La Oficina Anticorrupción también dejó de ser querellante en varias causas que afectan al kirchnerismo

El cambio de gobierno no pasó inadvertido para la Oficina Anticorrupción (OA). Desde diciembre de 2019, y con el cambio de autoridades, se sacudió la estrategia en materia represiva de la institución.

En mayo de 2020, la OA anunció que se retiraría de su rol de querellante en las causas “Los Sauces” y “Hotesur”, donde se investigan los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y donde está involucrado por presuntos delitos de cuando fue presidenta, entre 2007 y 2015.

Entonces, el actual titular de la oficina, Félix Crous, sostuvo que la función principal de la institución no es la judicial. Explicó que el organismo debía “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta (...) a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”.

A su vez, consideró que el Estado ya se encuentra adecuadamente representado en esos expedientes (como por la Unidad de Información Financiera y el Ministerio Público Fiscal) y que la intervención de la OA en esos juicios alteraba el equilibrio “de armas” entre las partes involucradas, en perjuicio de la defensa.

De acuerdo a un informe que se preparó para el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesisic), el Mecanismo Anticorrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo capítulo local realizó el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), Crous explicó que la decisión estuvo motivada en cuestiones presupuestarias. “Hay asuntos que nos esperan especialmente porque tienen un impacto para el erario o de altísimo impacto institucional. En esos casos, nos quedaremos”.

El documento repasa las normas de creación u las funciones del organismo. Cuenta que en el informe de gestión 2015-2019 (páginas 70 a 72) se destaca la actuación de la dependencia en las causas judiciales. También se señaló que se había dictado la Resolución 186/2018 que aprueba los criterios objetivos de significación que rigen los estándares por medio de los cuáles se establecen las denuncias que tramitan en la OA.

“Desconocemos si esa resolución ha sido modificada en función de este nuevo rol. Ahora parecería que ese rol sería algo negativo. El cambio de dirección debe obedecer a un cambio de gobierno en diciembre de 2019. Nos parece razonable que una institución cambie de orientación pero las razones expuestas por la OA no son las que podrían dar justificación. Ante todo, la posibilidad de ser querellante viene dado por las normas que regulan la actuación de la OA. Entre las funciones que el derecho argentino le asigna está la de constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia. Parecería que la OA podría estar incumpliendo un rol que el decreto le asigna realizar”, concluye el trabajo que encargado por la OEA.

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