La justicia norteamericana obligó a la Argentina a pagar US$340 millones por la estatización de Aerolíneas
Rechazó la moción de desestimación del Estado argentino que había dicho que el reclamo era extemporáneo
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
La Corte del Distrito de Columbia le dio ayer la razón al fondo Titan Consortium, que le reclama a la Argentina el pago de US$320 millones más intereses (US$340 millones en total) por el fallo en contra que tuvo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008, durante el kirchnerismo.
Según el escrito que dio a conocer en la red social X el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, el tribunal rechazó la moción de desestimación del Estado argentino al concluir que el plazo de prescripción de 12 años del título 15, capítulo 1 del Código de Columbia aplica y, por lo tanto, la demanda de Titan es oportuna.
Titan acudió a los tribunales del distrito de Columbia en 2021, después de que la Argentina no pagara el fallo del Ciadi de 2017, pero el país intentó desestimar la presentación bajo el argumento de que el reclamo era “extemporáneo” porque había superado el período de prescripción de tres años.
De acuerdo con Maril, el primero en acudir al Ciadi por la expropiación de la línea aérea fue el grupo Marsans, en 2008, pero quien ganó el juicio ocho años después fue Burford Capital, que le había comprado los derechos a los españoles. Entonces, el Estado argentino pidió la anulación del fallo y, en ese momento, Burford le vendió el juicio a Titan por US$107 millones.
“Titan esperó a que el Ciadi dijera que no aceptaba el pedido de la Argentina y que tenía que pagar, pero el problema es que el Ciadi no tiene un mecanismo de ejecución de las sentencias. Generalmente, cuando hay un fallo en contra, se paga, pero la Argentina no pagó y Titan fue a la corte más cercana, en Columbia, ya que el Ciadi tiene sede en Washington, y le pidió que reconozca el fallo para obtener la ejecución y que empiece el embargo”, explicó.
LA NACION se comunicó con fuentes de la Procuración del Tesoro que dijeron que “el fallo parecería no ser apelable” y que “en estos días la Argentina definirá los próximos pasos en este tema”. Maril, en tanto, juzgó que el país puede apelar, pero que esta estrategia sería más costosa que sentarse con los demandantes y negociar.
“El Estado argentino, sea quien sea quien gobierne, siempre encuentra la excusa para no pagar y patear la pelota, y los intereses y los cargos se siguen acumulando. En este caso, si hubiéramos pagado cuando el Ciadi falló, podríamos haber abonado US$250 millones en vez de los US$280 millones. Hoy ni remotamente podemos pensar en ese número”, opinó, y dijo que el Estado argentino seguro dirá que va a utilizar todos los mecanismos legales, lo cual es correcto, pero es una estrategia legal que “nos ha dado muchas pesadillas”.
“Podemos apelar y llegar a la Corte Suprema, pero la chance de ganar es un 1%. ¿Por qué no intentamos que la ola del tsunami no se rompa? El gobierno de Milei está tomando la misma estrategia legal de los presidentes anteriores, que es una excusa para no tener una estrategia legal. Estamos hablando de un fallo que perdimos en el Ciadi dos veces y US$340 millones son una moneda. Si vos permitís que la Procuración apele, se va a convertir en una bola de nieve y cuando la Corte se expida podríamos hablar de un monto de US$700 millones”, cerró.
La expropiación
El pase de manos de Aerolíneas Argentinas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso. Con amplia mayoría, tanto Diputados como el Senado aprobaron el proyecto.
Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de US$832 millones, muy lejos de los US$600 millones que decía Marsans que valía el grupo de compañías. Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa.
Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.
El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde. Finalmente, el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.
El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014, cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.
Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF.
La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos complicados de probar. El principal es que en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Por caso, Aerolíneas Argentinas, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico del país, era una empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público.
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