La paradoja de Daniel Arroyo: combate la pobreza pero genera suba en los alimentos

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, fue el encargado de explicar los números de pobreza que, como cada vez que se publican, conmueven a la opinión pública. Como quien dice, le tocó poner la cara. Se lo escuchó decir que hay que aumentar la torta productiva, que los índices “están estabilizados” y que gran parte de la culpa es del el precio de los alimentos. Lo que no aclaró es cómo manejará la paradoja que él armó con la inestimable colaboración de la inentendible y superflua Mesa contra el Hambre, esa que parece haber mutado en Mesa del Hambre.

¿De qué se trata? Arroyo y esa usina de políticas públicas son los cerebros detrás de la Tarjeta Alimentar. Pero justamente este orgullo del funcionario es uno de los grandes responsables de la suba de precios de la canasta básica, especialmente para los sectores más vulnerables.

El tema es simple y lo podría entender cualquiera que pueda decodificar los lineamientos básicos de economía. Por día, en promedio, el Gobierno entrega aproximadamente 353 millones de pesos para que cada uno de los que tienen la famosa Tarjeta Alimentar compren en el supermercado cualquier alimento, excepto, en teoría, bebidas alcohólicas. Todo a precio de góndola, nada de precio especial. Es decir, el Estado adquiere millones y millones de productos de la canasta básica a precio minorista. Compra de a uno, a través de los beneficiarios, y valida los precios que por otro lado combate. Semejante inyección de dinero, que este año llegará al menos a 150.000 millones de pesos, especialmente localizada en los barrios más vulnerables genera aumento de precios. Apaga el fuego con kerosene.

El programa Políticas Alimentarias, que actualmente se lleva aproximadamente el 80% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, es la expresión presupuestaria del Plan “Argentina contra el Hambre” implementado a través de la Resolución 8/2020. Esa norma le dio forma a la implementación de la Tarjeta Alimentaria dirigida a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben un monto mensual fijo para comprar alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.

Actualmente, y después de la suba de febrero, los beneficiarios que tienen un hijo cobrarán $6000 por mes y los que tienen dos o más, $9000. El año pasado, ese programa entregó alrededor de 97,578 millones de pesos en la tarjeta prepaga, es decir, 267 millones diarios para la compra de alimentos.

La fuerte expansión del plástico empezó cuando el Ministerio de Desarrollo Social se topó con la imposibilidad de comprar al por mayor después del escándalo de los sobreprecios en los alimentos hace casi un año. Entonces, 15 funcionarios volaron de un plumazo presidencial cuando LA NACION publicó que se compraban alimentos con un sobreprecio de hasta 50%. El caso surgió el ministerio que conduce Arroyo adjudicó, entre otras cosas, dos lotes de 680.000 unidades de botellas de 1,5 cada una. Las vendedoras las cotizaron $157 aproximadamente. El punto es que cualquier argentino que fuese al super esos días conseguía esa botella, según establecía el sistema de Precios Máximos, en 98 pesos por botella. Lo mismo pasó con otros productos como fideos, arroz, yerba mate y lentejas.

El presidente Alberto Fernández, al inicio de la pandemia, resolvió que era compra no se realice y que a partir de ese momento, el Estado no podía comprar por encima de lo que el propio Gobierno establecía en la lista de los llamados Precios Máximos o Precios Cuidados.

La norma generó un verdadero cepo para Arroyo. El ministro se cansó de declarar fracasadas o desiertas las licitaciones que hacía ya que nadie le vendía al sector público al mismo precio que a los grandes compradores de alimentos privados. Entonces, se activó con fuerza la Tarjeta Alimentar.

Así se creó una fenomenal herramienta que intercala viernes: la Asignación Universal por Hijo se paga el primero de cada mes y esta se acredita el tercero. Su creación estuvo motivada en adicionar un pago en efectivo para que las familias compren en los locales de cercanía los alimentos frescos como las verduras, las carnes y los huevos, mientras que el Estado les entregaba los secos que adquiría mediante las licitaciones.

Pero no fue así. El paso del tiempo y la torpeza del Ministerio de Desarrollo Social para crear un sistema eficiente, rápido y transparente de compra de productos de la canasta básica, modificaron aquella motivación. Hoy los mayores receptores de los fondos de las tarjetas alimentar son las grandes cadenas. Además, no hay ninguna obligación de comprar alimentos que estén dentro de Precios Cuidados.

Cada tercer viernes de mes, las góndolas de los barrios más vulnerables, donde se localiza la mayoría de las compras, reciben ansiosas la llegada de poco más de 10.000 millones de pesos frescos para ser canjeados por cualquier cosa a cualquier precio. Sólo limitan las bebidas alcohólicas, algunos, hay que decirlo.

Arroyo podrá mostrar que frenó la suba de la indigencia que por dos semestres permanece en 10,5% y que en parte, se debe a esta tarjeta que asegura un changuito mínimo. Pero lo que no podrá es quejarse de que los alimentos suben. Él y la Mesa contra o del Hambre, como se prefiera, contribuyen con 350 millones de pesos diarios a que las góndolas se mantengan tibias.

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