La justicia estadounidense pide información para que la Argentina pague por la deuda en default desde 2001

La Argentina todavía sigue pagando las consecuencias de las decisiones tomadas hace más de 30 años y que ningún gobierno logró solucionar. Además de los juicios por las expropiaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF, el país tiene que hacer frente a demandas de acreedores privados que no entraron en los canjes de reestructuración de deuda realizados en 2005 y 2010.

La jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, ayer, por caso, ordenó a la sucursal del Banco Nación en esa ciudad que entregue documentos, mails e información sobre cuentas o cualquier objeto para pagar una sentencia de 1,9 millones de euros (US$2 millones). Se trata de un fallo de hace seis años que no se puede apelar.

Si bien el monto de pago al bonista Roberto Fiore, que tiene deuda argentina en euros en default, es pequeño, detrás de él hay otros tres acreedores que reclaman cobrar en total US$324,4 millones, según detalla Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y quien sigue de cerca todos los juicios contra la Argentina.

“La jueza Loretta Preska ordenó al Banco Nación en Nueva York entregar documentos, mails, información sobre cuentas o cualquier objeto, para iniciar una inspección (Discovery) con el propósito de embargar activos y para pagar una sentencia a un acreedor con bonos en default”, indicó Maril.

En concreto, la Argentina hoy enfrenta pedidos de embargos en los casos comenzados por los acreedores Attestor Master Value, que tiene para cobrar US$68 millones (con un embargo ya iniciado el año pasado de US$35 millones); Trinity Investments, que cobrará US$163,4 millones; Bainbridge Fund, US$93 millones, y el ya mencionado Roberto Fiore, con US$2 millones. “Todos los Discoveries son por deuda en default y no reestructurada de 2005 y 2010. Estos son los famosos holdouts”, señaló Maril.

Además, la Argentina sumó una nueva demanda en contra en los tribunales del distrito de Columbia del fondo Titan Consortium, que reclama el pago de US$327 millones por el fallo en contra que tuvo en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial-, a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. En este caso también se inició un Discovery para que el estado argentino pague la indemnización.

El gobierno de Mauricio Macri buscó cerrar los reclamos de los holdouts a los pocos días de haber asumido, en abril de 2016, cuando pagó US$9300 millones a los acreedores que tenían deuda en default de 2001 que no habían entrado a los canjes de 2005 y 2010. Para hacer frente a esos compromisos, se emitieron los bonos Globales, que el ministro Martín Guzmán reestructuró luego en 2020.

El pago de 2016 permitió que el entonces juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas y la Argentina salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019. Sin embargo, hubo un pequeño remanente de holdouts que mantuvo la demanda vigente contra la Argentina. Son aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.

Otros juicios en carpeta

En enero de 2019, la Argentina recibió una nueva demanda por la deuda emitida atada a la evolución del PBI, que se vio perjudicada cuando el entonces gobierno de Cristina Kirchner modificó la base de cálculo del producto.

En 2005, cuando el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, presentaron la oferta para canjear los títulos en default desde 2001, propusieron como “endulzante” –como se dice en la jerga financiera– un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).

El problema que desató el juicio ocurrió en 2014, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof (hoy gobernador de Buenos Aires), anunció un cambio en la base de cálculo del producto, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, la Argentina no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.

Por este cambio estadístico, el fondo Aurelius presentó en 2019 una demanda, aunque las contingencias están divididas en varios litigios contra la Argentina en tribunales de Nueva York y en el Reino Unido. Todavía no hay sentencia definitiva en ningún caso. Según fuentes al tanto de la demanda, el litigio podría costarle al país alrededor de US$1322 millones.

Expropiación de YPF

La demanda se presentó ante el juzgado de Nueva York, en 2015, por el fondo Burford Capital, luego de haber adquirido el derecho a litigar contra la Argentina en la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que tenían el 25% de las acciones de la petrolera. La causa se basa en la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol.

Los demandantes señalan que la Argentina violó el estatuto de la compañía –que ya en ese momento cotizaba en la Bolsa de Nueva York–, que establece que se debería haber realizado una oferta por el 100% de las acciones, al momento de adquirir el control de la empresa.

Como defensa, los abogados de la Argentina explicaron que la expropiación del 51% de las acciones fue un acto soberano, no comercial, y que estuvo avalada por una ley local, que está por encima de cualquier estatuto empresarial. Este recurso, sin embargo, fue desestimado por la jueza porque indicó que una vez expropiadas las acciones, el Estado, como accionista principal, estaba obligado a llamar a la oferta pública (OPA).

La expropiación –agrega la demanda– perjudicó a las empresas Petersen, quienes habían adquirido el 25% de las acciones gracias a un préstamo sindicado que tenía como garantía el reparto de utilidades, que en la época en la que Repsol tenía el control, eran bastante elevadas.

Actualmente, tanto la Argentina como los demandantes pidieron que se haga un Discovery, para que la Justicia norteamericana investigue a las empresas Petersen y el accionar del estado argentino al momento de la expropiación.

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