La mayoría de los ministerios dejaron sin usar recursos disponibles para políticas de género

Por estas horas, por el Día de la Mujer, la ciudadanía se debate sobre la violencia contra la mujer, el acompañamiento a quienes fueron víctimas y cómo impedir que crímenes como la violación grupal en Palermo vuelvan a dejar perpleja a un la sociedad entera. Ante el repudio generalizado, se discute el rol que cumple el Estado o ministerios como el de la Mujer, Géneros y Diversidad, tanto en la educación como en la prevención y la contención.

El año pasado, el Gobierno destinó $1.877.337,5 millones para “actividades con perspectiva de género”, que se reparten entre 14 áreas del Estado. De estas, ocho no gastaron todo su presupuesto, con porcentajes de ejecución de hasta 0%. Se trata del Ministerio de Salud; de Justicia y Derechos Humanos; los organismos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Seguridad; el de Educación; de Economía; Ciencia, Tecnología e Innovación; Transporte y Obras Públicas.

Todas estas áreas, para las que el Gobierno planificó políticas vinculadas a incorporar la perspectiva de género, fomentar la salud sexual y reproductiva, prevenir la violencia de género y fomentar la “sensibilización, visibilización y capacitación”, en cada uno de los programas que desarrollan, no lograron aprovechar la totalidad de los recursos que tuvieron el año pasado.

Los casos más salientes son los del Ministerio de Transporte, que sólo ejecutó el 5,6% de su presupuesto para género y el de Obras Públicas, que tenía un crédito inicial de $833,5 millones, pero sus partidas fueron reasignadas y, al final, gastó 0%.

Tres áreas más gastaron menos del 50% de lo que debían. Ciencia, Tecnología e Innovación usó $3,6 millones de pesos, un 32% de lo originalmente pautado. El Ministerio de Educación y el de Economía ejecutaron 48,3% de sus disponibles. En el caso del primero, el Gobierno redujo -32,1% lo que pretendió destinar al inicio de 2021.

El Ministerio de Salud gastó 93,3% de su presupuesto. Sin embargo, pudo llegar a esa marca, aunque no fue completa, porque el Gobierno le redujo fondos para género en el año. Su crédito vigente inicial era de $5.221,8 millones. A través de modificaciones por decreto, lo achicó a $4.402,6 millones (casi 16% menos). Finalmente, la cartera de Vizzotti, que tiene a cargo gran parte de las actividades correspondientes a salud sexual y reproductiva, gastó $4.106 millones. En comparación con 2020, estas políticas tuvieron una caída promedio de 15,5%.

“Dentro de la dimensión Salud Sexual y Reproductiva, casi todas las actividades evidenciaron caídas en sus presupuestos, destacándose las caídas de los programas Intervenciones en Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia y Acciones para la identidad de Género”, destacó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Sin embargo, el mayor porcentaje del presupuesto se encuentra en manos del Anses y el Ministerio de Desarrollo Social, ya que programas como Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo se consideran como parte del presupuesto con perspectiva de género. Por este motivo, el 99% del gasto PPG fueron transferencias monetarias directas, es decir, dinero para beneficiarios y se llegó a completar el 99,8% del presupuesto original a género. Ambos ejecutaron el 99,9% de sus partidas y compensaron el déficit de otras áreas.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad usó el 96,7% de su presupuesto ($17.008,1 millones), con un fuerte aumento del ritmo de gasto y ampliaciones presupuestarias en la segunda mitad del año. El llamativo incremento se dio por el lanzamiento del programa Acompañar, al que Alberto Fernández hizo referencia en su discurso de apertura de sesiones. “Frente a la situación de mujeres que no lograban salir de situaciones de violencia de género por falta de recursos económicos, creamos el Programa Acompañar y ya hay más de 130.000 mujeres a las que ha llegado esa ayuda y ese cuidado”, dijo.

El año pasado, la cartera dirigida por Elizabeth Gómez Alcorta quedó envuelta en una polémica por su alto grado de subejecución. A mitad de año, había usado el 24,7% de sus recursos, mientras que el resto de las áreas se ubicaban en niveles cercanos a 48%. En ese entonces, el Ministerio justificó: “El análisis de la inversión que el Estado realiza en políticas de género no debe limitarse a considerar el presupuesto destinado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que debe realizarse de manera integral, es decir, teniendo en cuenta toda la inversión que se realiza en los diferentes ámbitos de gobierno”.

La OPC detalló en su análisis: “El presupuesto representó en 2021 el 17,4% del Gasto Total de la Administración Pública Nacional (APN), porcentaje ligeramente menor a su peso dentro del crédito previsto en el momento de sanción de la Ley de Presupuesto del ejercicio (19%)”.

Las partidas presupuestarias no ejecutadas, luego de rendirse -una suerte de cierre de caja-, pueden utilizarse para cualquier otro gasto. Es decir que el dinero que debía ser abocado a políticas de género a partir del inicio de este año puede usarse como saldo a favor para otros programas.

El Ministerio de Educación es responsable de las políticas de ESI (Educación Sexual Integral). Ante la consulta de LA NACION, explicaron que el Poder Ejecutivo transfiere a las provincias un porcentaje de los fondos que tienen asignados. Una vez que cada distrito certifica el 70% de la ejecución, se envía el resto. Por este motivo y “porque tienen tiempo para cargar las planillas hasta el 30 de abril”, es que la cartera muestra una subejecución del 48,3%, aunque el ejercicio presupuestario de 2021 ya cerró.

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