La Justicia federal dio curso a dos amparos que buscan frenar la exploración petrolera frente a costas de Mar del Plata
En el sitio oficial Fiscales, los amparistas presentaron variedad de argumentos y coincidían por sobre todo en el reclamo de suspender o cesar la exploración submarina por el potencial riesgo ambiental sobre estas costas
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LA NACIONDarío Palavecino
MAR DEL PLATA.- La Justicia federal hizo lugar a dos medidas cautelares presentadas por particulares para evitar todo tipo de intento de exploración sísmica y petrolera frente a estas costas de la ciudad, acción que ataca de manera directa un proyecto que para ese tipo de emprendimiento acaba de autorizar el gobierno nacional.
Laura Mazzaferri, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, dio curso a las acciones de amparo presentadas por un vecino de la ciudad y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados. En el mismo sentido se movió el intendente local, Guillermo Montenegro, que desde su cargo pero también como particular presentó ayer un planteo similar pero ante la Justicia provincial, por ahora sin respuesta.
La búsqueda de yacimientos de gas y/o petróleo sobre la plataforma marina nacional, en ubicación geográfica justo frente a Mar del Plata, quedó avalada por el decreto 900/21 del gobierno nacional y la Resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, publicados en Boletín Oficial a horas de la finalización del año pasado.
Según se publica en el sitio oficial Fiscales, los amparistas presentaron variedad de argumentos y coincidían por sobre todo en el reclamo de suspender o cesar la exploración submarina por el potencial riesgo ambiental sobre estas costas. En ese mismo sentido se habían expresado en declaraciones públicas el propio Montenegro y su par de General Alvarado, Sebastián Ianantuonny.
Uno de los recursos de amparo reclama que se evite autorizar exploración sísmica hasta tanto se obtenga una declaración de impacto ambiental y “acceso a información pública relacionada con esta actividad y la efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredón en el proceso de evaluación de impacto ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú, y en la toma de decisiones en lo concerniente a la actividad proyectada”.
El reclamo también incluye el pedido para que al respecto tomen intervención y elaboren informes técnicos, sanitarios y ambientales profesionales e investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En cuanto a la presentación de Organización de Ambientalistas Autoconvocadas viene de un rechazo de un juez de primera instancia a lo que se inició como un hábeas corpus colectivo y revisión en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que permitió que se diera curso al expediente como acción de amparo, que recayó finalmente en la fiscalía a cargo de Mazzaferri.
En ese escrito, además del riesgo para las costas y el medio ambiente en general, se hizo foco en el impacto directo que la exploración sísmica tendría sobre la fauna marina y en particular sobre la especie de ballena franca austral.
La fiscal entendió, según consta en su resolución, que el aval que el Gobierno dio al proyecto de exploración submarina no tendría hasta el momento la autorización para prospecciones sísmicas con la debida intervención de organismos de contralor habilitados para el caso.
Cita al respecto la condición de monumento natural que se ha otorgado a la especie de ballena franca austral y también la ausencia de estudios específicos para comprender la dimensión del proyecto y el posible impacto ambiental que pueda tener su ejecución en alta mar.
El proyecto atacado tiene participación de las petroleras Shell, YPF y la noruega estatal Equinor, con objetivo de búsqueda de petróleo y gas en la denominada Cuenca Norte del Mar Argentino, una franja de casi 15000 kilómetros cuadrados denominada Can 100 que se encuentra a unos 300 kilómetros al Este de las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca.
La reacción de las agrupaciones ambientalistas y vecinos en general tuvo su primera gran expresión durante este arranque de año con una manifestación que comenzó con una concentración frente a la rambla y una posterior marcha que llegó hasta las puertas del palacio comunal.
Solo algunas entidades privadas y en particular de profesionales han salido a respaldar el proyecto que prevé esta campaña mediante una intervención conjunta de las petroleras YPF y Shell. Entre esas voces se destacó la de la conducción del Colegio de Ingenieros de Mar del Plata, que destacaron las ventajas del emprendimiento y minimizaron cualquier situación de riesgo.
Por Darío Palavecino
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