación anual de tres dígitos, aunque por ahora no son mayoría. Y como ráfagas, los recuerdos de la hiperinflación vuelven a la memoria colectiva. ¿Es un escenario posible? Dal Poggetto aclara que “no es un destino irremediable”. La economista descarta esa inercia de la década del 80 que llevó a la inflación más allá del 3000%, pero no una situación en la que –de persistir los errores y los desacuerdos políticos– el Índice de Precios al Consumidor (IPC) termine por instalarse en tres dígitos.

La llave que puede acercar a la Argentina al escenario menos deseado, o alejarla de él, está en el capital político que puedan (o no) reconstruir el Presidente y su equipo de ministros y en el devenir de los enfrentamientos en el oficialismo.

Eduardo Fracchia, director del área económica del IAE Business School, plantea que “para estabilizar, Cristina debería girar fuerte a la derecha, que es lo que hubiese hecho Néstor. Sin ortodoxia y sin señales de eficiencia y austeridad, como las que dio Perón en el 52, la tentación del ‘plan Gollán’ [en referencia al diputado del oficialismo, que en campaña habló de la necesidad de repartir ‘platita’ ante los problemas sociales] hiere al kirchnerismo, que iría a las urnas con 50% de pobreza, 90% de inflación, crecimiento cero en cuatro años de gestión y caída del 30% del salario real”.

El tiempo ya juega en contra

“No hay atajos. La clave es bajar el déficit fiscal”, postula Tiscornia. “El camino fiscal acordado con el FMI es razonable para empezar, pero ni siquiera con esas metas (que no son duras) el Gobierno puede generar credibilidad de que va a cumplir”.

“La política económica del oficialismo tiene que anclar expectativas a como dé lugar. Esa es la única manera de contener la aceleración de la velocidad de circulación del dinero. El anclaje de expectativas solo puede venir de un oficialismo plegándose seriamente a los lineamientos del Fondo: cumpliendo la meta fiscal de 2,5% del PBI de déficit primario, la monetaria (1% del PBI) y la de acumulación de reservas (US$5800 millones en el año)”, define Anselmi.

Martín Calveira, economista e investigador del IAE Business School, plantea dos drivers sobre los que el Gobierno debería accionar con rapidez: minimizar las tensiones políticas internas sobre la gestión económica y, en simultáneo, intentar acordar objetivos de mínima para acompañar el programa que presentó el ministro Guzmán. “Sin cohesión, es casi improbable que los objetivos de la política económica se lleven a cabo”, subraya.

El segundo aspecto que pone sobre la mesa el economista del IAE es principalmente técnico. “La asistencia monetaria al Tesoro, luego de dos años de expansión, debería comenzar a minimizarse. Por otro lado, es imperante que la estructura de ingresos y gastos del sector público nacional sea revisado para no caer en la sugerencia de ajuste; lo importante en este punto debe ser el criterio de eficiencia”, considera.

Las recetas, sin embargo, parecen alejadas de la práctica. Según observa Vasconcelos, “en marzo, el gasto primario del sector público nacional subió 85,9% interanual, cuando los recursos tributarios lo hicieron un 65,5%. En parte esto tiene que ver con el hecho de que los subsidios energéticos y al transporte, que este año debían achicarse 0,6 puntos del PBI, se estarían incrementando entre 0,7 y 0,8 puntos”.

Simplificando lo que se deriva de este fenómeno, hay dos vertientes a monitorear: el déficit podría hacer que la emisión no se frene de acuerdo al programa diseñado con el FMI y, además, la falta de ahorro del sector público va dejando su expresión en el deterioro de la cuenta corriente del balance de pagos –que pasó a estar en rojo en la medición de caja del Banco Central en el primer trimestre–, encendiendo la luz amarilla en el semáforo que vigila la acumulación de reservas externas.

“Si ese desvío persiste, no puede desecharse que el Gobierno se vea obligado a modificar su política cambiaria, lo cual repercutiría obviamente en la marcha de los precios”, analiza Vasconcelos.

“Nosotros estamos parados en una inflación de 70%, con riesgo al alza”, pronostica Anselmi. Y agrega: “La velocidad de circulación del dinero se aceleró desde enero; eso no es otra cosa que los argentinos deshaciéndonos de los pesos a una mayor velocidad que antes y por las expectativas de inflación; puede haber inflación sin nueva oferta monetaria, basta con que caiga la demanda”.

“Es difícil plantear la solución con medidas aisladas y fuera de contexto, porque las medidas económicas en un contexto político determinado podrían funcionar muy bien, pero en otro podrían fracasar”, razona Federico De Cristo, profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. Por ejemplo, dice, no es lo mismo implementar controles de precios en el inicio de un plan integral para bajar la inflación, que implementarlos como una medida aislada, porque un plan busca coordinar las distintas herramientas para alcanzar un resultado final, que seguramente incluirá bajar la inflación, pero también ordenar la economía y buscar recuperar el crecimiento, mejorar el empleo, bajar la pobreza.

“Bajar la inflación es costoso en términos de actividad y bienestar en el corto plazo, porque caerá la producción, aumentará el desempleo y la pobreza… pero luego, la estabilidad de precios será un sólido punto de partida para crecer al restablecerse la confianza y el crédito, lo que recompondrá el poder adquisitivo del salario e impulsará el consumo”, plantea De Cristo.

En una línea similar, Tiscornia remarca que el costo político de resolver el problema del déficit fiscal, es elevado: “No hay duda de la dificultad política –afirma–, pero desde el punto de vista económico es crítico hacerlo e incluso a mayor velocidad que la que está en el acuerdo con el Fondo; este debe ser el punto de partida, porque el Gobierno no tiene credibilidad para poder manejar la situación con promesas a futuro”.

La sábana es corta. Subir impuestos es complejo, porque la presión ya es muy alta y la oposición no permite que una medida así pase por el Congreso. Reducir el gasto vía menores subsidios abre otro frente: subir tarifas. Y está claro que los ajustes propuestos en las audiencias públicas son insuficientes para lograr un ahorro genuino; las menores transferencias a las provincias encienden la conflictividad con los gobernadores, y recortar planes sociales trae disconformidad social.

“La Argentina parece haber entrado en un nuevo régimen inflacionario, por lo que la suerte estaría echada de aquí al final del mandato. Queda esperar que el oficialismo procure que esto no se desbande”, señala Anselmi. Y agrega datos no alentadores: “Si consideramos que el año que viene es electoral y que los partidos políticos son maximizadores de votos, cuesta imaginar un oficialismo abrazándose a una política fiscal y monetaria dura. Esto nos hace pensar que el piso de inflación para 2023 estará unos puntos por arriba de 50%, con un techo alto que dependerá de la disciplina fiscal, del estilo del oficialismo y de cómo evolucione su interna”.

El hilo es delgado y necesita de decisiones concretas y rápidas. “Siempre se puede cambiar de rumbo, el tema es para qué lado y si existe capital político suficiente para hacerlo”, apunta De Cristo. Y va a un ejemplo concreto: “En 1985, la Argentina e Israel enfrentaban una situación de elevada inflación, con déficit fiscal, devaluación y aumentos de salarios. Ambos se embarcaron en planes de estabilización muy similares. El de Israel funcionó muy bien, pero el plan Austral de la Argentina fracasó y terminamos en una hiperinflación”.

“Es verdad –continúa De Cristo– que Israel contaba con un importante préstamo de Estados Unidos que fortaleció sus reservas internacionales y le dio un margen que la Argentina no tenía, pero, además, acá el plan económico tropezó ante al desequilibrio fiscal que se generó por problemas políticos. Bajar la inflación cuando llega la híper y todo deja de funcionar es relativamente más fácil que bajarla cuando es alta pero la economía, mal que mal, funciona”.

“El final de la historia no está escrito, pero no se vislumbra la capacidad para buscar la cooperación de un gobierno que no se deja ayudar y una oposición que pareciera querer evitar a toda costa una herencia asintomática como la que recibió a fines de 2015. Sin crédito y sin moneda, no hay margen para un programa gradual sin agudizar la indexación, como quedó demostrado con el programa actual del FMI. Pero detrás del shock hay matices, no hace falta arrancar rompiendo contratos y, ciertamente, hay disponibles mecanismos para distribuir los costos evitando una implosión social”, deja picando Dal Poggetto.

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