La inflación, un flagelo para el sector privado que podría ser el salvavidas del Gobierno

Carlos Melconian dice que firmaría –casi sin pensarlo– subas de la inflación de 50% para el año que viene y del mismo porcentaje en 2023, el año de las elecciones. Cuando se le pregunta por qué avalaría esos aumentos afirma: “Porque podría ser más. No va a ser fácil mantenerse ahí”.

Hay dos certezas con relación a la inflación en 2022. La primera es que será un año de una elevada suba de precios. Para el mercado, de hecho, la inflación será, en ese período, más alta que durante este año. La segunda no parece tan lineal, pero lo es. El significativo aumento de precios, un impuesto inflacionario, perjudicará a los argentinos, pero podría ser de gran ayuda para el Gobierno.

El primer punto es de fácil explicación. La Argentina requiere estabilizar su macroeconomía. Hay dos caminos para hacerlo: con un plan de shock o con gradualismo. La opción del shock incluiría un fuerte ajuste de los precios relativos atrasados (tarifas, tipo de cambio y nafta, entre otros) que, sumados a la actual inercia inflacionaria, podrían llevar al IPC por encima del 70% anual.

El Gobierno elegiría el segundo rumbo, como lo intentó Mauricio Macri: el gradualismo. El presupuesto 2022 tiene un dólar creciendo a la par de la inflación y aumentos –segmentados– de tarifas. El Banco Central (BCRA) ya aceleró la devaluación del peso frente a meses previos en la primera quincena de diciembre (un crawling-peg, que ¿se aceleraría en el verano?). Con este escenario, y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implique una baja del déficit y de la emisión gradual, un achicamiento de la brecha cambiaria al 75%, menores restricciones a las importaciones y un leve relajamiento del cepo, la consultora Equilibra prevé una inflación de 57%. Altísima.

Parafraseando a Melconian, “no hay lugar para un Remes ni para un plan bomba”, porque existen peligros reales de espiralización y es por eso que el economista recomendó rezarle a la “bendita inflación”, pero sin profundizar distorsiones y controles.

Así se llega la segunda certeza. La inflación, el impuesto inflacionario que lima los ingresos y los ahorros de los argentinos, sirve para licuar el gasto público, la deuda en pesos y las Leliq en el BCRA. La inflación atenúa la elevada nominalidad. Ese fenómeno, suele decir un profesor de Economía, ayudará al Gobierno transitoriamente porque cuando se acelera es más fácil bajar salarios (sobre todo estatales), jubilaciones y transferencias. Es el ajuste que nadie hace. Además, tiene yapa: es un impuesto que no pasa por el Congreso. “Pero es jugar con fuego, pues la inflación es ya muy alta y podría descontrolarse, con subsiguientes conflictos sociales”, alerta el profesor.

El economista Fernando Marengo, explica los beneficios oficiales del alza de precios así: “Sin acceso al mercado de capitales, el financiamiento del déficit fiscal se realiza vía emisión monetaria. En la medida que estos pesos no son demandados, el financiamiento del Gobierno no termina de ser cubierto. La manera en la cual ese financiamiento se logra es vía inflación. Justamente, la inflación genera demanda de pesos para recomponer, aunque sea parcialmente, el poder de compra. La inflación nos obliga a todos a tener más pesos en el bolsillo. De esa forma, el Gobierno logra el financiamiento que requiere y no consigue de manera voluntaria”.

Esa masiva transferencia del sector privado al Estado es compulsiva, y a la larga frena cualquier rebote, porque pocos invierten entre esa incertidumbre. Del otro lado de la pirámide suma más pobres porque la plata no alcanza.

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