La institucionalidad en el juego de la economía

El interrogante ahora es cómo seguirá la economía después de octubre. Fortalecido por el resultado de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), el Gobierno centró su discurso en ratificar la vigencia del enfoque gradualista con endeudamiento y anticipó que, luego de las legislativas, se implementarán reformas estructurales para sostener el crecimiento.

Así organizó la partida. El gradualismo especifica cómo se manejarán los desequilibrios en la macroeconomía de corto plazo y es central dar señales claras. Pero las reformas estructurales que el crecimiento necesita van más allá porque se refieren a cambios en las reglas de juego. Y, si aceptamos que las instituciones son las reglas de juego, reformar significa cambiar el marco institucional de la economía. En sintonía con este concepto, la mayor calma observada en los mercados después de las primarias aumenta los grados de libertad del Gobierno porque es difícil realizar cambios institucionales en un marco de incertidumbre. La Argentina ya hizo repetidas veces el ensayo de introducir reformas en un ambiente de crisis y es evidente que eso no funcionó.

La interpretación que puede hacerse de la política oficial es que con el gradualismo se busca generar un clima propicio para discutir y acordar estas reformas estructurales, luego de la elección de octubre. En este sentido, el anuncio del acuerdo sobre la ley de Responsabilidad Fiscal con las Provincias podría leerse como el anticipo de una estrategia más general de cambio institucional que buscaría fundar las reformas en consensos amplios con los gobernadores y con parte de la oposición.

Las reglas de juego apropiadas y creíbles garantizan que el partido se pueda jugar sin que haya trampas. Pero para ganar el partido se necesitan los goles de una productividad que impulse la competitividad y no olvidar que en la economía global, el rival también juega.

Por supuesto, cuando se trata de retomar el crecimiento sostenido no basta con avances normativos. Se necesita una estrategia para hacer que la economía sea competitiva porque contar con un marco institucional adecuado no es una condición suficiente para promover el crecimiento. La desventaja de la Argentina en materia de competitividad a nivel internacional es elocuente: el costo de concretar una exportación en nuestro país es de 1770 dólares por contenedor, casi un 40% más que el promedio regional y más del doble que en la China.

En la actualidad, los principales causantes de esta baja competitividad son los factores de carácter estructural que resultan cruciales a la hora de determinar el costo argentino. Un ejemplo medular es la infraestructura. La inversión en infraestructura es vital porque, por un lado, estimula la productividad al reducir el costo de logística, transporte e intercambio y, por otro, genera una importante demanda de empleo. En este sentido, nuestro país está avanzando en recuperar terreno perdido para dejar de ser uno de los más rezagados de la región en cuanto a su capacidad energética, vial, marítima y ferroviaria.

Entonces, para saber si tendremos un match point a favor, es importante analizar cuál es el significado de la ley de Responsabilidad Fiscal entendida como un ensayo importante en el marco institucional de la economía. Consideremos el proyecto que el Gobierno promete poner sobre tablas el mes próximo -junto con el Presupuesto- ya que es de gran trascendencia para clarificar lo que deberían ser los próximos pasos de una política que efectivamente quiere mejorar la institucionalidad.

El Ejecutivo llegó a un acuerdo con la mayor parte de las provincias sobre el contenido de la iniciativa que posee cinco puntos clave: mantener el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de provincias deficitarias o que tienen servicios de deuda superiores al 15 por ciento de los recursos corrientes; no aumentar la relación entre el empleo público y la población de cada jurisdicción (al 31 de diciembre de este año); crear fondos anti-cíclicos alimentados con superávit fiscal; imponer pautas para evitar el incremento del gasto en los últimos seis meses de mandato; no aumentar la presión tributaria, especialmente sobre trabajo, producción y financiamiento productivo. Las sanciones por incumplimiento incluyen restricción al derecho al voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), restricción en el otorgamiento de avales y garantías, y limitación de transferencias del gobierno central.

Uno de los efectos benéficos más importantes de la sanción de esta ley será el de contribuir a consolidar el régimen de metas de inflación, que es el otro gran cambio de reglas de juego que el Gobierno está tratando de consolidar. Esto es así porque más allá del compromiso con la lucha antiinflacionaria demostrado al mantener las tasas de interés, lo cierto es que la convergencia de las expectativas de inflación hacia la meta no depende exclusivamente de lo que haga el Banco Central. Es crucial la conducta de la Tesorería porque una condición necesaria para que funcione un régimen de metas de inflación es que la emisión monetaria se corresponda con lo pautado por el Central.

Si la ley de Responsabilidad Fiscal fija el gasto público en términos reales, el aumento de la recaudación que genere el crecimiento del PBI se traducirá en una reducción del déficit fiscal. En lo monetario, la Argentina se encuentra hoy a mitad de camino: ni el sector público puede financiar todo lo que desee con emisión monetaria ni el Banco Central puede determinar la emisión de forma totalmente libre. Una consecuencia de esto es que el BCRA debe absorber los excesos de oferta de dinero colocando deuda (Lebacs) y otros instrumentos menores.

Si el déficit fiscal es alto y dependiente del financiamiento externo, siempre existe la amenaza de que el acceso al crédito presente obstáculos. Por ello, una ley de Responsabilidad que genere compromiso con las metas de reducción del déficit actuará como un reaseguro de la salud fiscal y también, de un régimen de metas de inflación que se consolida. Visto desde esta perspectiva, un probable avance en esta ley le da mayor fuerza a la política antiinflacionaria y es funcional para la credibilidad del Banco Central. Habría así sinergia entre los cambios institucionales en el área fiscal y en el área monetaria.

La ley de Responsabilidad Fiscal también es importante por otra razón: en nuestro país, el sector privado está ahogado por el sector público debido a la expansión que este último mostró durante el gobierno anterior. En los diez años que van de 2006 a 2016 el gasto público se expandió en casi 16 puntos porcentuales del PBI. La contracara de esto fue una caída muy fuerte de la inversión privada.

En suma, los esfuerzos del Gobierno por aclarar cómo sigue la economía después de octubre buscando consolidar nuevas reglas de juego son bienvenidos porque las buenas instituciones contribuyen a afirmar las expectativas de los inversores que son quienes tienen la misión de acelerar el crecimiento. Pero hay que destacar también que no se trata sólo de que la inversión aumente junto con las mejoras en la macroeconomía y las instituciones, sino que es vital que lo haga canalizándose hacia actividades transables competitivas o hacia aquellas que tienen capacidad para desarrollar nuevas ventajas comparativas. Y este punto aparece aún algo borroso porque la relación existente entre el tipo de cambio y la productividad hoy no ayuda a la rentabilidad.

Poner mayor atención en explicar el "cómo sigue" de la competitividad parece clave. La Argentina en crecimiento va a generar un déficit externo significativo (arriba del 3% del PBI) y es vital que nuestro país dé señales claras para que la economía pueda ingresar a un sendero virtuoso de crecimiento sostenible en el tiempo. Sobre todo, cuando sabemos que gradualismo y endeudamiento externo estarán, por un tiempo, condenados a ir de la mano.

Director de Abeceb, ex secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación

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