La Justicia incentiva la “industria del juicio” por riesgos laborales
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LA NACIONNéstor O. Scibona
Aunque parezca increíble en comparación con lo que viene ocurriendo en los últimos meses, hace siete años las dos cámaras del Congreso sancionaron por unanimidad la ley de reforma del sistema de riesgos del trabajo (SRT). Uno de sus principales objetivos apuntaba a reducir las crecientes demandas judiciales para incrementar las indemnizaciones por accidentes o enfermedades profesionales, cubiertas desde 1996 por las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) y convalidadas por juzgados provinciales con fallos sin sustento técnico.
Otra peculiaridad fue el consenso de todos los sectores involucrados (político, empresarial y sindical) para que los cambios legales disminuyeran el alto nivel de litigiosidad, en gran medida alentado por el auge de la “industria del juicio” y que conspira contra la creación de más empleos formales.
Con estos acuerdos previos, la ley 27.438, promulgada en febrero de 2017, dispuso que la Justicia de cada jurisdicción constituyera cuerpos médicos forenses (CMF), integrados por profesionales en medicina laboral elegidos por concurso de antecedentes, para que actuaran como peritos judiciales y utilizaran adecuadamente la tabla única de incapacidades que forma parte de la norma legal (baremo) para determinar el daño derivado de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales (ATEP) que son asegurados por el sistema.
También estableció que los peritos perciban sus honorarios por acto médico y no como porcentaje del monto de la sentencia por el daño a indemnizar, ya que como son quienes lo determinan existe un evidente incentivo para sobreestimar el cálculo.
La ley contó hasta ahora con la adhesión de las legislaturas de 15 provincias y la CABA. En conjunto, abarcan 95% de los 117.348 juicios ingresados en 2023.
Pero lo que resulta realmente increíble es que, al cabo de siete años, solo la Corte Suprema de Mendoza constituyó su CMF, hace apenas unos meses, y se convirtió en la única en decidirlo. En el resto de las provincias que adhirieron hubo omisión en el cumplimiento de la ley por parte de sus tribunales superiores o cortes supremas de Justicia.
De hecho, si bien en los juzgados laborales funcionan comisiones médicas, los peritajes siguen siendo un problema no resuelto cuando las discrepancias por el trámite administrativo de las indemnizaciones pasan a la vía judicial. Los médicos que se postulan como peritos se anotan en un listado sin concurso de antecedentes ni requisitos de experiencia para actuar en el ámbito forense, son sorteados independientemente de su especialidad y no aplican el baremo. Al no haberse constituido las CMF, sus honorarios siguen siendo determinados como porcentaje de la sentencia, con lo cual se estimula el incremento de los daños que deben ser cubiertos por las ART. En otras palabras, cada peritaje se asemeja a una lotería.
Fuentes del mercado asegurador revelan además que existe una tendencia a aumentar los daños con peritajes psicológicos. Por caso, un esguince de tobillo mal curado puede justificar un 10 o 15% más de incapacidad psicológica adicional, ejemplifican. Todo esto aumenta la litigiosidad y los costos de las ART, pero más en beneficio de peritos y abogados litigantes que de los trabajadores asegurados por los empleadores. Estos últimos abonan una prima promedio equivalente al 2,5% de la masa salarial.
La Ciudad, en falta
Un caso especial es la CABA, que carece de fuero laboral pese a que la Constitución nacional de 1994, al establecer la autonomía porteña, incluyó el traspaso de la Justicia Nacional a la ciudad. Hasta el primer y frustrado proyecto de la Ley Bases fijó un plazo máximo de tres años para efectivizarlo, a través de un artículo (493) que desapareció tras las negociaciones con la oposición en el Congreso. Actualmente, los conflictos laborales en la ciudad de Buenos Aires son tramitados por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), que cuenta con 80 juzgados y 10 salas. Es vox populi que muchos de ellos son afines a la dirigencia de la CGT y al kirchnerismo.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, prevé crear de ocho a diez juzgados y dos salas de apelaciones, con cargos creados por ley y concursados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Como respaldo, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, mantuvo días atrás una reunión con el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol, en la que se coincidió en la importancia de crear un CMF en la CABA.
Otro caso es el de Córdoba. El economista Jorge Colina, presidente de Idesa, con sede en la capital provincial, explica que allí se respeta el dictamen de las comisiones médicas, pero, aun con incapacidad cero, la Justicia habilita un trámite exprés en el que suelen otorgarse algunos puntos extras (entre 4% y 5%), que atribuye a acuerdos tácitos entre peritos y abogados.
Al defender el uso del baremo, sostiene que “para muchos puede ser un acto de generosidad dar más puntos de incapacidad que los estrictamente correspondientes, pero eso trae la injusticia de que dos casos similares tengan diferente trato simplemente porque uno cayó en un perito o juez ‘generoso’ y otro, en un evaluador técnicamente consistente que se ajusta a la regla”. También el especialista subraya que en la Argentina la ley activa los seguros de accidentes laborales con un nivel mínimo de incapacidad (1%), mientras que en países como Chile y España el piso es de 15%.
Las provincias que no adhirieron a la reforma de 2017 son Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.
El sistema en cifras
Según datos de la UART, en 2023 hubo un aumento del 25% en nuevos juicios que, en números redondos, saltaron a 117.000 en comparación con 93.000 de 2022, a pesar de la disminución de los accidentes laborales. En 2021 se habían iniciado 79.000, aunque esa cifra recoge la retracción de la cuarentena por Covid en 2020, cuando los redujo a 44.000.
Otra muestra del repunte de la litigiosidad es que el 90% de las causas judiciales iniciadas el año último fue con determinaciones previas de 0% de incapacidad por aplicación del baremo y confirmadas por las comisiones médicas dependientes de la superintendencia nacional.
La curva registró una abrupta caída, al pasar del récord de 130.700 causas judiciales en 2017 a 80.000 en 2018 y a 67.900 en 2019. No solo por la puesta en vigor de la ley 27.348, sino también por el dictado de 24 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entre 2018 y 2021 convalidaron la constitucionalidad de la reforma.
Entre ellos, avaló la actuación de las comisiones médicas de la SRT como instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente a cualquier presentación judicial (fallo Pogonza); que el reajuste de indemnizaciones por accidente de trabajo dispuesto por ley en 2012 no puede aplicarse a casos ocurridos con anterioridad (fallo Espósito); la utilización obligatoria del baremo y de fórmulas prestacionales tarifadas. También la CSJN consideró arbitraria la falta de elementos de cálculo para establecer el monto de una condena, fijó un 20% adicional para accidentes laborales no in itinere (viajes hacia y desde el lugar de trabajo), pero con el requisito de relación causal.
El posterior auge de demandas judiciales elevó a fin de 2023 el stock de juicios abiertos a casi 280.000 acumulados, a la vez que el monto de las sentencias resultó cada vez más alto por la sobreestimación de daños indemnizables En el mercado lo atribuyen directamente a la inacción y desidia de la Justicia en todas las provincias adheridas que no crearon CMF. Sobre todo porque después de la reforma de 2017 hubo una baja del stock debido a que las ART cerraron juicios pendientes ante el cambio de escenario legal y durante un par de años se produjo una baja estadística.
En la UART agregan además que, tras el fallo de la CSJN que en febrero revocó un fallo de la CNAT que disponía la capitalización anual y sucesiva de intereses en los juicios laborales pendientes y multiplicaba exponencialmente su monto, la misma Cámara de Apelaciones recomendó poco después el ajuste por CER (índice de precios al consumidor) más una tasa de 6% anual que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema.
Otro tanto ocurre con la deuda pendiente de $150.000 millones que el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) mantiene con las ART por la atención médica de trabajadores afectados por Covid, que era una enfermedad no listada.
Desde su puesta en marcha, hace 28 años, la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) pasó de 3,9 millones de trabajadores, en 1997, a 10,4 millones, a fin de 2023. En la actualidad abarca a casi todos los trabajadores registrados, de los cuales 9,8 millones son asalariados del sector privado y público y 467.000, empleados de casas particulares. En el mismo lapso, el número de empleadores asegurados se incrementó de 345.000 a algo más de 1 millón.
Si se cumpliera estrictamente la ley de 2017, en el sector creen que también podría abarcar a buena parte del universo de trabajadores independientes registrados (autónomos y monotributistas), que suman más de tres millones de personas.
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