La política deteriora a la macroeconomía y viceversa

“Es lo que hay, pero podríamos estar peor en los próximos meses”. Palabras más, o menos, esta es la resignada conclusión de quienes siguen la evolución de los desajustes macroeconómicos del gobierno de Alberto Fernández con la misma atención que los médicos le prestan a los análisis clínicos de un paciente para detectar las causas de enfermedades graves. La diferencia es que los economistas y empresarios cruzan los dedos para que el Fondo Monetario Internacional mantenga la tolerancia demostrada con el acuerdo de fin de marzo y no empuje a la Argentina hacia el abismo de una crisis descontrolada.

Mientras las reservas líquidas del Banco Central bajan a niveles alarmantes, empeoran los indicadores fiscales y monetarios y la hipertensión inflacionaria se mantiene muy alta, los políticos del Frente de Todos –enfrentados entre sí– parecen haberse desentendido de los números macro para ocuparse de ellos mismos y sus “quintitas”, sin tomar conciencia de que son gran parte del problema y nada de la solución. Su divorcio de la realidad es tan evidente como la incertidumbre sobre el futuro económico a corto plazo que se empeñan en aumentar con cada declaración o propuesta extravagante, a costa de destruir cualquier posibilidad de generar confianza.

El falso argumento oficial de que la inflación, que ya supera 60% interanual, obedece a la escalada de los precios internacionales de las commodities agrícolas y energéticas debido a la guerra de Rusia contra Ucrania (cuando en Brasil y Uruguay se ubica en torno de 10/11%), oculta dos oportunidades que se están desaprovechando.

Una, que la Argentina podría incrementar la producción y exportación de alimentos, si no fuera por los escollos de su extravagante esquema cambiario, las retenciones y la intervención en los mercados. Otra que, a pesar del potencial de Vaca Muerta, en diez años no logró evitar las importaciones de gas natural licuado y combustibles líquidos en invierno; y, en el mejor de los casos, tardará más de cinco para poder exportar GNL. Aun así, el Gobierno insiste en subsidiar la energía y promete cubrir la actual escasez de gasoil con importaciones a precio internacional, sin contar con los dólares necesarios. No sólo eso. Con un precio doméstico 50% más bajo que en los países limítrofes, anunció dudosos controles fronterizos para frenar las ventas. Para colmo, dos meses después de la adjudicación aún no autorizó las importaciones de chapa y caños para la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que debería estar terminado antes del invierno de 2023 para dejar de importar GNL, mientras las internas en el oficialismo demoran la licitación de la obra civil.

Esta situación revela un problema mayor: no hay dólares para todos en el BCRA porque, en plena temporada alta de liquidación de divisas por la cosecha agrícola, la demanda supera a la oferta en el mercado cambiario oficial.

Una prueba es que pese a la liquidación récord de US$4231 millones por exportaciones de granos en mayo (más por precio que por volumen) y que en los primeros cinco meses del año totalizaron US$15.330 millones (con un alza de14% interanual), las compras oficiales de divisas fueron inferiores en 4800 millones a las del mismo período de 2021.

Con datos del primer cuatrimestre de 2022, el economista Miguel Ángel Broda calculó en US$1165 millones la reducción del superávit comercial cambiario (de caja), ya que el aumento de 19% por cobros de las exportaciones totales (4260 millones) fue inferior al 33% registrado por los pagos de importaciones (5425 millones).

En la desagregación por rubros, la gran aspiradora de dólares fue la importación de energía (GNL, gasoil y fuel oil), que creció 157% y demandó casi US$2200 millones más que en los primeros cuatro meses del año pasado. En el resto la suba fue de 22%, pero los pagos fueron 3200 millones más altos pese a las trabas a la importación de insumos, que frenan la producción en distintos sectores y explican la heterogénea evolución –y desaceleración- de la actividad económica.

A esta demanda se agregan los mayores pagos de préstamos financieros (US$448 millones) y por viajes y compras con tarjeta en el exterior, que totalizaron US$2000 millones (500% más que en el mismo período de 2021) mientras los ingresos por el mismo concepto fueron de 130 millones.

Según Broda, el Gobierno no podrá cumplir en el segundo trimestre la meta de acumulación de reservas internacionales netas acordada con el FMI, porque en lo que resta de junio el BCRA tendría que comprar casi US$2500 millones, a un ritmo de 125 millones diarios. Tampoco las metas de déficit fiscal primario y de financiamiento del Banco Central al Tesoro, a menos que negocie un primer waiver a tres meses de la firma del acuerdo.

Con este cuadro de situación, resulta increíble que la prioridad para el Presidente sea ahora transformar la Corte Suprema de Justicia en una insólita liga de representantes de gobernadores provinciales afines al oficialismo. Sobre todo, cuando varias medidas intervencionistas del Gobierno se han ido judicializando (telecomunicaciones como servicio público; amparos por trabas a importaciones; impagos de los fideicomisos trigueros de 2014 y 2022) y otras van por el mismo camino (ajuste de tarifas de gas sin audiencia pública, segmentación de usuarios por capacidad de pago).

También lo es que, en los cinco primeros meses de este año, el Congreso no haya sancionado una ley de alquileres en reemplazo del régimen votado en 2020, que desplomó la oferta y perjudicó la demanda con sus cláusulas de plazo mínimo de 3 años en los contratos y ajustes anuales indexados por un único índice oficial.

Un párrafo aparte merece el spot audiovisual más reciente de la saga Argentina Presidencia. Ahora con el eslogan “primero la gente” y claro tono electoral, incluye una grotesca sucesión de opciones que no son tales, como elegir “entre un país que pone en pausa todos nuestros derechos o una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización” (sic), como si el empleo en negro no fuera casi la mitad de la fuerza laboral. También apela al desconocimiento de los jóvenes y a la amnesia de los mayores, al proponer “mayor velocidad en las políticas para que tu sueldo le gane a los precios”. Justo cuando acaban de cumplirse 47 años del “Rodrigazo” y aparecen síntomas similares, como inflación reprimida (atraso tarifario y cambiario); fuerte aumento real del gasto público y reservas netas del BCRA tocando fondo. Con escasez de inversión privada y una inflación mensual promedio que, anualizada, se aproxima a los tres dígitos, pretender una política distributiva se asemeja a organizar un curso de navegación a vela en medio de un huracán.

Ya se sabe que, salvo escasas y honrosas excepciones, los políticos argentinos no tienen el menor apego por la austeridad fiscal. Ni mucho menos por la necesidad de fijar prioridades o adoptar la conducta arraigada en muchos países que compensan el aumento del gasto público en algunos rubros con el recorte en otros, para evitar que suba el déficit y no financiarlo con mayor emisión o endeudamiento. Actúan como si los bomberos se dedicaran a echar combustible al fuego.

El deterioro macroeconómico no sólo se convierte en un búmeran para los políticos oficialistas. También coloca una vara más alta para la oposición. Dentro de algunos meses no alcanzará con decir que se necesitan múltiples reformas en el Estado y la estructura económica, junto con un programa económico sostenible para bajar en serio la inflación. El cómo será más mucho más importante.

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