La letra chica del respaldo de Trump divide al Gobierno

Es una idea incómoda en medio de la campaña. El Gobierno tiene previsto discutirla en presencia de uno de los principales interesados en que se concrete: Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, que vendrá a la Argentina el mes próximo. En sintonía con una urgencia de Donald Trump,.

Para Estados Unidos es una prioridad geopolítica. De visita en Buenos aires, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de ese país, lo habló esta semana en una reunión con Oscar Aguad, ministro de Defensa argentino. Pompeo viajó esta semana a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes recabando adhesiones en medio del conflicto con Irán, que se terminó de tensar la semana pasada, cuando el gobierno de Teherán derribó un drone norteamericano en el estrecho de Ormuz, un lugar estratégico: por ahí pasa el 40% del transporte de petróleo por mar del mundo. Los iraníes dicen que sobrevolaba territorio propio; los republicanos, cielo internacional. Trump estuvo a punto de responder a las pocas horas con un ataque aéreo sobre bases militares pero, dijo por Twitter, se arrepintió 10 minutos antes de que despegaran los aviones imaginando que la investida causaría unas 150 muertes de inocentes.

Para Macri representa una encrucijada difícil. Por las elecciones y por la cosmovisión que él tiene sobre el terrorismo. La iniciativa había partido aquí el año pasado de la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce Mariano Federici, y envalentonó en las últimas semanas a los norteamericanos. Pero es un tema que divide a la Mesa de Seguridad Nacional, que integran Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos; los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Aguad (Defensa) y Jorge Faurie (Relaciones Exteriores), y Gustavo Arribas, jefe de la Agencia de Inteligencia (AFI). La principal resistencia argentina se funda en la proliferación de pedidos que una declaración semejante, que debería hacerse por decreto o por ley, podría desencadenar desde otras naciones. "¿Quién les va impedir a los turcos que ahora vengan a proponernos incluir a los kurdos, o a China, a la organización Falun Gong en la categorización?", se preguntaron en el Gobierno ante la consulta de LA NACION.

En la Cancillería preferirían dar una respuesta institucional. Suscribirse, por ejemplo, a la lista de agrupaciones consideradas terroristas por el Consejo de la Seguridad de la ONU, que nunca incluyó a Hezbollah por objeciones internas encabezadas por Rusia. Estados Unidos suele manejarse con una nómina propia que confecciona su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en su siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro.

Hezbollah es un grupo religioso, político y cultural que nació en 1982 después de la incursión de Israel en la guerra del Líbano y que tiene desde entonces un perfil paramilitar. Recibió instrucción de la Guardia Revolucionaria Islámica y se sospecha que es financiado desde lo más alto de Irán, algo que el gobierno de Teherán niega. Preocupa en la región desde mediados de los 90, cuando algunos de sus miembros, muchos de ellos, ex guerrilleros, se instalaron en Ciudad del Este, Paraguay, donde buscaban lo que los especialistas en seguridad internacional llaman "enfriarse": preservarse a la distancia después de un conflicto. Allí lograron financiamiento a partir de las colectas de los viernes en las mezquitas y vínculos con negocios típicos de la zona, desde contrabando hasta narcotráfico, que se expandieron paulatinamente a Bolivia, Venezuela y finalmente, por esa frontera, a Colombia.

La idea de darles oficialmente el rótulo de terroristas se empezó a plantear en el gobierno argentino el año pasado a partir del caso del clan Barakat, un grupo familiar de libaneses con nacionalidad brasileña o paraguaya y presunto apoyo de Hezbollah liderados por Assad Ahmad Barakat, un paraguayo detenido en septiembre. La sospecha apareció cuando desde aquí se advirtió que la familia, cuyos miembros cruzaban cada tres días, todos juntos y en los mismos autos, a la Argentina, había ganado unos 10 millones de dólares en tres años en casinos de Puerto Iguazú. La UIF intuyó que se trataba de una operación ilícita doble -lavado y posterior envío de remesas a Irán- y congeló entonces los bienes de los protagonistas recurriendo al decreto 918, que firmó en 2012 Cristina Kirchner y la faculta a hacerlo en tres casos: presunción propia, pedido de un tercer país o estar incluidos en la nómina de la ONU. También hizo una denuncia que desde entonces investiga el juez federal Miguel Ángel Guerrero, de la ciudad de Eldorado, Misiones.

El Gobierno intentará avanzar en el asunto con un proyecto de ley del diputado radical Luis Petri (Mendoza) que crea un registro de personas y organizaciones que hayan cometido delitos contra los artículos 41 quinquies (cinco veces) y 306 del Código Penal, ambos referidos al terrorismo, y obliga a la Justicia a informar a la UIF de las inhibiciones. "La idea es sistematizar las investigaciones, porque hoy lo que pasa es que se congelan bienes, pero no existe la obligación de que el juez lo informe a la UIF", dicen en el Gobierno, que se proponen presentar la iniciativa antes del 18 del mes próximo, fecha en que se conmemorarán 25 años del atentado a la AMIA y cuyo acto podría tener como invitado a un protagonista gravitante en el asunto: Mike Pompeo.

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