La letra chica del acuerdo implica un cambio en la relación de la Casa Rosada con los gobernadores
El Gobierno se comprometió a reducir las transferencias discrecionales, ajustar los criterios de obras públicas, compartir cierta información de gestión y deuda de las provincias, auditar sus gastos relacionados con el Covid-19 y hacer cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal
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LA NACIONCamila Dolabjian
Mientras Martín Guzmán, ministro de Economía, porotea los votos entre zooms y reuniones para garantizar la aprobación del acuerdo en el Congreso, múltiples interlocutores se detienen a mirar la letra chica y encuentran cláusulas que pueden generar tensión. El silencio recorre las provincias. Tan solo Axel Kicillof, de los 24 mandatarios, se expidió sobre el entendimiento con el Fondo.
Sin importar el color político, las une un problema común. El memorándum técnico establece limitaciones a las transferencias que reciben de la Nación, las obras financiadas por el Poder Ejecutivo, la deuda que pueden contraer, la recaudación fiscal y la publicación de información sobre la gestión de las gobernaciones.
“A fin de liberar recursos para las prioridades clave, procuraremos racionalizar otros gastos. Tomaremos acciones para limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”, promete el texto. Se trata de una herramienta ampliamente usada por el Gobierno, particularmente en períodos electorales, como una suerte de “zanahorias y palos” para compensar y castigar a los gobernadores.
Transferencias discrecionales
Las transferencias discrecionales -que van por fuera de la coparticipación y leyes especiales- se aceleraron en noviembre, de cara a las elecciones legislativas generales. En los primeros 11 meses del año, superaron el 100% de aumento los giros a Tierra del Fuego (421%); Chaco (223%), -dos provincias en las que se dio vuelta el resultado respecto de las PASO-; San Luis (210,9%); Neuquén (134,7%); La Pampa (111,6%); Chubut (106,4%); Catamarca (104,9%) y Formosa (102,8%). Tierra del Fuego (421%) y Chaco (223%).
A nivel general, el Gobierno apuntaló a cuatro distritos: Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Chubut. Quince días antes de los comicios, Alberto Fernández, por medio de la decisión administrativa 1014, amplió el reparto de aportes del Tesoro Nacional en casi $15.000 millones y le giró a Buenos Aires otros $25.000 millones en concepto de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, la mitad de la partida presupuestaria original.
Entre 2020 y 2021, hubo un aumento del 195,7% de las transferencias de capital, en promedio. Las más beneficiadas fueron Formosa, Chubut, San Luis, Catamarca y la provincia de Buenos Aires, con incrementos interanuales superiores al 280%, de acuerdo con el Instituto de Análisis Fiscal.
Hace 20 días, gobernadores opositores formularon un reclamo contra el Gobierno por “tratar de disciplinar a partir del poder discrecional de la Nación”, dijo Gustavo Valdés, de Corrientes. Argumentaron que los distritos opositores habían sido perjudicados en el reparto de aportes del Tesoro Nacional. La Ciudad de Buenos Aires y Corrientes no habrían recibido nada.
A través del acuerdo con el FMI, el Gobierno se comprometió a reducir este tipo de transferencias, pero también pactó cambiar los criterios sobre otra fuente de ingresos y beneficios para las provincias: las obras públicas. Con fecha límite en junio de este año, la jefatura de Gabinete tiene que modificar sus criterios de selección de proyectos de inversión con supervisión del FMI.
Obras
Se deberá dar prioridad a los proyectos que estén en curso de ejecución y, entre los más grandes, a aquellos con estudios de prefactibilidad y factibilidad. Sobre esta base, se determinará en qué gastará el Estado en el presupuesto 2023, año electoral. En 2021, los dos principales conceptos de inversión del Gobierno fueron de alto beneficio para las provincias. Se dedicaron $274.689 millones a viviendas del programa Pro.Cre.Ar y $156.542 millones a obras de la Dirección Nacional de Vialidad, que aceleró sus pequeños proyectos urbanos y de repavimentaciones o mejora en carreteras en el período electoral.
Además, el acuerdo ajustará las riendas de criterios para proveedores. “Actualizaremos el marco jurídico de compras y contrataciones de la Ley de Obras Públicas (13,064/1947), incluyendo aspectos relacionados con la selección, adjudicación, ejecución y sanción de procesos, así como recursos, presentaciones y procedimientos de resolución independientes. Prevemos concluir estas tareas a fines de septiembre de 2022″, explica el memorándum.
El FMI vigilará estos gastos de manera semestral. La Argentina deberá enviar un reporte cada seis meses explicando el “gasto del gobierno federal a las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relativos a la liquidación de pasivos vinculados a pensiones, distribución de ingresos y asignación de gasto, así como pagos de atrasos conforme al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o en virtud de fallos arbitrales similares”.
Información sobre las provincias
Sin embargo, el organismo de crédito revisará aún más. Cada tres meses, esperará un informe sobre la deuda interna y externa de las provincias por moneda, acreedor, amortización, pago de intereses y tipo de instrumento, entre otros datos. También espera proyecciones trimestrales sobre la gestión de esa deuda para cada semestre. “Esto incluiría bonos en moneda local y en moneda extranjera, letras del Tesoro, eurobonos, préstamos internos, préstamos comerciales externos y préstamos oficiales externos), y deuda tanto directa como con garantía. En el caso de emisión de deuda con garantía pública, se incluirá el nombre de la persona física/institución garantizada”, asegura el documento.
El FMI quiere asegurarse de que bajen los niveles de endeudamiento en dólares de las provincias. Para ello, el Gobierno deberá (en conjunto con técnicos del Fondo) evaluar opciones para reformar el Régimen de Responsabilidad Fiscal, la función del Consejo Fiscal y para ver cómo evitar futuras tomas de deuda. “Reforzaremos los acuerdos de intercambio de información entre el gobierno federal y las provincias para lograr que todas las provincias compartan en tiempo y forma los informes fiscales trimestrales”, se pactó en el memorándum.
La inspección sobre las provincias será intensiva respecto a otro concepto: el gasto relacionado con el Covid-19, un tema que preocupa al organismo de crédito. El Gobierno se comprometió a trabajar con las provincias para consolidar la información sobre los beneficiarios finales de contratos y compras de las provincias. Se espera publicar este informe en marzo de 2023.
La buena noticia para las provincias yace en la recaudación de dos impuestos. El revalúo impactará sobre el impuesto inmobiliario que cobran los distritos y también engrosará los fondos provenientes del impuesto a los Bienes Personales, que es coparticipable. El acuerdo implica que la AFIP diseñará nuevos mecanismos para recaudar más sobre los tributos ya existentes, que podría mejorar los prospectos de fondos de las provincias.
Por Camila Dolabjian
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