La inflación y el intervencionismo, golpes al derecho de propiedad

Los economistas suelen comparar el funcionamiento del sistema económico con el presupuesto de una familia para resaltar que no se puede gastar más allá del ingreso disponible y el crédito que se obtenga. Pero esto es verdad sólo cuando se respetan los derechos de propiedad y dos instrumentos de política económica muy utilizados en la coyuntura actual no lo hacen: el impuesto inflacionario y las intervenciones en los mercados.

A diferencia de otros impuestos que necesitan una ley para ser aprobados, el impuesto inflacionario puede ser establecido por el gobierno unilateralmente al decidir cuánto déficit fiscal se generará y cuánto de ese déficit será financiado con dinero, alimentando la inflación. De paso, las aceleraciones de la inflación son funcionales para licuar salarios y jubilaciones en el corto plazo y esa licuación no deja de constituir una forma de violación de los contratos. La aceleración inflacionaria que estamos viviendo está en línea con este cuadro.

Las intervenciones actuales en los mercados –desde el cepo cambiario a los controles de precios y la prohibición de exportar carne–, que complementan la política antiinflacionaria de devaluar por debajo de la inflación son, también, una forma de violación de la propiedad. Implican que un agente puede decidir sobre los recursos que son propiedad de otro y, como consecuencia, se transfieren ingresos y riqueza de uno a otro sector. No es que las regulaciones de mercado no deberían existir. Se justifican cuando existen fallas de mercado. Pero, justamente, como limitan derechos y redistribuyen ingresos, deben contar con consensos políticos amplios que, en democracia, se expresan a través del Congreso.

Llegados a este punto podríamos recomendar reducir el déficit, echarles la culpa a los gobiernos de gastar y emitir demasiado y dejar al resto de la ciudadanía libre de culpa y cargo. Pero parece apresurado en un país donde el gobierno se elige en comicios libres desde 1983. Parece más atinado extender la metáfora citada más arriba y decir que la Argentina, hasta cierto punto, se comporta como una familia algo disfuncional que no logra ponerse de acuerdo sobre cuánto gasto público tener y cómo asignarlo, y sobre cuántos impuestos cobrar y a quién debido a que ha sido incapaz de lograr consensos mínimos sobre qué distribución de recursos resulta aceptable para satisfacer al mismo tiempo la equidad y las necesidades de la inversión y el crecimiento.

¿Implica la metáfora de la disfuncionalidad que no hubo jamás gobiernos con algún grado de éxito en desacelerar significativamente la inflación? Claramente no. Los gobiernos que lograron cierta desinflación fueron los que contaron con recursos para manejar los conflictos que están latentes en toda familia disfuncional, sin verse obligados a exagerar con el financiamiento inflacionario del déficit fiscal.

Los recursos para financiar el déficit de manera no inflacionaria se originaron en shocks positivos de términos del intercambio, ingresos extra por privatizaciones, en un acceso particularmente fluido al crédito internacional o en disponibilidad de reservas internacionales para gastar, algo que suele ocurrir luego de que una crisis pulveriza las importaciones por la caída del nivel de actividad. Pero esos períodos con mayores recursos y grados de libertad no se usaron para atacar los problemas distributivos y de crecimiento de fondo sino para apaciguarlos temporalmente. Una vez que los recursos se acababan, el país volvía a sufrir crisis con maxidevaluaciones y aceleraciones de la inflación.

Hemos traído a colación esta cuestión porque hasta cierto punto está hoy presente. La autoridad de Guzmán y su intención de apegarse al presupuesto aprobado el año pasado –algo que demostró al reducir sensiblemente el déficit primario– comenzaron a ser desautorizados cuando un sector del oficialismo percibió que la suba de precios internacionales, la súper liquidez global con tasas por el piso y los fondos que el FMI aportaría vía DEG podrían usarse para financiar aumentos del déficit en el período preelectoral y para atrasar el tipo de cambio como forma de amortiguar la inflación, complementando con más intervenciones. Es la misma lógica de siempre para apaciguar la inflación y con igual probabilidad de duración. Sólo que aplicado en un contexto mucho más difícil: la pobreza está en 42% y subiendo, el índice de Gini aumentó, la inversión fue del 13.4% del PBI al terminar 2020 y el PBI per cápita cayó un 14% entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto del 2020.

Un efecto colateral grave de la violación de derechos de propiedad asociados con la inflación y las intervenciones en el sistema financiero es que, para proteger sus ahorros, la población los dolarizó. El ahorro abandonó el país de igual forma que muchos abandonan sus familias cuando son disfuncionales. Una familia disfuncional necesita cambiar sus pautas de relacionamiento. Una economía disfuncional necesita reglas de juego claras y creíbles. Y no hay forma de que un programa económico gane credibilidad en una sociedad democrática que no sea por la vía del consenso. Es difícil. Es el único camino para coordinar políticas y hacerlas creíbles.

* El autor es profesor de la Universidad de San Andrés

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